Conferencia de Prensa 21 enero 2016

21 de enero de 2016. Capitolio- La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, denunció hoy la posibilidad de que decenas de familias viequenses sean desalojadas, como resultado de irregularidades en el proceso de construcción y alquiler de las casas de la urbanización Lucila Franco, y a tales fines presentó la Resolución del Senado 1324 con el fin de que este cuerpo legislativo inicie una pronta investigación.

La Resolución persigue investigar todo lo relacionado con la construcción, administración y titularidad de las residencias que comprenden la urbanización Lucila Franco en Vieques, así como el estado de cualquier proceso judicial o administrativo que esté en proceso y cuyo resultado pudiera redundar en que estas familias sean desalojadas.

“Se trata de 53 unidades de vivienda, cuya construcción se inició en la década del 80 y por razones desconocidas los trabajos fueron paralizados. El Municipio de Vieques, en los años 90, suscribió un acuerdo con la Administración de Desarrollo Rural Federal (Rural Development Administration) para rescatar las viviendas y mediante la creación de una corporación sin fines de lucro (CODEFIN) gestionó dos préstamos millonarios para invertirse en Lucila Franco y en otro proyecto llamado Terrazas de San Francisco. Los préstamos fueron garantizados por la Administración Federal de Hogares y el Departamento de Agricultura Federal. Mediante criterios variables y a través de CODEFIN, el Municipio permitió la ocupación de viviendas de Lucila Franco, pero con la condición de que los futuros residentes culminaran la construcción de las mismas. De esta forma, decenas de familias de limitados recursos económicos invirtieron dinero y esfuerzo en las viviendas y hoy corren el riesgo de ser desalojados de sus hogares por una controversia entre la Administración de Desarrollo Rural y CODEFIN”, explicó la senadora independentista.

La senadora Santiago calificó de irregular el sistema de pagos de los residentes, ya que el mismo variaba en cuanto a la forma y destino. “Algunos pagaban directamente a personas naturales empleados del municipio de Vieques, otros a CODEFIN y otros a través del Programa de Sección 8.”

De acuerdo a la información recopilada por la oficina de la Portavoz del PIP en el Senado, las razones por las que pudieran ser desalojados son ajenas a estas familias e incluso, desconocidas para ellos y ellas. “Solo saben que la controversia entre la agencia federal y la corporación sin fines de lucro creada por el municipio resultó en que cerca del 2010 personal de la Administración de Desarrollo Rural apercibiera a los residentes de que no emitieran más pagos por concepto de rentas y que desde esa misma fecha los contratos a través de Sección 8 no fueran renovados”, añadió.
“La situación de vivienda pública o accesible a personas de limitados recursos económicos cada día es más precaria, y este problema se agrava más cuando se trata de una de las islas municipio. Si estas familias son desalojadas es muy exigua la posibilidad de que encuentren dónde vivir en Vieques; la inminencia de una situación auténticamente desesperada es por lo tanto, real para cada una de esas familias”, puntualizó Santiago Negrón.

