Por: Denis Márquez
Representante por el PIP
Publicado en Metro PR
 
El pasado miércoles se constituyó en Puerto Rico una gran alianza patriótica e histórica entre independentistas y libreasociacionistas para, de una vez y por todas, iniciar un verdadero proceso de descolonización que conduzca al país hacia nuestra soberanía nacional de cara al próximo plebiscito del 11 de junio. Bajo el lema "¡Ahora sí! Ganamos con la soberanía" y respetando nuestras diferencias ideológicas, diversos grupos y personalidades, bajo la común aspiración de que los puertorriqueños mandemos en nuestra propia tierra, acordamos nuestra participación en la referida elección para exigir las herramientas y poderes que Puerto Rico necesita para construir la patria próspera que anhelamos y para hacer frente a la embestida asimilista.
 
Esta respuesta política se da en momentos en que la quiebra moral, social y económica del ELA es más evidente que nunca y cuando el espejismo de la anexión refleja su imposibilidad por ser contraria al interés de los puertorriqueños y contraria también a los intereses de Estados Unidos. Cada voto por la soberanía nacional será un voto en contra de la Junta de Control Fiscal -criatura política a consecuencia del ELA- y un clavo en el ataúd de la anexión.
 
Ganamos con la soberanía porque, mientras hoy la Junta de Control Fiscal es quien tiene la última palabra en las decisiones neurálgicas que afectan a nuestro pueblo, con la soberanía todo el poder residirá en los puertorriqueños, fundamentado únicamente en nuestros propios intereses sin la indebida intervención de intereses externos.
 
Ganamos con la soberanía porque, mientras bajo la estadidad nos separaríamos del resto del mundo, con la soberanía nos unimos al resto de los países, incluido Estados Unidos, a través de organismos internacionales, monetarios, tratados y acuerdos.
 
Ganamos con la soberanía porque, mientras el actual régimen y la estadidad nos imposibilitan proteger nuestro comercio, industria y agricultura, con la soberanía podemos aprobar legislación a tales efectos.
 
Ganamos con la soberanía porque, mientras hoy nos imponen las leyes de cabotaje, bajo la soberanía nos libramos de ellas, logrando ahorros millonarios para nuestros ciudadanos y nuestra economía.
 
Ganamos con la soberanía porque con ella lograremos nuestra ciudadanía nacional puertorriqueña y garantizamos, de igual forma, la preservación de nuestra identidad nacional, nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra representación internacional, gubernamental o deportiva.
 
En momentos en que la crisis fiscal y económica -producto de las pésimas administraciones del PNP y el Partido Popular y de la subordinación política del ELA- ha trastocado las finanzas del país y mutilado nuestra economía, arrebatado derechos a los y las trabajadoras, obligado a expatriar a miles de compatriotas -en especial a nuestra juventud- resulta imperativo e impostergable enviar un mensaje claro y contundente con nuestro voto por la soberanía para cambiar el rumbo caótico actual y redirigirlo al de una patria libre, próspera y justa para todos los que vivimos hoy y las generaciones futuras.
 

 



Publicado en El Nuevo Día
martes, 7 de marzo de 2017

Este año, la semana en que se honra a la Mujer Trabajadora ha llegado aderezada con el escándalo de la transacción de una reclamación por hostigamiento sexual presentada por una empleada municipal contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. 
 
En momentos en que la administración Rosselló ha sido justamente señalada por su miopía en el tema de perspectiva de género en la educación, la ocasión ha servido para que el Gobernador luzca justiciero y decidido con su exigencia de renuncia a un alcalde que a estas alturas ya ha perdido todo valor político.  
Pero algo opaco hay en todo el episodio, ese sabor de escena repetida.  No se trata del primer alcalde (ni del Segundo, ni del tercero) señalado por realizar acercamientos sexuales no deseados a una mujer.  Tampoco es la primera figura de autoridad en Guaynabo así imputada. Ni el único O'Neill. 
 
