Lcdo. Juan Dalmau RamírezLos puertorriqueños hemos intentado todo para exigir a los Estados Unidos el reconocimiento de nuestro derecho a la autodeterminación. Hemos tenido partidos estadistas, independentistas y autonomistas; coaliciones y alianzas; lucha armada, civil y electoral; intentos de encaminar plebiscitos auspiciados por el Congreso; y gobiernos autonomistas, estadolibristas y estadistas. No obstante, los esfuerzos de descolonización han resultado en frustraciones y humillaciones.

La experiencia acumulada durante el siglo pasado debe servir de base para diseñar una estrategia descolonizadora que se ajuste a las nuevas circunstancias. Esa estrategia debe estar dirigida a diseñar un plan común de descolonización, partiendo de aquello en lo que coincidimos.

Los tres partidos coincidimos en cuatro principios esenciales: que el Estado Libre Asociado (ELA) es un modelo de subordinación política que debe ser superado; que para hacerlo tiene que adoptarse una fórmula de status no colonial y no territorial; que cualquier proceso que se utilice para ejercer nuestro derecho de autodeterminación tiene que garantizar la participación democrática de los puertorriqueños; que en algún momento del proceso, al comienzo o más adelante, tiene que haber participación del gobierno de los Estados Unidos.

Diferimos en cómo articular un método procesal para viabilizar esos cuatro principios.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) propone la Asamblea Constitucional de Status (ACS) como método procesal para atender el problema colonial. El Partido Popular Democrático (PPD) ha propuesto que se convoque un referéndum para que se escoja entre la ACS y una petición para que el Congreso auspicie un referéndum. Aunque también existe en ese partido un sector inmovilista que prefiere que no se atienda el tema del status.

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), por su parte, se opone al método de la ACS y ha propuesto que se lleve a cabo un referéndum sí o no para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que defina opciones no territoriales ni coloniales, para que luego los puertorriqueños escojan entre éstas su futuro político.

En política lo realmente complicado es fundar un orden social entre quienes no coincidimos. El reto es evitar sucumbir ante la tentación de utilizar el tema del status para pulsear políticamente y viabilizar un diálogo que nos permita conciliar nuestras desavenencias. Aquellos que evadan el diálogo sobre status y levanten la bandera de la intransigencia sólo estarán estimulando el inmovilismo y como consecuencia la continuidad de la colonia. También serán cómplices del inmovilismo los que digan creer en el diálogo, pero actúen en contra del mismo.

Si el liderato del PNP asume una postura intransigente sobre cómo viabilizar un proceso de descolonización estará dándole el pretexto a Aníbal Acevedo Vilá para no atender este tema. Por otra parte, si Acevedo Vilá insiste en imponer unilateralmente su propuesta, sabiendo que existen objeciones en el PNP, estará provocando conscientemente un tranque con el poder legislativo. En cualquiera de estos dos escenarios prevalecerá el inmovilismo.

En lo que al PIP concierne, aunque creemos en la ACS, estamos abiertos al diálogo. Aunque en su momento el PIP hará una propuesta formal, no descartamos que las propuestas presentadas por los tres partidos políticos puedan armonizarse. No es incompatible encaminar un proceso de descolonización en Puerto Rico que surja como iniciativa de los puertorriqueños, mientras complementariamente se exige un compromiso de acción de los Estados Unidos. Si algo aprendimos de las experiencias del pasado es que no es posible encaminar un proceso de descolonización con esfuerzos aislados por parte de cada sector ideológico, es indispensable un plan común.