JUAN DALMAU PRESENTA
PLAN LEGISLATIVO ANTICORRUPCIÓN
Entre sus 12 propuestas está la creación del Procurador de Integridad Pública
7 de diciembre de 2015 - San Juan, Puerto Rico - El candidato a Senador por Acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, propuso la creación del Procurador de Integridad Pública para establecer un cuerpo especializado en la transacción de contrataciones gubernamentales que procesen, tanto en la esfera civil, administrativa o criminal, a funcionarios o personas privadas que laceren las transacciones gubernamentales.
"Estamos conscientes de que la ética no se legisla, pero como candidato al Senado por Acumulación me comprometo a impulsar varios proyectos con miras a combatir la corrupción. Los arrestos de funcionarios del Partido Popular la semana pasada obligan a la reflexión y definitivamente a la acción", expresó confiado el también Secretario General del PIP.
La propuesta de Dalmau para crear la figura del Procurador de Integridad Pública, es solo una (1) de doce (12) medidas que estaría impulsando desde la Legislatura para atender aspectos gubernamentales, del sector privado y en contra del invesionismo político, según detalló el líder independentista a continuación:
1- Enmendar la Ley que crea el Registro de Personas Convictas por Corrupción para impedir y convertir en ilícita la contratación gubernamental de personas o entidades inscritas en el Registro, sus alter ego y el gobierno. Para ello el Registro debe hacer público la información relacionada a corporaciones (accionistas, directores u oficiales) y contratistas convictos por corrupción.
2- Fortalecer la Oficina del Contralor capacitándola para procesar criminalmente a personal corrupto del gobierno.
3- Crear el Auditor Municipal adscrito a la Asamblea Municipal que no responda a los alcaldes y facilite la fiscalización, lo que redunda en más transparencia en las finanzas.
4- Legislar para dar publicidad a procesos de subasta y contratación de servicios profesionales, incluyendo cambios de orden, para que haya amplia difusión de dichos procesos.
5- Reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales.
6- Limitar los gastos de campañas políticas y los períodos de las mismas. Establecer topes limitados y el financiamiento público moderado, prohibiendo el inversionismo político.
7- Usar pena de confiscación a propiedades de personas vinculadas con actos de corrupción.
8- Profesionalizar la carrera judicial.
9- Crear salas judiciales especializadas que atiendan impugnaciones a negocios jurídicos, contratos o subastas en los cuales hay actos de corrupción.
10- Todo contrato de más de $100.000 tiene que ser aprobado por la asamblea
legislativa y se tendrá que someter a la misma toda la documentación relacionada a la adjudicación del contrato bajo juramento en un término de 5 días calendario.
11- Todo contrato de la asamblea legislativa (como el del cuadro de la Cámara de Representantes) tendrá que ser aprobado por una junta de subastas con representantes de todas las delegaciones.
"Estas son sólo algunas propuestas que limitan el espacio para la corrupción gubernamental. Se trata de medidas más estrictas para evitar al máximo la estafa al ente público, y que de ocurrir, las penas sean lo máximo posible para desestimular el que haya actos de corrupción", puntualizó Dalmau Ramírez.
