TOMÉ PRESTADO el título de esta columna de una noticia publicada en la prensa española. La información criticaba a un alcalde que "se había puesto las botas" al aumentarse el salario exageradamente.

En Puerto Rico también hay alcaldes con botas. Desde el comienzo de este cuatrienio ha habido una tendencia alarmante por parte de los alcaldes a aumentarse el sueldo. Algunos ejemplos son: el Alcalde de Cayey, quien se aumentó $24,000 anuales (devengará $72,000); el de Aguadilla se aumentó $27,000 (devengará $75,000); el de Ceiba, $27,600 (devengará $54,000); el de Humacao, $24,000 (devengará $72,000); el de Comerío, $21,600 (devengará $60,000) y el de Cabo Rojo, $24,000 anuales (devengará $72,000).

Recientemente, la Gobernadora justificó el aumento de sueldo del Alcalde popular de Comerío, señalando que este problema le compete exclusivamente a los municipios. La Gobernadora se equivoca. Este problema tiene solución y la solución está en sus manos y en las del liderato legislativo de su partido. Es la de enmendar la Ley de Municipios Autónomos que es un traje hecho a la medida de los alcaldes. En cuanto a los aumentos salariales de los alcaldes, el texto de la Ley es muy ambiguo y no contiene criterios restrictivos.

Por ejemplo, la Ley no prohíbe los aumentos de sueldos a alcaldes cuando el municipio se encuentra en déficit. Tampoco contiene una disposición equivalente a la disposición constitucional que impide la efectividad de algún aumento en el sueldo del Gobernador y los miembros de la Asamblea Legislativa durante el cuatrienio de su aprobación. Es decir, la Ley permite que los alcaldes sean los únicos funcionarios electos que se pueden aumentar sus sueldos con efectividad inmediata.

Hay dos elementos que agravan este problema. El primero es el esquema electoral vigente. En la práctica, los asambleístas deben su elección a los alcaldes, ya que son escogidos por éstos para que le acompañen en la papeleta municipal. Esto limita la independencia legislativa y fiscalizadora de los asambleístas de mayoría en las Asambleas Municipales. Por ello, cuando un alcalde propone a la Asamblea Municipal aumentar su sueldo, dicha propuesta es aprobada por los asambleístas de mayoría sin el debido análisis.

El otro elemento que estimula es el sistema de retiro. Los alcaldes tienen derecho a recibir una anualidad de retiro equivalente al noventa por ciento (90%) de su sueldo más alto recibido, siempre que hayan servido por lo menos ocho años como alcalde. Esto estimula a muchos de los alcaldes reelectos para un segundo término, a proponer aumentarse sus sueldos de manera que puedan retirarse con el noventa por ciento (90%) del salario más alto. El criterio prevaleciente en esos casos ha sido el interés económico personal más que la realidad económica fiscal del presupuesto municipal.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha presentado legislación para establecer criterios más estrictos. Una de las medidas sugiere que los aumentos salariales de los alcaldes sean prospectivos, y para que se enmiende la Ley de Retiro a fin de que acabe con el sistema de privilegio que actualmente beneficia a los alcaldes. La solución está en manos de los legisladores de mayoría y de la Gobernadora.

De no dar curso a las propuestas del PIP, continuaremos viendo cada vez, un mayor número de alcaldes poniéndose las botas a costa de los contribuyentes.