No faltan en el País disposiciones que prohíban el hostigamiento sexual: al menos cuatro leyes puertorriqueñas, varias leyes federales y decenas de Órdenes Ejecutivas, Reglamentos y Cartas Circulares. En cada centro de trabajo está (o debe estar) el cartel que advierte contra ésa y otras modalidades de discrimen. Periódicamente, como en los casos de los alcaldes de Cidra y Guayanilla, ambos convictos por hostigamiento sexual, somos testigos de procesos que deberían ser ejemplarizantes.
 
Pero entrado ya el siglo XXI, en momentos en que las mujeres continúan en franco ascenso en nivel educativo, salarios y responsabilidades laborales, el infierno detalladamente descrito en la demanda presentada el año pasado contra el hijo de O'Neill (con alegaciones que se refieren también al padre) es el escenario de trabajo al que llegan cada mañana incontables mujeres en Puerto Rico.  Un hombre que toca, susurra, amenaza, se exhibe, arrincona a sus subordinadas, amparado en la posición de superioridad laboral, posición que alcanzan, en el caso de los alcaldes y sus allegados, gracias a la voluntad electoral y al deficiente escrutinio de las instituciones políticas a las que pertenecen, y en la que se mantienen gracias a un entorno cómplice.
 
Así que, por favor, se pueden ahorrar en esta semana las escenas de vestiduras rasgadas, las propuestas para aumentar penalidades en los delitos de hostigamiento y violencia de género y  las invitaciones a "cambiar actitudes".   Como también se pueden quedar, con las flores, los discursos azucarados y las alabanzas a la mujer que pare, trabaja, cocina, y cría "porque ellas en realidad son superiores". De todo eso hemos tenido mucho, y Héctor O'Neill, con $450,000 en mano,se ha asomado a recordarnos que no es suficiente. 
 
Hace ya dos décadas, se acuñó, con motivo delaniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la frase "Sin las mujeres, los Derechos no son Humanos", para visibilizarel abismo entre las aspiraciones de esa Declaración y la realidad de la violación sistemática de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se transforma esa realidad? En lo político, tiene que haber verdadera responsabilidad institucional, y una disposición real del estado para garantizar orientación, acceso a foros adjudicativos adecuados y asistencia (legal y de otros tipos) a las mujeres. 
 
Ahora, todo esfuerzo para componer lo que ya está mal será de mínima consecuencia, si los temores electorales y los prejuicios siguen impidiendo una enseñanza que persiga que las nuevas generaciones comprendan cabalmente lo que es la equidad, el respeto y la verdadera humanidad. 

 

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4 de marzo de 2017. San Juan, Puerto Rico - "En los casos relacionados a víctimas de hostigamiento sexual, es importante proteger a los y las perjudicadas y que los procesos judiciales, investigativos y administrativos, no tengan la consecuencia de revictimizarlas.

Con eso en mente, tampoco puede tolerarse la impunidad, por lo tanto las agencias de Gobierno, en aras de proteger el interés público, tienen la obligación de comenzar e investigar todas las alegaciones en contra del alcalde de Guaynabo. Es preciso señalar, que estamos frente a un caso en el que existe la posibilidad de que se hayan cometido delitos graves, delitos menos graves, que implican depravación moral y conducta immoral, todas causas establecidas en la Ley de Municipios Autónomos para destituir a un alcalde.

Basta ya de expresiones de compromiso sin que estén acompañadas de un proceso dirigido a imponer responsabilidades. Es tiempo de acción. Los funcionarios o agencias que se nieguen a actuar se convierten en cómplices de la impunidad, revestida, en este caso, de un aparente manto proteccionista por razones de favoritismo partidista".

  

El Congreso de la Internacional Socialista reclama que se impulse la descolonización de Puerto Rico

 

sábado, 4 de marzo de 2017 - 4:29 PM

Por José A. Delgado

 

 

 

Washington - El Congreso de la Internacional Socialista aprobó hoy en Cartagena de Indias (Colombia) una resolución en la que exhorta al gobierno de Estados Unidos “a descargar plenamente” su obligación de descolonizar a Puerto Rico y a no obstaculizar el plebiscito local de junio próximo.

