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Calixto Negrón Aponte

Secretario de Comunicaciones del PIP 

El título de este artículo ha sido la nefasta consigna histórica de gobiernos populares y penepés cuando de negociar activos estratégicos del gobierno se trata. La entrega a manos de una compañía privada propiedad de inversionistas extranjeros de nuestro principal aeropuerto es un tema obligado. Primero, por la oposición de muchos sectores a las propuestas de privatización en general, entre los que se encuentra el Partido Independentista Puertorriqueño.

En segundo lugar, porque la actuación del gobernador, Alejandro García Padilla, endosando una transacción -con la que no comulgan miembros de su propio Partido y contra la cual su colectividad se había expresado en el pasado- ha sido para mucha gente la aguja que ha reventado la burbuja de la ilusión de que esta nueva administración representaría un cambio real, que aprendería de los errores terribles del pasado, entre los cuales está la fatal experiencia de Puerto Rico con compañías privatizadoras. Invariablemente, el Gobierno de Puerto Rico ha hecho el papel del negociante tonto entregándolo todo a cambio de nada.

 

 

En el caso del aeropuerto, han querido justificar su entrega alegando que la compañía privada proveerá $1,400 millones en mejoras permanentes. La realidad es que parte de ese dinero terminará siendo reembolsado, bajo los términos del acuerdo, por el pueblo de Puerto Rico. En palabras sencillas: le estamos pagando a otra gente para que se haga rica a costa de las ganancias que deberían permanecer en manos del pueblo de Puerto Rico.

Al día de hoy, el aeropuerto LMM es de los pocos haberes del pueblo de Puerto Rico que genera ganancias, aproximadamente entre $58 ó $60 millones al año.

Esta transacción –que implica la transferencia de la administración del aeropuerto por 40 años- significará de inmediato la pérdida de ese ingreso para el tesoro público y a largo plazo una pérdida que se estima podría rondar los $1,000 millones. Una desgracia que sólo es posible en un país dirigido por mentes colonizadas que piensan que: "los empleados privados mejicanos lo pueden hacer mejor que los empleados públicos puertorriqueños".

En el fondo es una transacción que se ve mal por todos lados, y que reafirma la incapacidad administrativa del Gobierno de Puerto Rico –sea rojo o azul- de solamente contratar con empresas privadas si en la condiciones en que se pacta la peor parte nos la llevemos nosotros.