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EL JUEZ PRESIDENTE

Por:Calixto Negrón Aponte
Publicado en Periódico Metro
11 abril 2014

 

 

El Juez Presidente del Tribunal Supremo se retira. Como en todas las ocasiones anteriores en que ha surgido una vacante en el más alto foro judicial de la colonia, desde los tiempos de los gobernadores americanos y del primer gobernador puertorriqueño electo, Luis Muñoz Marín, la discusión en torno a la designación para llenar la vacante se centra en dos dimensiones. En primer lugar, las cualidades que debería tener la persona designada. Y en segundo lugar, el procedimiento mediante el cual se designan los jueces.

 

En cuanto a las cualidades que debe poseer quien aspire a ocupar la silla de Juez Presidente del Tribunal Supremo existe prácticamente unanimidad en nuestro país. Debe ser una persona ecuánime, con autonomía de criterio, demostrada capacidad intelectual, experiencia profesional y académica, pero sobre todo con una visión filosófica de nuestra sociedad en la que defienda y ejerza el principio de la independencia judicial como garante de un sistema de justicia justo e imparcial.

Lamentablemente, las consideraciones sobre carácter, méritos o cualidades sucumben ante un diseño constitucional que inevitablemente salpica de criterios político partidistas los nombramientos que se hacen. Ello lo que produce es que en la designación al Tribunal Supremo usualmente lo que predomina en el debate son criterios de afiliación política y lealtad partidista. Esto naturalmente afecta la credibilidad de la Rama Judicial y la autonomía e independencia que debe tener esa Rama frente a las otras ramas de gobierno, que por su diseño son altamente políticas. Para asegurar al máximo posible el principio señalado de la independencia judicial es indispensable que haya un proceso de nombramientos judiciales que minimice las presiones políticas que frecuentemente socavan la fe de la ciudadanía en su sistema judicial.

Se debe evaluar el establecer un rediseño constitucional para que el proceso de nombramientos judiciales no dependa exclusivamente del ejercicio de la discreción política del Ejecutivo, tanto para los nombramientos iniciales como para las redesignaciones una vez expiran los términos de incumbencia de los jueces, o como en esta ocasión con la vacante surgida en el Tribunal Supremo ante el retiro del Juez Presidente. Esto significaría que en la clara mayoría de estos nombramientos la afiliación político partidista dejaría de ser el criterio principal, y sí la preparación académica y la ejecución profesional.

Para asegurar el principio de la independencia judicial y erradicar la politización en el proceso de nombramientos, el PIP ha propuesto por décadas específicamente una enmienda constitucional para promover la creación de la carrera judicial, y una nueva forma de seleccionar a los jueces conforme a criterios de preparación y competencia.

También se ha propuesto crear un Consejo Judicial con rango constitucional, integrado por representantes designados por las tres ramas del gobierno -la Gobernación, la Asamblea Legislativa, y el Tribunal Supremo y por representantes del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de las facultades de derecho. Este Consejo tendría a su cargo la evaluación de los candidatos y candidatas a cargos judiciales, y el deber de someter a consideración del Poder Ejecutivo listas de las personas idóneas, de las cuales debe éste hacer los nombramientos iniciales, con el consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa.

En fin, solo así tendríamos la certeza de que quien ocupe la silla de Juez Presidente del Tribunal Supremo lo haga sin cuestionamiento alguno sobre sus méritos y cualidades.