El techo se vino abajo

Por: Calixto Negrón Aponte

Publicado en Periódico Metro 13 septiembre 2013

 

calixto2

 

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental y el Gobierno está obligado a desarrollar estrategias y acciones afirmativas para que todos los ciudadanos tengan un techo que los cobije. Sin embargo, hoy la industria de la vivienda angustiosamente languidece debido a las malas determinaciones y proyecciones económicas erradas hechas tanto por el Gobierno como por los que dirigen este sector a nivel privado.

 

Pensaron ambos –Gobierno y empresarios vinculados a la industria de la vivienda – que sería eterna la suerte de disfrutar la bonanza que producía para estos últimos el desarrollo de viviendas a precios dramáticamente altos en prácticamente todas las regiones del país,  provocando mayores bolsillos de pobreza, especulación de terrenos, el desplazamiento de comunidades y reducido las posibilidades de personas de escasos recursos de tener una vivienda adecuada. A gobierno y desarrolladores se sumaron los bancos y, guiados por  la avaricia y la soberbia, hicieron del pecado, capital en el momento, conscientes de que la irresponsabilidad de tanta casa construida, incentivo o crédito otorgado y préstamo hipotecario aprobado, provocaría que tarde o temprano a la industria de la vivienda el techo se le viniera abajo.

 

Hoy más de 200,000 mil familias viven en viviendas deterioradas o inadecuadas;  hay un déficit de viviendas de interés social -con valor de $125,000 o menos- que imposibilita a personas de bajos ingresos, particularmente mujeres solas con sus hijos, parejas jóvenes, personas de edad avanzada y personas sin hogar que quieren reintegrarse a la sociedad, el que puedan tener una vivienda a un costo accesible.

 

Por no hablar de los cientos de edificios y complejos residenciales recién construidos por todo el país que están vacíos, el aumento récord en ejecuciones de hipotecas por el alza desenfrenada en el costo de vida, y la realidad de que en los pasados años la construcción y ventas de viviendas de alto valor (sobre $200,000) se han visto afectadas por la desaceleración de la economía puertorriqueña.

 

En esta coyuntura debe darse prioridad al inventario de sobre 25,000 viviendas nuevas no vendidas. Y prioritario en la agenda debe ser también el buscar la manera de contener la gigantesca ola de ejecuciones hipotecarias producto de las irresponsabilidades mencionadas en los párrafos iniciales. Un país en el que cada vez menos gente tiene trabajo, y si lo tiene está mal pago, es un país en el que cada vez menos gente puede adquirir o pagar una vivienda propia.

 

Se debe igualmente enfatizar en la construcción en los cascos urbanos y en la huella urbana (que es la zona que ya ha sido impactada en cada municipio). No se debe promover el uso de los suelos agrícolas que nos quedan, sino construir en esa huella urbana.

 

Por último, los planes de construcción tienen que ir de la mano con los planes de transporte colectivo y de re-densificación de las zonas urbanas.

 

Esa es la ruta. El gobierno, desarrolladores y banca deben responsablemente emprender el camino.