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

17 ma Asamblea 7 ma Sesión
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 1324
21 de enero de 2016
Presentado por la senadora Santiago Negrón
Referido a la Comisión de
RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles y a la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, realizar una investigación sobre la situación que sufren los residentes de la Urbanización Lucila Franco en el Municipio de Vieques, partiendo desde la construcción, administración y titularidad de las residencias hasta los acontecimientos más recientes, incluyendo el estado de cualquier proceso judicial o administrativo, cuyo resultado pudiera tener algún efecto sobre los residentes de dicha urbanización.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Urbanización Lucila Franco, localizada en el Barrio Tortuguero del Municipio de Vieques es un proyecto residencial ocupado por familias de limitados recursos económicos. Este proyecto se comenzó a construir durante la década de los 80, cuando por diversas razones, se paralizaron los trabajos. Durante la década del 90, la administración municipal de Vieques suscribió un acuerdo con la Administración de Desarrollo Rural Federal (Rural Development Administration) para que las viviendas pudieran habilitarse para ser ocupadas. Como parte de ese acuerdo, se creó la entidad sin fines de lucro Corporación para el Desarrollo Futuro de la Isla Nena (CODEFIN), cuya función sería constuir y administrar complejos de viviendas destinados a la población de escasos recursos. Según documentos sobre los estados financieros de CODEFIN, esa entidad gestionó un préstamo de aproximadamente dos millones de dólares para invertirlos en Lucila Franco, y otro de aproximadamente un millón destinado a otro proyecto localizado en el poblado de Isabel II, llamado Terrazas de San Francisco.
A través de CODEFIN y utilizando criterios de selección aparentemente variables, el Municipio permitió la ocupación de las viviendas, que al momento de ser cedidas para ser habitadas, aún no estaban terminadas. Así, una de las condiciones para poder ser arrendatario en el proyecto Lucila Franco era finalizar la construcción de la vivienda a ser ocupada. De esta forma, decenas de familias invirtieron dinero y esfuerzo para poder habilitar las residencias. Los residentes manifiestan que el pago por concepto de arrendamiento variaba: algunas personas pagaban directamente a CODEFIN, otros pagaban directamente a personas naturales que laboraban en el Municipio y otros a través de la Sección 8 de la Ley de Vivienda Pública Federal.
Según declaran los residentes de Lucila Franco, el sistema de pagos generó eventualmente una controversia entre la Administración de Desarrollo Rural Federal y CODEFIN. Como resultado, cerca del año 2010, personal de la Administración de Desarrollo Rural Federal los apercibió para que no realizaran más pagos por concepto de canon de arrendamiento a CODEFIN o a cualquier otra persona natural o jurídica, debido a que dichos terrenos estaban garantizando un préstamo hipotecario, cuyos acreedores son la Administración Federal de Hogares (Federal Home Administration) y el Departamento de Agricultura Federal (Federal Agriculture Department). Desde esa fecha, además, dejaron de renovarse los contratos otorgados a través de Sección 8.
A partir de ese momento, la información brindada por las autoridades federales y municipales ha sido escasa. Sólo se les ha advertido que existe la posibilidad de que algún día, todos los residentes de Lucila Franco sean desalojados de sus residencias.
A la entrada de Lucila Franco está la estructura que una vez fue la sede de CODEFIN, abandonada, sin puertas y con ventanales rotos. Desperdigados por el suelo, y accesibles a cualquier persona que entre, hay un sinnúmero de documentos con información confidencial sobre antiguos y actuales residentes de la urbanización.
Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, CODEFIN aparece “cancelada”. A pesar de que el paradero de los antiguos oficiales de la corporación es conocido, ninguna agencia estatal o municipal ha intentado proveer ayuda a estas familias en aras de esclarecer su futuro como residentes de allí.
La situación de vivienda pública o accesible a personas de limitados recursos económicos cada día es más precaria, y este problema se agrava más cuando se trata de una de las islas municipio. Si estas familias son desalojadas es muy exigua la posibilidad de que encuentren dónde vivir en Vieques; la inminencia de una situación auténticamente desesperada es por lo tanto, real para cada una de esas familias.

Por las razones antes expuestas, corresponde a este Senado investigar sin dilación la situación que sufren los residentes de la Urbanización Lucila Franco en el Municipio de Vieques, partiendo desde la construcción, administración y titularidad de las residencias hasta los acontecimientos más recientes, incluyendo el estado de cualquier proceso judicial o administrativo, cuyo resultado pudiera tener algún efecto sobre los residentes de dicha urbanización.

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles y a la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, realizar una investigación sobre la situación que sufren los residentes de la Urbanización Lucila Franco en el Municipio de Vieques, partiendo desde la construcción, administración y titularidad de las residencias hasta los acontecimientos más recientes, incluyendo el estado de cualquier proceso judicial o administrativo, cuyo resultado pudiera tener algún efecto sobre los residentes de dicha urbanización.
Sección 2.- La Comisión deberá realizar la investigación y presentar un informe final dentro de los treinta (30) días después de aprobada esta Resolución.
Sección 3. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.