Desafiará los poderes de la junta María de Lourdes Santiago

La candidata independentista insiste en la Asamblea de Status para atender la situación política de la Isla

 

lunes, 15 de agosto de 2016 - 8:00 AM

Por Rebecca Banuchi

 

La candidata por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago busca posicionarse ante las elecciones generales como la única aspirante a la gobernación que desafiará los poderes de la Junta Federal de Control Fiscal con un solo objetivo en la mira: sentar las bases para acabar de una vez con la relación colonial que, desde hace 118 años, mantiene a Puerto Rico subordinado a los Estados Unidos.

Santiago reconoce que ese cambio solo sería posible si, antes de los comicios del 8 de noviembre, el electorado cobra conciencia sobre el poder de su voto para transformar las condiciones actuales, y cómo el problema del status incide en cada uno de los  ámbitos del país, desde la economía, la salud y la educación hasta el ambiente. 

 

“En un momento complejo como el que está atravesando Puerto Rico, se necesita más que nunca un liderato de principios y con determinación. La persona que llegue a Fortaleza va a llegar respaldada por cientos de miles de votos, ¿qué mayor legitimidad que esa para adoptar una posición de desafío ante una expresión tan antidemocrática como es la junta? Para mí, es incomprensible que haya candidatos para distintas posiciones que piensen que la opción es el acomodo”, manifestó la abogada en entrevista con El Nuevo Día desde su oficina en la sede del PIP, en Hato Rey. 

Santiago censuró a aquellos aspirantes de otras ideologías que, según dijo, han presentado “propuestas de acomodo” bajo la premisa de que oponerse a la junta fiscal “va a ser peor”.

Afirmó enfática que llegará “hasta donde sea necesario” en su afán por retar los poderes de la junta fiscal impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Y comparó esa resistencia con la lucha que libró hace casi dos décadas como parte del movimiento civil para sacar a la Marina de Guerra estadounidense de los terrenos de Vieques.

“Uno no puede funcionar dentro del marco pequeñito de lo colonial. Hay que utilizar, en la política, un mínimo de imaginación, y plantearnos como algo posible, como algo real que solamente depende de los votos de los puertorriqueños, una gobernadora que ha dicho 'no vamos a colaborar con la junta y cuál va a ser la actitud de los Estados Unidos'. Eso es posible, es posible que ocurra, y te aseguro que esa es una situación completamente distinta a la que plantea la postura de sumisión, de entrega y de acomodo”, señaló.

“La gente dice ‘eso sería crear una crisis, eso es confrontación’. Así mismo es, ningún conflicto puede resolverse hasta tanto no se encuentren los elementos que están llamados a confrontarse, y de eso es que se trata mi postura ante la junta de control fiscal, porque lo otro es decir, ‘ay, que horrible, que viene la junta, la ofensa a la democracia’,  que fue el lloriqueo del Partido Popular para luego terminar plegándose a él”, añadió de inmediato.

Para Santiago, el PIP es la única alternativa viable para alterar la situación política actual, y reconoció que buscará sumar votos de todo tipo de ideologías, incluyendo anexionistas y estadolibristas descontentos con el status vigente y decepcionados con la manera en que los funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han manejado el asunto.  

 

 

Recalcó que Puerto Rico urge un cambio político en dos vías: lograr su descolonización y derrumbar la hegemonía que por décadas han compartido el PNP y el PPD. Para ello, insistió en que es necesario que los votantes le “pierdan el miedo” al cambio y aprendan a valorar el sufragio. 

“Aquí, hay que perderle el miedo, ese terror que se percibe en tantos sectores a la confrontación. La confrontación no es un paseo por el campo, ciertamente no lo es, como tampoco lo va a ser la llegada de la junta y las medidas que estaría  adoptando. Entonces uno tiene que decidir si lo que prefiere es la impresión de estabilidad a toda costa, que es la posición de otros candidatos, o si uno prefiere la confrontación,  el desafío, para llevarnos al punto que se ofrece como una posibilidad tan cercana, que es el inicio de un proceso de descolonización”, aseveró.

Asamblea de status

Ese proceso de descolonización, Santiago lo impulsaría a través de la Asamblea Constitucional de Status, un mecanismo que siempre ha favorecido el PIP. La iniciativa estaba incluida en el Proyecto del Senado 719, que la legisladora presentó en septiembre del 2013 y fue ignorado por la mayoría parlamentaria. 

En la Asamblea de Status, se ponderarían alternativas no coloniales ni territoriales reconocidas por el derecho internacional y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con el programa de gobierno del PIP, también se promoverán otras iniciativas políticas que adelanten la causa independentista para Puerto Rico, y que confronten al Congreso estadounidense “con sus obligaciones descolonizadoras”. 

“El gran mérito del proyecto nuestro es que, para nosotros, la Asamblea de Status no debe ser el vehículo para ir a votar por una opción que se cabildee de forma exclusiva, porque es que aquí -y esto es fundamental cada vez que hablamos de descolonización- Puerto Rico no es colonia ni de populares ni de penepés. Los americanos la han tenido fácil diciéndonos con esta actitud condescendiente, despectiva, diciéndonos: ‘ustedes resuelvan el problema del status, y cuando tengan la respuesta, entonces vienen donde mí”, sostuvo la candidata a la gobernación.

“No se puede permitir que persista esa actitud de los Estados  Unidos, como si el asunto no fuera con ellos, por eso, nuestro proyecto de Asamblea de Status es para emplazar a los Estados Unidos y que nos digan qué están dispuestos a conceder”, aseveró.

Santiago subrayó que las determinaciones o acciones recientes de las tres ramas del gobierno federal, a través del caso de Pueblo v. Sánchez Valle y la ley PROMESA, denotan un cambio de actitud de los Estados Unidos al abordar el tema de su relación política con la Isla, y crean las condiciones idóneas para que en el país se trace el camino hacia la solución definitiva del problema de status. 

“Están cambiando las condiciones, y eso quiere decir que aquí, si las instituciones políticas que han gobernado optan por quedarse al margen de esa enorme verdad que está ahí, entonces el electorado tiene que ir delante de ellos y asumir que ese cambio es irreversible, es inevitable”, puntualizó la aspirante del PIP.