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Una golondrina no hace verano

Publicado en Periódico Metro
24 enero 2014
Por Calixto Negrón

Toda sociedad necesita un sistema judicial adecuado que produzca la más rápida y justa solución de las controversias, le brinde a la ciudadanía confianza en el mismo, facilite el acceso a métodos y mecanismos para la solución de disputas y haga realidad el principio de justicia igual para todas las personas.

A la luz del juicio contra Pablo Casellas por el asesinato de su esposa y el veredicto de culpabilidad contra este, ¿qué podríamos decir de nuestro sistema de justicia? Si bien el exceso de difusión pública que recibió este caso contribuyó de alguna forma a crear conciencia sobre el tema difícil de la violencia de género y de cómo llega a todos los estratos sociales; si bien algunos creyentes y defensores eternos de las perfecciones de nuestro sistema judicial —por la convicción de una persona adinerada e hijo de un exjuez— ahora vociferan con más fuerza su confianza en este y aseguran que es uno justo e igualitario, lo cierto es que "una golondrina no hace verano".

 

A pesar de que fiscalía alcanzó su propósito y logró la convicción de Casellas —gracias a la sensibilidad de 12 jurados que viven y sufren día a día la realidad del país—todos sabemos que los recursos de los que dispone el ministerio público continúan siendo insuficientes o deficientes al momento de conseguir peritaje y garantizar la solidez de informes y testimonios. Si de algo tenemos certeza es que en Puerto Rico por cada caso que se esclarece hay decenas que no pueden resolverse porque no se cuenta con los recursos técnicos para mostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Nadie puede saber por este caso resuelto y esta convicción alcanzada cuántos otros crímenes contra la mujer han quedado impunes porque no han recibido el mismo nivel de atención. Pero no solo este tipo de caso de violencia de género ha quedado impune, sino además los casos de profundas injusticias como los crímenes políticos aún sin resolver de los asesinatos de Carlos Muñiz Varela y Santiago "Chagui" Mari Pesquera, que han quedado para todos los efectos conmutados desde las décadas del 70 y el 80, así como el de Filiberto Ojeda Ríos en 2005, por un Departamento de Justicia que continúa arrastrando los pies, a pesar de tener suficiente evidencia para encausar a los culpables. En nuestro país se han asesinado cerca de 20 mil personas en las últimas dos décadas y resulta vergonzoso el porciento ínfimo de casos esclarecidos.

La inmensa mayoría de los acusados no tienen las oportunidades que tuvo Pablo Casellas. Por el contrario, tres cuartas partes de ellos son defendidos por abogados heroicos de Asistencia Legal que cumplen con su obligación ética de representar gratuitamente a las personas que no tienen recursos para pagar sus servicios. Estas organizaciones han recibido limitadísimos recursos del Gobierno para su operación.

Nuestro sistema judicial continúa estando plagado de las más inmisericordes injusticias. No todos los que están presos son culpables, ni muchos de los que se regentean en la calle son inocentes. Pero más triste aún es la carnavalización de un evento terrible como este para dos familias. Si bien muchos medios cumplieron con su función de informar, otros, con una morbosidad expresada comercialmente, convirtieron este asesinato en un espectáculo de gran expectativa en nuestro país, que retrata de cuerpo entero el tipo de sociedad que estamos forjando.