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Fricción innecesaria
Por: Calixto Negrón Aponte

Publicado en Periódico Metro

17 enero 2014

La crisis fiscal que sufre el país, producto del saqueo y mala administración de los fondos públicos durante los pasados 44 años por parte de los gobiernos del PPD y del PNP, ha llevado al lamentable escenario de ver a dos ramas de gobierno en una peligrosa e innecesaria fricción.

El poder judicial se ha visto afectado por políticas económicas implementadas por medio de legislación, cuya constitucionalidad ha sido puesta en cuestión. Al igual que con la ley que afecta el retiro de maestros, la ley que enmienda el retiro de los jueces se aprobó de manera atropellada, con prisa, en un simulacro de vistas públicas y sin evaluar las dimensiones jurídicas ni el impacto económico, no sólo en términos de ahorro para el gobierno de Puerto Rico, sino en el bolsillo de los perjudicados.

 

En el escenario ideal el Poder Ejecutivo interviene lo menos posible con los términos y condiciones relacionados a los emolumentos de las otras ramas, particularmente con la Judicial. El desconocimiento de cuánto el país se ahorrará con las enmiendas al sistema de pensiones de los jueces nos hace pensar que la razón principal para aprobar estas enmiendas, en conjunto con la ley que afecta abusivamente a 42 mil maestros, es para manipular la opinión pública e intentar engañar al país haciéndoles creer que este gobierno trata a todo el mundo por igual.

Independientemente si existen o no méritos en los reclamos de los Jueces, o de si la Constitución le delegó a la Asamblea Legislativa el poder para crear un Sistema de Retiro para los miembros del Tribunal Supremo; independientemente de si ese poder delegado incluye de manera implícita la autoridad de alterarlo luego de crearlo, lo cierto es que hoy este debate es producto de la imprudencia en la administración pública, que en un escenario de verdadera independencia judicial y balance de poderes, resultaría impensable.

Se supone que el poder judicial no esté sujeto a los vaivenes políticos y mucho menos verse amenazado en alguna medida en torno a su compensación por ataques de las otras dos ramas, que resultan ser ramas políticas. Este atentando de la rama política –ejecutiva y legislativa- de afectar a todos los servidores públicos para cubrir las imprudencias e ineptitudes del pasado, y garantizarle las ganancias a los bonistas, aún sin entrar en los méritos, es cuanto menos un choque innecesario.

Veremos si el mismo rigor jurídico que usó el Tribunal Supremo para salvaguardar la constitucionalidad de las nefastas Ley 7 bajo Fortuño y Ley 3 bajo García Padilla, también las tendrán para validar está ley que ahora les toca su bolsillo.

Con respecto al pleito incoado por el magisterio, que también está bajo la consideración del Tribunal Supremo, este último ordenó la paralización de los efectos de la ley que atenta contra su retiro. Aunque dicha determinación no resuelve la controversia en sus méritos, la paralización ordenada por el alto foro podría significar un simulacro de protección a la clase magisterial para adelantar una imagen de rigurosidad, aunque al final no salve el retiro de los maestros.

En manos del Tribunal Supremo está regresar al inicio, y como insistió el Partido Independentista Puertorriqueño durante el debate legislativo, que ambas medidas se consideren en la Sesión Ordinaria. Esto permitiría una participación amplia de las partes afectadas y una evaluación profunda y seria de las propuestas de los líderes magisteriales en el caso de su retiro y escuchar los planteamientos de los jueces con respecto al suyo.