Durante los últimos años, los puertorriqueños hemos sufrido las consecuencias del escandaloso incremento de actos de corrupción gubernamental. En las pasadas semanas, esta situación se dramatizó a causa del arresto de dos funcionarios electos bajo las insignias de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista.

     Ante el bochornoso espectáculo que significó tales acontecimientos, he escuchado a algunas figuras de esos partidos justificar las acciones de sus correligionarios repitiendo la patética frase: “es que eso pasa con todos los partidos”. Tal expresión representa un desesperado intento por barrer su vergüenza bajo la desgastada alfombra de la generalización alocada. Intentan así esconder el hecho de que el PIP no comparte con ellos la indecorosa distinción de tener funcionarios acusados por corrupción gubernamental.

     Olvidan los que se esconden tras la generalización el pequeño detalle de que en cincuenta y cinco años de historia, ningún funcionario electo por el PIP ha sido acusado por actos de corrupción gubernamental. Olvidan, además, que el PIP no sólo ha denunciado públicamente actos de corrupción de las administraciones populares y penepés, sino que ha insistido en que se atiendan las causas que generan la corrupción. Mientras también promueve activamente diversas medidas dirigidas a atender el problema.

Una de las causas principales de la corrupción gubernamental es la manera en que se ha estructurado el proceso político vigente. En la medida en que el sistema de financiamiento de campañas políticas permite la aportación de sectores privados a candidatos o partidos, los políticos inescrupulosos utilizan indebidamente sus posiciones en el gobierno para ganar el favor económico de esos sectores.

La venta de influencias, el soborno y las aportaciones económicas indebidas a campañas políticas son sólo algunos síntomas de ese mal. Para combatir ese problema, es indispensable reformar el financiamiento de las campañas políticas, estableciendo un tope equitativo para gastos de campaña y disponiéndose para que las campañas políticas se financien exclusivamente con fondos públicos.

Por otra parte, es necesario fortalecer los poderes de la Oficina del Contralor, reconociéndole independencia para presentar acusaciones ante el Tribunal General de Justicia, evitando así que sea el Departamento de Justicia, controlado por el partido en el poder, el que tenga la discreción de procesar criminalmente a los funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción.

En la esfera municipal, el PIP ha propuesto que se cree el cargo de Auditor Municipal Independiente. Además, hemos señalado la necesidad de que haya independencia de criterio y el más riguroso escrutinio por parte de las mayorías en las asambleas municipales, quienes en su afán de responder a los caprichos de su alcalde reniegan de su responsabilidad fiscalizadora.

No obstante, ante las propuestas del PIP, la respuesta de los gobiernos populares y penepés ha sido la misma: total indiferencia. No hay duda de que la actitud del PIP contra la corrupción es claramente distinguible a las del PPD y el PNP.

     Por eso, al escuchar a algunos líderes populares y penepés decir, “es que eso pasa con todos los partidos”, recuerdo la anécdota que me hiciera hace unos años don Víctor Torres. Cuando don Víctor fue candidato a alcalde de Caguas, una señora se le acercó durante una caminata y le dijo, “ustedes no han robado porque no han gobernado, pero cuando se trepen van a ser iguales que los populares y los penepés.”

El candidato a alcalde pipiolo le preguntó, “Señora, ¿su marido le es infiel?”. La señora abrió los ojos sorprendida y contestó categóricamente, “Por supuesto que no.” El candidato pipiolo replicó, “Usted ve señora que no todos son iguales.”