El modelo socioeconómico vigente en Puerto Rico garantiza prosperidad y privilegios a un sector minoritario de la población que timonea el Gobierno y actúa con impunidad. El sector económicamente marginado —que es la inmensa mayoría— recibe servicios básicos de pobre calidad y, frecuentemente, carece de vivienda, agua y energía eléctrica. Ambos sectores de nuestra sociedad se miden con varas distintas frente al Gobierno y a la ley.

La realidad de nuestra sociedad en el siglo XXI es la de un régimen de “apartheid” social por razón de origen económico. El caso de la comunidad de Villas del Sol ha dejado al relieve esa verdad.

Cuando un desarrollador invade terrenos que deben ser ambientalmente protegidos (como el caso de Dos Mares), o invade terrenos de la zona marítimo-terrestre y áreas de humedales (como el caso de Costa Serena) o levanta edificaciones en terrenos pertenecientes al pueblo de Puerto Rico (como en el caso de Paseo Caribe, negando incluso acceso al patrimonio histórico del Castillo San Jerónimo), es protegido por el Gobierno, aunque haya sido mediante permisos ilegales o fraudulentos. En esos casos insisten que se trata de una inversión para el “desarrollo” del país.

Luego, esa élite empresarial y los funcionarios de Gobierno tildan a los que se oponen a ese abuso como unos “facinerosos” opuestos al “desarrollo” y al bienestar común.

Por otro lado, si un pequeño grupo de personas económica y socialmente marginadas, erige frágiles estructuras en terrenos baldíos para asegurar cuando menos un techo sobre sus cabezas, la élite empresarial y política las cataloga de amenaza contra la seguridad y el orden social.

Contra ellos cae todo el peso del estado. Ese es el caso de Villas del Sol, donde la respuesta del Gobierno ha sido la fuerza bruta: policías, macanas y gas pimienta contra los residentes pobres, en el proceso de removerlos de sus hogares.

Pero el problema de Villas del Sol va más allá de su comunidad. Es la manifestación de un problema de fondo: el incumplimiento del Gobierno en su obligación de garantizar que el pueblo —en particular, los más necesitados— disfrute de los servicios a que todos deberíamos tener derecho y, al mismo tiempo, le provea las herramientas para lograr su autosuficiencia.

La vivienda adecuada, el acceso a servicios de salud, la educación a todos los niveles y los servicios esenciales, como agua y energía eléctrica, no deben ser privilegios de unos pocos, sino derechos de todos.

No obstante, en Puerto Rico, los partidos que se han turnado en el Gobierno hablan de justicia social, pero sus acciones evocan las sociedades barbáricas.

¿Cómo puede haber justicia cuando hay quien no tiene una vivienda? ¿Cómo puede haber justicia si familias no tienen el servicio eléctrico? ¿Cómo puede haber justicia cuando niños no pueden asearse por no tener el servicio de agua, más necesario ahora por la epidemia que enfrentamos?

Los que aspiramos a un verdadero progreso político, económico y social sabemos que sólo puede alcanzarse respetando la dignidad del ser humano y actuando con compasión y solidaridad hacia aquellos que más necesitan. Lo contrario es la tiranía social de unos pocos privilegiados sobre una mayoría económica y socialmente marginada.

“No nacemos iguales –escribió una filósofa alemana- llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales”.

Ese es el principio para alcanzar la verdadera justicia social y poner fin a la tiranía social que menoscaba la dignidad del prójimo y nos deshumaniza como pueblo.