En su declaración, la Internacional Socialista resaltó que las alternativas de la próxima consulta en Puerto Rico –  una contienda entre la estadidad y la soberanía política (libre asociación o independencia) –, cumplen con los requisitos que establecen las Naciones Unidas en busca de un status que acabe con el actual sistema colonial.

La Internacional Socialista – que reúne a 153 organizaciones políticas social demócratas en cinco continentes-, recordó que desde que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se integró a su organización, ha respaldado el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

En ese sentido, destacó la decisión del presidente Barack Obama de conmutarle la sentencia al prisionero político Oscar López Rivera, cuya condena se extinguirá el próximo 17 de mayo.

“Hoy nos satisface de manera especial celebrar que el entonces Presidente Obama escuchara el clamor mundial – incluyendo el reclamo de la IS – y decidiera al fin hace apenas varias semanas poner en libertad al luchador independentista puertorriqueño Oscar López Rivera quien había estado encarcelado por más de treinta y cinco años por el delito de conspiración sediciosa”, señaló.

La resolución de la Internacional Socialista sostiene además que la próxima consulta local se convoca en momentos en que el Congreso de Estados Unidos “ha decidido unilateralmente retomar el control directo sobre el gobierno de Puerto Rico reduciendo aún más los menguados espacios de gobierno propio del territorio colonial”.

“En vez de responder al reclamo expresado en un referéndum en 2012 en que una mayoría contundente de los electores se expresó en contra de la continuación del régimen colonial, la respuesta del Congreso ha sido la de crear una llamada Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por el Presidente de Estados Unidos, para ejercer poderes omnímodos sobre cualquier decisión legislativa o ejecutiva de carácter económico o fiscal del gobierno de Puerto Rico, pudiendo imponer su criterio sobre el de los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico”, agrega la resolución, dada a conocer por el PIP.

Más aún, la Internacional Socialista recordó que la aprobación de la ley PROMESA que impuso la junta federal y abrió paso a un proceso de reestructuración de la deuda pública, coincidió con la decisión en que el Tribunal Supremo de EEUU, en el caso Sánchez Valle, acentuó que “Puerto Rico no es más que una posesión de los Estados Unidos en la que cualquier concesión parcial del gobierno propio puede ser revocada unilateralmente por el Congreso, a su exclusivo arbitrio”.

La declaración de la Internacional Socialista incluyó un respaldo al “reclamo repetido del Comité de Descolonización de Naciones Unidas de que la Asamblea General de Naciones Unidas examine plenamente el caso de Puerto Rico y se pronuncie sobre el mismo”.

Y dio un mensaje de felicitación al PIP - cuyo presidente, el exsenador Rubén Berríos Martínez, es presidente honorario del organismo internacional desde el año 2000- , con la esperanza de que las gestiones que realizan logren “poner en marcha un proceso que encamine finalmente a Puerto Rico hacia su descolonización e independencia”.

“Es la resolución más extensa y más completa que ha aprobado la Internacional Socialista sobre Puerto Rico”, indicó el presidente ejecutivo del PIP, el exsenador Fernando Martín.

Tanto Martín como Berríos Martínez - quien dio un discurso en la reunión, que se celebra cada cuatro años-, tomaron parte en el XXV Congreso de la Internacional Socialista, que comenzó el jueves y terminaba esta tarde.

Declaración PROYECTO DE DECLARACION SOBRE PUERTO RICO

 

 Enlace http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/organizacionpoliticaexhortaaeeuuanoobstaculizarelplebiscito-2297578/

Si luchamos por un Puerto Rico libre, podremos ver una universidad libre

Por: Juan Dalmau Ramírez
Portavoz PIP Senado

La Universidad de Puerto Rico (UPR) está en peligro ante la amenaza lanzada por la Junta de Control Fiscal (JCF) de recortar $300 millones a su presupuesto en dos años. Un sistema público de enseñanza que por décadas ha sido botín de asalto por las administraciones que se han alternado el poder, ahora será secuestrado por la última manifestación del colonialismo crudo y descarado que siempre hemos denunciado, la junta.

