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Mi nombre es Hugo Rodríguez Díaz. Soy Secretario de Programa, Sub-Secretario de Asuntos con Norteamérica y candidato a Comisionado Residente en Washington del Partido Independentista Puertorriqueño. En la tarde de hoy vengo a ofrecer testimonio en representación de la colectividad, a favor del Proyecto de Resolución 54, serie 2015-2016 de la autoría del legislador municipal Adrián González Costa.

Puerto Rico se encuentra en una crisis financiera de proporciones gigantescas. El panorama que se avecina no ofrece augurios de mejoría. Por el contrario, la obligación de pago de la deuda pública ahonda la situación. La proyección de ingresos, además de ser inferior a lo anticipado al hacer el presupuesto, es insuficiente para realizar el pago. Es prácticamente un consenso entre las personas entendidas en economía que la deuda es impagable.

Las voces autorizadas del gobierno de Puerto Rico también han afirmado la imposibilidad de pagar la deuda. A pesar de reconocer esa realidad, han hecho malabares para intentar cumplir los pagos, los que han podido satisfacer de manera parcial. Para ello han tenido que recurrir a medidas extremas, como redirigir recursos de las corporaciones gubernamentales para sufragar necesidades del gobierno central, dejar de pagar cientos de millones de dólares a suplidores del gobierno y confiscar de facto el reintegro de los contribuyentes.

Estas medidas son meros parches que lo que hacen es evadir el verdadero problema. Los ingresos del gobierno tienen que generarse por el desarrollo económico y no con medidas que estancan y frenan tal desarrollo. Una vez se reconoce que la deuda es impagable, como lo han hecho el gobernador y otros funcionarios, es una irresponsabilidad continuar con el proverbial “desvestir un santo para vestir otro”. Y el agravante es que “el santo” que queda desnudo es el pueblo de Puerto Rico. Tan grave es la situación, que el riesgo de que se desarticulen programas y servicios, y que se reduzca la jornada de los empleados públicos es una posibilidad, sin que ello impida el inminente impago. Sería un daño irreparable que la función gubernamental se desarticule. Ya algunos llaman a esto una “crisis humanitaria” donde el pueblo se verá impedido de recibir servicios básicos.
El marco dentro del cual se desenvuelve la economía de Puerto Rico es la relación política con Estados Unidos. Hoy nadie cuestiona que esa relación es colonial y que constituye una limitación al desarrollo económico del país. La discusión que de nuestra crisis se ha dado en Washington, en donde se ha llegado a plantear la creación de una Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas de Puerto Rico, ha hecho patente el estado de indefensión en que nos encontramos

La situación que impera exige que reformulemos nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso y el gobierno de ese país se han negado a cumplir su responsabilidad descolonizadora. Para ellos ha sido muy fácil echar mano de la cláusula territorial que da poderes plenarios al Congreso, para proponer una Junta de Control Fiscal, pero qué difícil es que asuman la obligación de disponer del territorio. Es tiempo de que ejerzamos nuestro derecho a la autodeterminación. Este derecho es inalienable de acuerdo al Derecho Internacional.

Por todo lo anterior, estamos a favor de que esta Asamblea Municipal de San Juan apruebe la Resolución 54, que propone manifestar su apoyo a la Resolución del Senado 653. Esta a su vez, declara el cese inmediato de todo pago de la deuda pública como medida para presionar a que se renegocie la deuda, dentro de un proceso que ponga fin al régimen de subordinación de Puerto Rico e inicie un programa de desarrollo económico, libre de toda limitación colonial. — Hugo Rodríguez Díaz