Pobre de Puerto Rico

Pobre de Puerto Rico

Sen. Fernando Martín García
Presidente Ejecutivo del PIP
18 de enero de 2002

LAS CONTINUAS revelaciones que se hacen a diario en el país evidencian fehacientemente el alarmante grado de extensión y profundidad a que llegó la corrupción pública y privada en Puerto Rico durante la anterior administración. No se trata de que no la hubiera anteriormente o que no la haya ahora, pero deja a uno boquiabierto los niveles escandalosos a que se elevó en los últimos años.

Hay que felicitar al actual gobierno por la prioridad y la prominencia que le ha dado a investigar y a encausar a los que se cebaron de la corrupción y del abuso del poder público. La decisión de "limpiar la casa" debe llevarse hasta las últimas consecuencias, velando siempre porque el calendario electoral y las exigencias partidistas no sean los elementos determinantes en la conducción de la campaña contra la corrupción.

No cabe duda de que la corrupción tiene múltiples causas (entre ellas las debilidades de la naturaleza humana), pero es igualmente cierto que algunas de las causas que han producido la pandemia de corrupción que ha sufrido el país, y que ha venido en ascenso en los últimos treinta años, tienen orígenes muy concretos que pueden ser atajados si se producen cambios específicos en nuestro ordenamiento jurídico y en la política pública del Gobierno de Puerto Rico.

Dos de las más importantes fuentes de la corrupción han sido el financiamiento privado de las campañas políticas y la desbocada privatización de servicios y empresas públicas.

Desde hace muchos años, el Partido Independentista Puertorriqueño ha sido un opositor tenaz de las políticas de privatización que comenzaron a intensificarse bajo el gobierno de Hernández Colón y que se aceleraron bajo el gobierno de Rosselló. Igualmente hemos favorecido la reestructuración radical de los sistemas de financiamiento de campañas políticas para liberar a los gobiernos de las deudas políticas en que incurren a cambio de aceptar dinero de manos de los grandes inversionistas políticos, que sólo aspiran a convertirse en suplidores privilegiados de bienes y servicios a los gobiernos cuyo triunfo electoral han financiado.

Desgraciadamente, y a pesar de haber dado los primeros pasos en cuanto a las campañas, los gobiernos de turno no han tenido la voluntad política de ir a la raíz de estos males. Pero, el PIP no ha predicado en vano, y ya el actual gobierno ha anunciado que habrá de presentar una propuesta legislativa para lograr el financiamiento público de las campañas. Falta ahora que el gobierno actual altere su rumbo privatizador que amenaza con culminar la privatización de la Autoridad de Acueductos, que trágicamente, comenzó la anterior administración.

Es momento de rescatar la esfera de lo público recuperando el control de los servicios básicos (o de su financiamiento como en el caos de los servicios de salud) y fortaleciendo la fiscalización gubernamental de las actividades del mercado. No habrá, por ejemplo, atención adecuada al medio ambiente y a la protección de nuestros recursos naturales mientras los grandes desarrolladores campeen por sus respetos en ARPE, en la Junta de Planificación y en el Departamento de Recursos Naturales.

Si algo tiene de bueno el destape de los cuentos de horror y pillaje a que ha estado expuesto el país en estos últimos meses, y los que faltan, es que se ha creado una gran receptividad en la opinión pública que hace posible emprender grandes reformas con el apoyo masivo y entusiasta de la gran mayoría de los puertorriqueños.

EMPECEMOS SACANDO a los mercaderes del templo electoral, y comencemos a diseñar la profunda reforma del Estado y de sus instituciones, empezando por una Legislatura unicameral compuesta por representación proporcional, que tan urgentemente necesita el país.

Si no aprovechamos este momento de indignación colectiva para actuar decisivamente y poner en marcha los cambios radicales que son necesarios, corremos el riesgo de volver hacia atrás. La consigna de todos frente a la corrupción no puede ser otra que la de promover las reformas estructurales que son necesarias para que jamás se repita el saqueo que ha asolado a Puerto Rico.