La Asamblea de Pueblo

La Asamblea de Pueblo

Por Senador Fernando Martín
Presidente Ejecutivo
Partido Independentista Puertorriqueño
26 de abril de 2002

ESTE PASADO lunes el Senado aprobó el Informe de la Comisión de lo Jurídico que recomienda el mecanismo procesal de la Asamblea de Pueblo como el más idóneo para poner en marcha el proceso de dilucidación final del problema del status político de Puerto Rico. Se espera que próximamente la Cámara de Representantes añada su concurrencia a esta propuesta.

Para el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) resulta de especial satisfacción esta expresión legislativa -tomada luego de un largo y concienzudo proceso de estudio y vistas públicas- ya que desde 1984 el PIP ha propuesto en su programa la convocatoria de una Asamblea de Pueblo como el más eficaz método para lograr la descolonización del país.

En el pasado se había usado también el nombre de Asamblea Constituyente para describir el proceso que se propone pero llamarle, en vez, Asamblea de Pueblo tiene la virtud de que evita la confusión con el proceso para revisar la Constitución del ELA que contempla la misma Constitución. De lo que se trata aquí no es de hacer modificaciones a la Constitución, es decir, a la organización de nuestro gobierno interno, sino de elegir a una asamblea de delegados para que, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, el Pueblo de Puerto Rico le proponga al Congreso una fórmula de descolonización que luego de negociada con los Estados Unidos les sea sometida para su ratificación o rechazo a todos los puertorriqueños.

Las virtudes de esta propuesta procesal son evidentes. En primer lugar, es un mecanismo que garantiza la participación de todos, independientemente de sus preferencias. Cada puertorriqueño podrá votar por los delegados de su preferencia a través de un mecanismo que deberá asegurar el principio de la representación proporcional.

Al crear un cuerpo electo -separadamente del proceso electoral de cada cuatro años- se logra un instrumento deliberativo y negociador que puede no solamente proponer fórmulas al Congreso sino reaccionar a las respuestas congresionales. Se logra pues, un proceso dinámico que durará el tiempo necesario para cumplir su encomienda y que no concluirá hasta que el pueblo haya ratificado finalmente los acuerdos a que haya llegado la Asamblea de Pueblo con el Congreso de los Estados Unidos. Este mecanismo no solamente servirá para concentrar la voluntad descolonizadora del país sino que servirá para que la opinión pública y el proceso político de los Estados Unidos -ante la mirada de la comunidad internacional-tenga que agarrar por los cuernos el tema del desmantelamiento del colonialismo en Puerto Rico.

El endoso legislativo -con el apoyo de los senadores estadistas Norma Burgos y Sergio Peña Clos- se da en un momento especialmente propicio. Hace apenas dos semanas la gobernadora, Sila María Calderón, en dos conferencias en universidades de los Estados Unidos, seleccionó el tema del status como tema principal y subrayó el carácter inconcluso del desarrollo político de Puerto Rico, señalando que había llegado el momento de atender este problema con voluntad y determinación.

Estoy seguro que muy pronto la Gobernadora convocará a una ronda de reuniones exploratorias informales con el liderato de los demás partidos políticos del país con el propósito de precisar los lineamientos del mecanismo de diálogo y consenso que prometió crear y que ha anticipado habrá de constituir formalmente este verano. Una de las alternativas procesales que la Gobernadora se comprometió a examinar es precisamente la Asamblea de Pueblo -o Convención Constitucional como se le llama en el programa del PPD- que ha recomendado el Senado de Puerto Rico esta semana.

A nadie debe escapársele la superioridad de este mecanismo sobre las alternativas fracasadas de comités de status o de plebiscitos. La Asamblea de Pueblo -que en nada es incompatible con que el Gobierno de los Estados Unidos cree su propio mecanismo institucional de alto nivel para atender el problema del status de Puerto Rico- tiene precisamente como una de sus funciones el crear un ambiente que no le permita al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos rehuir -como lo han hecho en el pasado- su responsabilidad descolonizadora.

Una Asamblea de Pueblo será el Pueblo de Puerto Rico constituido para reclamar su derecho natura y sus fueros bajo el derecho internacional, y decidido a no permitir que el colonialismo continúe denigrando a nuestra patria y limitando sus oportunidades de desarrollo político, económico y social en el nuevo siglo que comienza.

La bola está ahora en la cancha de la Gobernadora. El país y la historia aguardan.