Con firmeza y voluntad de cambio


Por Lcdo. Carlos A. Frontera Santana
Periódico Claridad
Publicado:martes, 26 de enero de 2016

 

Carlos Frontera Santana 2013Se avecina una situación de crisis fiscal inmediata. El presupuesto 2015-2016 asciende a 9.5 billones de dólares sin incluir el pago estimado de la deuda del Gobierno Central – la llamada deuda constitucional - que se espera ascienda a 1.1 billones de dólares a julio de 2016. La obligación de pago grande de la deuda ocurrirá a principios de julio de 2016 cuando se tendría que pagar 780 millones de dólares (ya en enero se hizo el otro pago grande que ascendió a 331.6 millones de dólares). Pero el problema inmediato es que la proyección de ingresos ha estado por debajo de lo anticipado al hacer el presupuesto. A lo sumo los recaudos netos de todas las fuentes (tributarias y no tributarias y devoluciones del gobierno federal de los arbitrios del ron y de los arbitrios cobrados a las importaciones del extranjero hacia Puerto Rico) ascenderán a 9.1 billones de dólares y posiblemente menos. De manera que aun si no se pagara la deuda habría un déficit y para poder mantener las operaciones del gobierno central habría que utilizar recursos de las corporaciones públicas que conllevarían el impago de deuda de algunas de éstas para que tampoco se afecten los servicios que ofrecen. (Se hizo en enero del 2016 y es lo que se conoce como ‘clawback’: la capacidad del gobierno central de redirigir recursos originalmente de las corporaciones públicas, para atender las necesidades del gobierno central al amparo de un diseño institucional que le ha quitado autonomía a las corporaciones públicas en el manejo de sus finanzas y la circunstancia jurídica de que las deudas de las corporaciones públicas no gozan de la prioridad en el pago que gozan las deudas del gobierno central).

En resumen, debido a la insuficiencia fiscal, el gobierno está condenado al impago de alguna de sus deudas si quiere seguir ofreciendo los servicios al mismo nivel que el anticipado con las resoluciones conjuntas de presupuesto que rigen el presupuesto del gobierno central para el año fiscal 2015-2016.

La insuficiencia fiscal no es sólo consecuencia de una mala política fiscal que ha recargado de contribuciones a los residentes del País y ha privilegiado hasta la exageración a las empresas comerciales y manufactureras de capital no-residente. A ello hay que añadir una mala práctica de endeudamiento, que en lugar de venir acompañada de un aumento en la capacidad productiva del país lo que ha resultado es en poner en riesgo la capacidad del gobierno de ofrecer los servicios esenciales mientras que la inversión privada es insuficiente. La crisis fiscal del gobierno y la inefectividad del endeudamiento público tiene su raíz en el estancamiento de un modelo de desarrollo basado en la exención contributiva a las ganancias de la inversión externa. El estancamiento es resultado de la pérdida de acceso al mercado norteamericano debido a las leyes de cabotaje y a los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha establecido con varios países vecinos (NAFTA y CAFTA); a la incapacidad de reutilizar las ganancias exorbitantes de las empresas beneficiarias de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal -y luego de que esta sección fuera eliminada por el Congreso de los Estados Unidos a la incapacidad de aprovechar la Sección 901-; a la incapacidad para proteger una agricultura nacional y diversificada – a pesar de los estudios que se han hecho por décadas; y fuentes ligadas al Fondo Monetario Internacional -como el Informe Krueger- y a los inversionistas norteamericanos – como la Revista Bloomberg – han indicado como factor limitativo de la inversión privada en la manufactura – y por lo tanto un acelerante estructural de la crisis, la extensión a Puerto Rico del salario mínimo federal.

Si la crisis fiscal tiene su raíz en la crisis económica y ésta a su vez tiene su raíz en el marco institucional dentro del que se desenvuelve Puerto Rico en sus relaciones con los Estados Unidos, entonces es hora de atender el problema de manera integral. Y si la preocupación mayor del Congreso de Estados Unidos es el impago, pues usemos el impago como herramienta para negociarlo todo.

Ésa es la razón de ser de la Resolución Conjunta del Senado 653, radicada por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago el pasado 11 de enero. Esta resolución ordena el impago de la deuda hasta que se negocie una justa reestructuración de la deuda como parte de un acuerdo para ponerle fin al régimen colonial y poner en marcha un plan de desarrollo económico sin las limitaciones estructurales que definen esa relación colonial. Esta disposición contemplada en la Sección 1, le daría poder de regateo al ‘clawback’, de manera que este instrumento no sea mero arañazo de minino y tenga garras de verdad. La R.C. del S. 653, también incluye una expresión de la Asamblea Legislativa en contra de cualquier arreglo del congreso norteamericano que limite más aún los recortados poderes del presente arreglo territorial. Es una expresión amplia para incluir el rechazo tanto a un Síndico Federal, a una Junta de Control Fiscal o una Junta de Supervisión.

Simultáneamente con esta medida, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, ha iniciado un proceso de conversaciones para lograr presentar ante el Presidente de los Estados Unidos y ante la Organización de Naciones Unidas un frente común del liderato político puertorriqueño donde se manifieste un consenso procesal para lograr la descolonización.

Para Puerto Rico poder atender con seriedad el problema de la deuda su economía tiene que crecer más que el pago sobre los intereses y el principal de la deuda. Para lograr ese crecimiento (y convertirlo en desarrollo sustentable), Puerto Rico tiene que aumentar sus exportaciones, y para hacerlo hacia los Estados Unidos tiene que hacerlo eliminando las leyes de cabotaje. Pero el crecimiento orientado hacia un solo mercado ha probado ser insuficiente y para expandir la participación de Puerto Rico en los mercados internacionales de bienes y servicios Puerto Rico necesita la capacidad de negociar para su propio beneficio, y de acuerdo a sus circunstancias particulares, tratados que le aseguren materia prima para la manufactura o que le aseguren beneficios contributivos al capital proveniente de otros países que desee establecerse en Puerto Rico para crear empleos en la exportación. Puerto Rico necesita ejercer los mecanismos protectivos que le permite la soberanía para desarrollar una agricultura que le garantice seguridad alimentaria y complementar con la sustitución de importaciones su expansión económica.

Puerto Rico necesita de un Banco Nacional que le permita insertarse en instituciones financieras internacionales que le permitan herramientas para atender las crisis que puedan surgir que afecten su estabilidad financiera. Necesita un régimen de quiebras que esté claro para todos los inversionistas y que no esté sujeto a intervenciones unilaterales de otro país. Puerto Rico necesita la independencia.

La situación para el gobierno federal no es fácil. La economía americana se beneficia del régimen colonial, sus inversionistas reciben dividendos -aún en los años de crisis- que sobrepasan los 35 mil millones de dólares; pero no parece que el gobierno federal recupere de los contribuyentes norteamericanos lo que gastan en Puerto Rico en aquello que no son derechos adquiridos. El gobierno federal tiene que dirimir el conflicto entre los que se benefician de la colonia y los que pagan las contribuciones con las que el gobierno federal pretende comprar la lealtad de los puertorriqueños. Mantener la colonia podría requerir más gastos al gobierno federal para mantener no ya a los residentes de la colonia pero sí a los acreedores del gobierno territorial. En ese contexto, para algunos sectores de la sociedad norteamericana la independencia negociada con Puerto Rico es una solución óptima.