calixtoNegron1marPor: Calixto Negrón Aponte

La extensión de la violencia en Puerto Rico – tiroteos en lugares públicos, muertes de inocentes, las luchas descarnadas por el control de los puntos de droga - ha creado un sentido de inseguridad sin precedentes en nuestro país. Si algo queda claro con las terribles estadísticas (26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y un promedio de 2.59 asesinatos cada día, sumado a miles de incidentes anuales de agresión, robo, y otros delitos contra la persona y la propiedad) es que las estrategias que hasta ahora se han ensayado, han fracasado estrepitosamente.

El liderato de los dos partidos que han compartido la administración del poder han fallado en visualizar la violencia y el crimen como un fenómeno multifactorial y complejo, que responde a diversas causas sociales, políticas y económicas.

 

Ante los niveles de violencia e inseguridad que nos agobian, el punto obligado de partida debe ser un acuerdo entre sectores políticos y cívicos, con un compromiso para apoyar aquellas iniciativas que, no importa quién las genere, representen un consenso mínimo que se le pueda ofrecer al país.

Como partida para ese consenso el PIP ha planteado que se debería, entre otras cosas:

1. Revisar las funciones, operación y recursos de la Policía de Puerto Rico, para atender los señalamientos de violación de derechos humanos; para garantizar entrenamiento y recursos adecuados para la investigación de crímenes; para despolitizarla y profesionalizarla y para establecer un proceso de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos y nombramientos más efectivo.

2. Atender la realidad de que el 80% de los delitos violentos son generados por el uso y tráfico de drogas, y mermar la demanda con estrategias como la medicación de los adictos, en colaboración con organizaciones comunitarias.

3. Limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo.

Mientras se obvien las raíces del crimen - la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, el fomento a la dependencia, al ocio y al consumismo desenfrenado, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras - y se continúe aferrado a iniciativas fracasadas, no importa la capacidad de quién sea el Superintendente o si existe o no un plan anticrimen, no hay razón para esperar una merma en la incidencia criminal.