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Hacia una evaluación correcta de Oronoz

Por: Calixto Negrón Aponte
Publicado en Periódico Metro
06 junio 2014

El gobernador, Alejandro García Padilla, anunció la designación de la Lic. Maite Oronoz al máximo foro judicial del País. Lamentablemente, hasta el momento, en lugar de ser motivo de evaluación y análisis consideraciones sobre carácter, méritos o cualidades de la designada, han convertido en foco de discusión su orientación sexual. El mencionar o vincular este tema con las capacidades de una persona, lejos de ayudar a alcanzar la verdadera equidad lo que hace es alejarla aún más. Además, en el caso de la Lic. Oronoz no se le conoce por ser una activista, defensora o abanderada de los derechos de esta comunidad que justifique traer ante la consideración este asunto.

 

Desde el punto de vista político el Gobernador y su principal asesor, su hermano Antonio, han intentado jugar con el anuncio de esta designación el juego de las apariencias. Debemos ser cuidadosos con la primera impresión. Lejos de llevar al Supremo a una persona con una visión filosófica liberal del derecho y la vida, y lo que eso implica para el país, me parece que la Lic. Oronoz es sumamente conservadora. En su historial hay acciones que nos permiten ver los principios que la guían y, a mi juicio, nos brindan razones para preocuparnos.

La licenciada Oronoz permitió y defendió el masivo cateo indiscriminado contra la ciudadanía a la entrada de las Fiestas de la Calle San Sebastián, declarado inconstitucional y violatorio a los derechos civiles por el Tribunal al que ahora la han designado; aprobó, como principal asesora legal del Municipio de San Juan, la privatización del Parque Luis Muños Marín mediante la entrega en arrendamiento, sin la celebración de subasta pública, de varias cuerdas de terreno a una empresa cuyos directivos están vinculados a donantes del Partido Popular y del PNP; y no ha logrado expresarse con claridad sobre el neurálgico tema de los derecho civiles.

Queda además por disipar las dudas generadas por la presentación de una queja ética en su contra por autorizar la contratación de la Firma de Abogados en la que trabajaba antes de ser funcionaria del municipio de San Juan, precisamente la firma que defendió la constitucionalidad del mal llamado "cateo patrio". Y, por supuesto, es innegable que ha pesado sobre el ánimo del Gobernador los vínculos históricos de su familia con el Partido Popular, salpicando nuevamente de criterios político partidistas los nombramientos que se hacen al Tribunal Supremo.

Ojalá, que para futuros nombramientos no se intente manipular ni desviar la atención con asuntos que nada tienen que ver con criterios de preparación y competencia, se erradique la politización en el proceso, y tal como el PIP lo ha propuesto por décadas se instaure una nueva forma de seleccionar a los jueces mediante la creación de un Consejo Judicial con rango constitucional, integrado por representantes designados por las tres ramas del gobierno -la Gobernación, la Asamblea Legislativa, y el Tribunal Supremo y por representantes del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de las facultades de derecho- que tendrían la responsabilidad de evaluar y someter a consideración del Poder Ejecutivo una lista con las personas idóneas.

Mientras tanto, ya veremos en las vistas para evaluar su designación en el Senado si la Lic. Oronoz demuestra ser una persona ecuánime, con autonomía de criterio, demostrada capacidad intelectual, experiencia profesional y académica, pero sobre todo con una visión filosófica de nuestra sociedad en la que defienda y ejerza el principio de la independencia judicial como garante de un sistema de justicia justo e imparcial.