La Universidad continúa sufriendo los embates de las malas administraciones. En el 2010, bajo Luis Fortuño, vimos el aumento en la matrícula; bajo la administración de Alejandro García Padilla vimos la aprobación de la Ley 66-2014, que ha significado un recorte paulatino de $323 millones en los pasados cuatro años; y ahora, bajo la administración de Ricardo Rosselló, nos enfrentamos a la amenaza de un nuevo recorte de $300 millones que tendría como consecuencia el aumento en la matrícula más alto en la historia de la Universidad. Según un estudio realizado por el economista José Alameda, el crédito que actualmente cuesta $55 pudiera costar, dentro de dos años, $200 o $300, dependiendo de cuánto se destine a satisfacer el recorte por concepto de aumento en matrícula.

 

Si repudiable ha sido que los partidos que se han alternado en el poder azoten a la UPR con recortes y aumentos, más indignante resulta ser que la recomendación de ese recorte de $300 millones provenga de la JCF. Un organismo creado por Promesa -la ley que va por encima de todas las leyes que se aprueben en Puerto Rico- que tiene el poder para legislar y amenazar con cárcel a los funcionarios del gobierno puertorriqueño que desobedezcan su mandato.

Si de algo ha servido la imposición de la junta, es para descorrer el velo del problema de fondo, el colonialismo que ha permitido tantas cosas en este país en perjuicio de nuestra gente y que permite al Congreso, en sus poderes plenarios, legislar a su antojo contra nuestro pueblo. Ya no se trata solamente de denunciar al Partido Nuevo Progresista (PNP) o al Partido Popular Democrático (PPD) por sus malas determinaciones (que debemos continuar denunciando), sino también de combatir el colonialismo que los ha alimentado por tantos años y que sirve de herramienta para que Estados Unidos trate de pisotear la dignidad de todo un pueblo.
La respuesta a las políticas nefastas de recortes que afectarán a la UPR ya ha sido anticipada por la comunidad universitaria: desafío y defensa de nuestro principal centro docente nacional. A la par con sus estrategias debe sumarse la confrontación al régimen colonial.

Tenemos una gran oportunidad a corto plazo de denunciar el colonialismo y defender nuestra soberanía nacional. El próximo 11 de junio, sal a votarle en contra a la actitud sumisa de esta administración ante la JCF, a la propia junta y al desmantelamiento de la UPR. Con tu voto a favor de nuestra soberanía nacional a la vez defenderás tu universidad, tu país, y exigirás que en tu Patria mandes tú.

Si luchamos por un Puerto Rico libre, podremos ver una universidad libre.

ENLACE http://elvocero.com/un-puerto-rico-libre-por-una-upr-libre/

 

 
Perfil de Autor

Por Denis Márquez

Publicado: miércoles, 1 de marzo de 2017

Durante el pasado proceso eleccionario algunas personas me cuestionaban por qué ir a la Asamblea Legislativa en una época en la que la Junta de Control Fiscal era quien iba a determinar la legislación y a tomar las decisiones de política pública en Puerto Rico. La contestación a dicha interrogante es diversa. No obstante, la más fundamental es la importancia de la presencia, la voz y la acción del independentismo en dicho cuerpo. Somos la voz y la acción de la fiscalización, del cuestionamiento, de la denuncia, de presentar otras opciones viables para el desarrollo de nuestro país desde la verdadera oposición que siempre es necesaria en cualquier foro, particularmente en la Legislatura, puesto que es ahí donde se aprueba la legislación que afecta a todo el país.

 Estos dos primeros meses demuestran claramente la importancia de dicha presencia. En primera instancia, al igual que en cuatrienios pasados, se mantiene la abominable práctica de sesionar hasta altas horas de la noche y de aprobar medidas rápidamente y a última hora. Un ejemplo ilustrante, de la crasa falta de transparencia, fue la aprobación del proyecto que trasforma el ordenamiento legal en el servicio público, el llamado ‘empleador único’, proyecto que objetamos durante las vistas públicas al plantear graves problemas de violación de derechos constitucionales. Sin embargo, el mismo se aprobó aun con dichas violaciones, razón por la cual ya radicamos legislación para atender cuanto antes esas faltas.

