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El salario mínimo,
¿o máximo?, colonial
Publicado en Periódico Metro
31 enero 2014
 

El 25 de junio de 1938, hace más de siete décadas, se aprobó la Ley de Normas Razonables del Trabajo por el Congreso de Estados Unidos. Desde entonces, con relación al salario mínimo federal, el Congreso de Estados Unidos delegó directamente al secretario del Trabajo, y posteriormente a la Junta de Salario Mínimo, componentes operacionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la facultad congresional de fijar salarios mínimos en Puerto Rico mediante mecanismos creados a la luz de la Ley de Normas Razonables del Trabajo Federal y la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956.

 

En la actualidad el salario mínimo vigente de los trabajadores en Puerto Rico es el mismo que el salario mínimo federal, y ello se debe a la aplicación del artículo 2 de la antes mencionada Ley 180 de 20 de julio de 1998. Mediante esta ley se aseguró estatutariamente que la política pública de la Isla era que los salarios mínimos federales aplicaran automática e inmediatamente en Puerto Rico a los trabajadores cobijados por la ley federal.

Si bien muchos podrían entender, entonces, que lo que se buscaba era crear una uniformidad en la paga mínima por hora, lo cierto es que en la práctica el resultado ha sido que el salario mínimo se ha convertido en el salario máximo a pagar a muchos trabajadores. Salario que todos sabemos difícilmente permitiría a miles de familias puertorriqueñas superar los estándares mínimos de pobreza establecidos.

El Partido Independentista Puertorriqueño ha insistido por años en revisar y establecer una nueva política estatal de salario mínimo sin tener que esperar en la colonia a que lo anuncie el presidente del país que nos tiene subordinados políticamente. Es de las pocas instancias que bajo la actual condición colonial la ley federal permite a nivel estatal —en este caso concerniente a salarios— aplicar beneficios salariales mayores que los establecidos y es a estos fines que debemos adoptar prerrogativas locales sustanciales y más beneficiosas para los trabajadores puertorriqueños.

No obstante, la imposición de un salario mínimo más alto, aunque necesario para poder elevar el nivel de vida de los trabajadores a la luz de la realidad de un costo de vida más alto, particularmente luego de la aprobación de abusivos impuestos por parte de Gobiernos del PNP y del PPD y el aumento dramático en los pagos de importantes servicios básicos que provee el Gobierno, (así como de bienes y servicios que se adquieren en el ámbito privado), conlleva unos riesgos altos para un sistema económico colonial en bancarrota que se hace depender exclusivamente de la inversión privada orientada al mercado norteamericano.

Lo ideal sería que Puerto Rico pudiese vencer las restricciones institucionales que, como consecuencia de nuestra condición colonial, limitan nuestras posibilidades de desarrollo y contar con la plenitud de poderes y herramientas políticas y económicas para garantizarles a todos los trabajadores una remuneración justa. Para ello es necesario tomar medidas proteccionistas, ampliar las oportunidades de comercio exterior y obtener financiamiento fuera del mercado norteamericano, políticas que no están limitadas por las leyes federales. La superación plena de estas restricciones presupone la independencia.