Lección para el Año Nuevo

Lección para el Año Nuevo

Por Sen. Fernando Martín García
Presidente Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño
4 de enero de 2002

EN EL DIA de ayer los periódicos del país reseñaron ampliamente la noticia de que la jueza federal, Gladys Kessler, Tribunal de la Corte del Distrito Federal para el Distrito de Washington, D.C. desestimó por falta de jurisdicción el pleito que había radicado allí hace ocho meses el Gobierno de Puerto Rico.

En dicha demanda se solicitó al tribunal que le prohibiera a la Marina llevar a cabo ejercicios de cañoneo naval en Vieques por éstos exceder los límites de sonido impuesto por la ley de Puerto Rico que había sido recién aprobada por nuestra legislatura. El hecho de que los ruidos generados por los disparos en efecto exceden los límites de la ley local no estaba en disputa, puesto que los abogados de la Marina así lo aceptaron en corte abierta.

Aunque el resultado hubiera sido el contrario, es decir, el reconocimiento de que el tribunal federal tenía jurisdicción para fallarle a favor a la solicitud del Gobierno de Puerto Rico, el resultado hubiese sido a la larga el mismo. Esto es así porque la misma ley federal en que pretendía ampararse el Gobierno de Puerto Rico dispone también que cuando se trata del ruido generado por actividades militares el Presidente de los Estados Unidos puede eximir dichas actividades del alcance de la ley.

La verdadera utilidad del pleito, por lo tanto, para nosotros, radicaba no tanto en la posibilidad de que un tribunal federal ordenara el cese de las maniobras sino en forzar al Presidente mismo a tener que tomar una decisión directamente -él personalmente- sobre la continuación de las mismas. En cualquier caso, sin embargo, la moraleja es la misma que venimos reiterando en este espacio por los últimos meses y que ha sido la premisa básica de la cual ha partido el PIP en su enfoque sobre el caso de Vieques desde que Rubén montó su campamento en la zona de tiro el ocho de mayo de 1999: que la salida de la Marina de Vieques será esencialmente una decisión política que deberá tomar el Presidente de los Estados Unidos y que la tomará con arreglo a criterios políticos electorales y en atención a consideraciones de su imagen pública tanto dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico como internacionalmente.

Fue siempre, pues, una fantasía pensar que la solución sería judicial o legislativa aunque ambos foros pueden constituir -y han constituido- trincheras desde las cuales se puede generar presión política sobre el Presidente, y pueden ser formas de proyectar voluntad y combatividad. Desgraciadamente la Gobernadora, con su posterior inacción y ambivalencia, echó por la borda lo que de útil había tenido su decisión de radicar el caso.

De lo que no puede quedar duda es de que la presión política más efectiva es la que genera la desobediencia civil en la medida de que ésta manifiesta la intensidad del clamor del pueblo por paz y justicia para Vieques, y que dicho clamor se proyecta con dramatismo en los medios de comunicación masiva en los Estados Unidos y en el mundo.

Es por ello que todos los sectores, tanto políticos como comunitarios, religiosos y sindicales, que han participado en la desobediencia civil en el pasado -atestando los tribunales y la cárcel federal en Puerto Rico, y mostrando al mundo la voluntad de sacrificio a través de la desobediencia civil pacífica- deben reiterar su voluntad de hacerle frente una vez más a los próximos ejercicios que pueda llevar a cabo la Marina en Vieques. Es vital que la próxima ronda de desobediencia civil siga reflejando el patrón de amplitud y representatividad que ha tenido en el pasado para que no quede duda de la tenacidad y constancia de la lucha por Vieques aun cuando el gobierno actual -al igual que antes lo hizo el anterior- haya optado por la resignación y el derrotismo.

EL AñO que comienza es año electoral en los Estados Unidos y en noviembre se elige al Congreso la totalidad de su Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. La agudización de la crisis en Vieques -que sólo puede lograr la desobediencia civil- le habrá de crear una gran vulnerabilidad electoral a los republicanos del norte. Es de cara a esa elección que George Bush puede sentirse tentado -y forzado- a tener que respetar la voluntad de los viequenses y del pueblo puertorriqueño. Las próximas maniobras serán pues el comienzo de un nuevo ciclo político en que se darán condiciones para que la presión política se haga sentir eficazmente sobre el Presidente.

No serán los tribunales federales los que le hagan justicia a Vieques y a Puerto Rico, ni la Gobernadora cuya claudicación intermitente se ha vuelto permanente. Será -una vez más- el pueblo en lucha.