Puerto Rico en la ONU Fernando Martín

Puerto Rico en la ONU

Por Fernando Martín
Presidente Ejecutivo
Partido Independentista Puertorriqueño
21 de junio de 2002

EL LUNES, diez de junio, el Comité Especial sobre Descolonización de Naciones Unidas aprobó, una vez más, una resolución sobre el caso colonial de Puerto Rico. Como en los dos años anteriores la resolución fue aprobada por consenso, es decir, sin necesidad de que se llevara a cabo votación alguna.

La aprobación de esta resolución -con el pleno apoyo del Partido Independentista Puertorriqueño al que representé como peticionario ante el Comité- es de por sí un logro importante por la descolonización de Puerto Rico. No sólo reitera la jurisdicción del Comité sobre el Caso de Puerto Rico reafirmando "el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia..." sino que condena la presencia de la Marina en Vieques urgiendo al gobierno de los Estados Unidos al cese inmediato y permanente de sus maniobras militares allí, y al saneamiento y devolución de los terrenos ocupados.

Este año, además, el Comité "tomó nota con satisfacción" de que las propuestas para convocar una Asamblea de Status del Pueblo de Puerto Rico hayan recibido el visto bueno de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Ello sin duda significa que tal Asamblea de Status es vista por el Comité como un mecanismo que puede resultar idóneo para propiciar la descolonización de nuestra patria. Confío pues que también "tomen nota" de este desarrollo tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno de los Estados Unidos, según nos acercamos al comienzo de un nuevo ciclo de discusión entre los puertorriqueños -y entre los puertorriqueños y el gobierno en Washington- sobre nuestro futuro político.

Pero más allá del contenido formal de la Resolución, la verdadera importancia de su aprobación por consenso radica fuera del texto mismo del documento.A mi juicio, el significado más revelador del proceso de aprobación este año fue la decisión del gobierno de los Estados Unidos y de su Misión en Naciones Unidas de no ejercer oposición activa ni a la jurisdicción del Comité ni al contenido de la Resolución.

Tal decisión no se debe meramente al hecho de que la guerra fría ya ha terminado, puesto que por muchos años después de la disolución de la Unión Soviética el gobierno de Estados Unidos continuó exhibiendo fuerte oposición -y ejerciendo fuertes presiones sobre los países miembros del Comité- a la aprobación de cualquier resolución sobre Puerto Rico. Durante algunos de esos años los Estados Unidos incluso logró que tuviera que aplazarse para un año próximo la adopción de una resolución.

Más aún, la continuada hostilidad de Washington hacia Cuba -quien ha sido el proponente histórico de la resolución sobre Puerto Rico- parecería ser suficiente motivo para que el gobierno de Bush hiciera grandes esfuerzos para combatir duramente la aprobación de una resolución como la que se aprobó.

La explicación del silencio de Washington se debe a otros desarrollos. Resulta evidente que luego de varios años en que tanto el Congreso de los Estados Unidos como la Casa Blanca y los Secretarios de Justicia Federal han venido haciendo declaraciones públicas inequívocas reconociendo la continuada condición de subordinación de Puerto Rico, al describirlo como una posesión o territorio no incorporado de los Estados Unidos sujeto al poder plenario del Congreso, se ha tomado también la ineludible e inevitable decisión de no salir en defensa ante la comunidad internacional de nuestro status colonial.

El gobierno del presidente Gerge W. Bush -al igual que el del presidente Bill Clinton en sus últimos años- ha tirado a la columna de pérdidas la continuada viabilidad política del Estado Libre Asociado.

Como el proverbial marido burlado -de quien se decía antes que era siempre "el último en enterarse"- el gobierno de Sila María Calderón se apresta a celebrar con fanfarria y festín el cincuenta aniversario de un engendro colonial cuya pretensión de legitimidad ya no defiende ni siquiera la potencial colonial para cuyo beneficio se creó.

De la bancarrota política del régimen colonial en Puerto Rico ya "tomó nota" la Casa Blanca en Washington, ahora le toca a la Fortaleza en San Juan.