 Asimismo, la presencia del PIP en la Legislatura ha permitido denunciar y hacer públicas las consecuencias que conlleva la aprobación de la reforma laboral, la liberalización de las llamadas Alianzas Públicas Privadas, la extensión de la Ley 66 –aprobada en el pasado cuatrienio y que le entrega al Gobernador poderes que le pertenecen a la Cámara  y al Senado– el establecer como política pública el pago a los bonistas por encima de los servicios esenciales al país, el intento de revertir legislación ambiental –como es el caso de la prohibición del uso de bolsas plásticas en el comercio–  y de declarar vehementemente que la salud, los servicios de salud, no pueden estar en manos del lucro, y sobre la necesidad de optar por un Plan Universal de Salud como por décadas ha reclamado el PIP para hacer justicia a todos los ciudadanos.

 Durante la pasada semana estuvimos inmersos en el proceso de discusión de la nueva ley de permisos, que es otra estocada neoliberal al proceso de planificación y de preservación de recursos importantes para el futuro del país. Son múltiples la instancias de cuestionamiento legislativo y de mostrarle al país las nefastas consecuencias de estas leyes sobre la ciudadanía.

 Por otro lado, también hemos presentado legislación de diversos tipos en áreas como la protección del ambiente, economía, salud, desarrollo social, laboral. En la discusión de los proyectos de enmienda a la Ley 54 insistimos en la necesidad imperante de incluir la educación sobre perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad. Cuestionamos también la ausencia del matrimonio igualitario en el proyecto para una nueva ley de adopción, que representa un burdo retroceso en la reivindicación de los derechos humanos. Queda mucho trabajo por hacer y el compromiso de los legisladores del PIP es continuar siendo agentes fiscalizadores y de continuar denunciando las acciones de esta Asamblea Legislativa que se ha convertido en vocero y portavoz de la Junta de Control Fiscal. Una lectura de las legislaciones aprobadas, los proyectos ya convertidos en ley, particularmente en las exposiciones de motivos y en las declaraciones de política pública, demuestran claramente el cumplimiento y entrega total para con los mandatos de la Junta de Control Fiscal. 

Durante la discusión del proyecto del plebiscito a celebrarse el próximo 11 de junio planteamos que la redacción del mismo estaba sesgado a favor de la anexión. También cuestionamos que el Secretario de Justicia federal certificara las opciones de estatus. Desde el hemiciclo expresamos nuestra oposición al proyecto tal y como estaba redactado y, junto al Senador Juan Dalmau, insistimos en enmiendas que modificaran las definiciones de libre asociación e independencia. Enmiendas que fueron aceptadas. No obstante, desde el punto de vista político, el Partido Independentista Puertorriqueño decidió participar en tal plebiscito y nosotros estaremos defendiendo la soberanía nacional. No permitiremos que los anexionistas se despachen con la cuchara grande. Cada voto por la soberanía nacional, será un clavo en el ataúd de la estadidad.

 Durante estos próximos años de arduo trabajo legislativo vamos a continuar con la agenda trazada de justicia social mediante la presentación de proyectos de ley que estimulen una discusión de los mismos para beneficio de todos –y no de unos pocos– y a su vez, reclamar una denuncia a la legislación neoliberal presentada por el Gobierno de Puerto Rico.

La presencia de los legisladores del PIP va dirigida a ser la voz de aquellos que no tienen voz ni visibilidad en la Legislatura. Nuestro propósito es de recibir y servir de apoyo a los distintos grupos de interés, ya sean los sindicatos, grupos en pro del ambiente, trabajadores, estudiantes, grupos que defienden la equidad de género y sectores marginados a que continúen teniendo, como ha sido históricamente, un lugar de trabajo, un espacio donde puedan ser escuchados para que formen parte de este proceso legislativo. Ese es el compromiso de los legisladores del PIP y lo continuaremos llevando a cabo durante el transcurso de este cuatrienio.