11 de noviembre de 2015
Por muchos años, se ha denunciado en Puerto Rico el abuso del recurso quirúrgico de la cesáreas; lo que debe ser una medida extraordinaria para salvar vidas se ha convertido en la vía para hacer más fácil la vida de algunos médicos, que han decretado que los niños deben nacer entre lunes y miércoles de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En el 1980, la tasa de cesáreas en Puerto Rico era de 18.2%. En el año 2010 fue un 46.3%; una leve mejoría en relación al 49.2% del año 2007, la tasa más alta registrada. Según el Departamento de Salud, el 55% de esas cesáreas no tienen ninguna justificación médica.
La Asamblea Legislativa no puede-y no debe—regular la práctica de la medicina. Pero sí puede proveer a las mujeres víctimas de esa forma de violencia médica recursos para protegerse. Una forma efectiva de frenar el abuso es darle publicidad al número de cesáreas que hace cada médico. Esa práctica se implementó por un tiempo en un hospital de San Juan: en el salón de descanso de la facultad médica se anotaba en una pizarra, cuántas cesáreas hacía cada cual. Bajaron las cesáreas innecesarias. Con ese precedente, el 6 de marzo de 2008, durante mi primer cuatrienio como senadora, radiqué el P del S 2407, para que cada mujer tuviera el derecho de tener el dato de cuántas cesáreas realizaba su obstetra. El proyecto se aprobó, sin enmiendas y por unanimidad en Cámara y Senado. El entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá lo vetó.
Así que en este cuatrienio, retomé el tema. Presenté el 31 de julio de 2013 el Proyecto del Senado 680, con la coautoría de varios compañeros, para que en toda institución en la que se realicen partos, y en toda oficina de ginecólogo obstetra que como parte de su práctica atienda partos, esté disponible la tasa de partos vaginales, partos inducidos y cesáreas, junto con cualquier dato pertinente, como aquellos relacionados a embarazos de alto riesgo. Se aprobó en el Senado. Este 9 de noviembre se votó en la Cámara—mutilado vergonzosamente con enmiendas que pervierten el propósito original de la medida. La Cámara eliminó toda responsabilidad de información de los médicos hacia sus pacientes. Dispuso que el Registro Demográfico publique ciertos datos, muchos de los cuales ya están disponibles, y creó una entidad que llaman “Comisión Interagencial Interdisciplinaria”, que se dedicará a “analizar estadísticas” , “recomendar políticas públicas”, “referir a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” pero....manteniendo “confidencialidad sobre las estadísticas e información sobre las estadísticas e información analizadas”. ¡Doblemente cínico, cuando el nombre de la ley es “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas!”
Es como un mal libreto de comedias. Pongamos el tema en contexto. Si un consumidor quiere información del desempeño de un contratista, puede ir a DACO. Hay además una lista de comercios infractores por anuncios engañosos y hasta una guía para la venta del madrugador, identificando las tiendas multadas. En la Cámara, se ha presentado legislación para que se incluya el índice de masa corporal de los niños en el Certificado de Inmunización y aquí en el Senado se ha querido referir al Departamento de la Familia a los padres que no lleven al pediatra a su hijo con alta índice de masa corporal.
Pero una mujer no puede exigir, en un país donde una y otra vez se señala el grave problema de las cesáreas, el dato que la ayuda a evaluar la práctica del profesional de la medicina que le asistirá en el trascendental evento de traer vida a este mundo.
No sé cuántos de los legisladores, han tenido oportunidad de ver cómo es una cesárea. Se aplica anestesia epidural, se hace una incisión en el vientre de la mujer, se hace otra incisión en el útero, y se extrae el bebé. Como toda cirugía mayor, envuelve riesgos, posibles complicaciones, provoca dolor y requiere un proceso, para algunas mujeres muy difícil, de recuperación. Es un procedimiento diseñado para salvar vidas, no para despejar la agenda de un obstetra. Según los datos del Departamento de Salud, en nuestro país se realizan 10,758 cesáreas no justificadas cada año. Eso es casi 30 cesáreas innecesarias al día. Yo les aseguro a ustedes que si en lugar de úteros, en Puerto Rico se intervienieran quirúrgicamente, sin necesidad médica, 10,758 próstatas al año, otra sería la historia. Pero las víctimas son mujeres, y el proceso de parto, se ha convertido en un problema médico. Un asunto fundamentalmente femenino, dominado por la perspectiva del hombre.
Yo no digo que mi proyecto sea la fórmula mágica para acabar con las cesáreas no justificadas. Pero es un comienzo, al que tiene que seguir un cambio generalizado de visión que humanice el parto, un mayor acceso y un mayor respeto a la partería como una profesión de inmenso valor social y salubrista.
He escuchado infinidad de discursos y proclamas en la Asamblea Legislativa sobre la mujer, sobre cuánto valemos, cuánto nos aprecian, cuán admirables somos. Pero yo le digo a los compañeros: las flores y los poemitas el 8 de marzo de cada año no alivian la marginación que todavía persiste, en formas veladas, pero dolorosas—en el caso de las cesáreas, literalmente dolorosas. Lo que necesitamos es un trabajo legislativo que le haga frente, no que perpetúe, las realidades que vivimos las mujeres.
Mi petición es que, llamados a concurrir con las enmiendas de la Cámara al P del S 680, votemos en contra. El Reglamento no me permite, en esta etapa del proceso, retirar mi autoría, pero yo no quiero mi nombre asociado a esa treta.
Si en la Cámara faltan faldas y pantalones para permitir que las mujeres tengamos derecho a información esencial para nuestra salud, para la forma en que traeremos nuestros hijos al mundo, el Senado no tiene por qué hacerse cómplice.
