CUANDO LOS líderes de los tres partidos políticos se sentaron frente al Presidente de los Estados Unidos y sus asesores de seguridad nacional en junio del 2000, hubo dos temas sobre la mesa: Vieques y el status político. El Partido Independentista Puertorriqueño colocó ambos con prominencia en la agenda de la campaña electoral que culminó el pasado 7 de noviembre.

El Partido Popular los incorporó de manera dramática y logró prevalecer en las elecciones. Se comprometió así a poner fin al abuso de la Marina de Guerra y lograr la paz para Vieques y, acogiendo la propuesta de una Asamblea Constituyente como una "excelente idea", para resolver el status.

Tras la lucha de nuestro pueblo y la campaña de desobediencia civil en que la Corte Federal, haciéndole el trabajo sucio a la Marina, encarceló injusta y arbitrariamente a la mayoría del liderato del PIP y a cientos más de puertorriqueños, la unión de voluntades para lograr la paz en Vieques ha seguido creciendo y fortaleciéndose. Después de las elecciones, los presidentes de los tres partidos y los líderes religiosos, cívicos y sindicales han suscrito más de un requerimiento al Gobierno de los Estados Unidos exigiendo el cese inmediato y permanente de las prácticas de la Marina en Vieques. Esperamos que el Gobierno cumpla.

Pero como Vieques es Puerto Rico y Puerto Rico es Vieques, también surge la pregunta: ¿Y el status, dónde está?

En la reunión de junio pasado, Clinton indicó que el Departamento de Justicia habría de analizar las respectivas definiciones de status de cada partido desde la perspectiva constitucional americana, para iniciar un proceso de discusión bilateral entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa agencia analizó la definición del "nuevo ELA" que el PPD publicó en su programa del 2000, así como las definiciones de estadidad e independencia que eran ya de dominio público.

El análisis que el Departamento de Justicia le remitió al Congreso el 18 de enero de este año ha recibido poca publicidad en nuestro país y aún menos discusión. Sin embargo, como el nuevo Gobierno de Puerto Rico adoptó el tema del status que el pueblo le impuso en la pasada campaña, el análisis del Departamento de Justicia federal es de gran importancia para la discusión que deberá suscitarse tan pronto la gobernadora le dé curso a ese otro compromiso de campaña.

No pretendo aquí agotar el tema, sino recordar que es imperativa su discusión. También quiero advertir que no se debe subestimar el memorial del Departamento de Justicia por el hecho de que lo emitió la pasada administración del Gobierno de los Estados Unidos. Una lectura somera revela que el análisis se fundamenta en las posiciones que Justicia federal ha venido elaborando a través de múltiples ponencias ante congresos demócratas y republicanos, bajo los presidentes Bush (padre) y Clinton. Esto hace patente el consenso bipartita que ha venido surgiendo en el Gobierno de los Estados Unidos a través de las discusiones de status que se han dado con Washington durante la última década.

La independencia, por ser la fórmula más conveniente para nuestro desarrollo económico y de mayor flexibilidad para ambas partes, sale muy bien parada. El Informe interpreta -correctamente- el lenguaje sobre un tratado de cooperación, libre tránsito y comercio, sobre una transición económica razonable y sobre desmilitarización, como propuestas que se negociarían en el ejercicio de la soberanía de dos países libres. Pero no encuentra obstáculos constitucionales.

Sobre la ciudadanía, levanta la interrogante constitucional de si el Congreso puede siquiera exigir que los puertorriqueños, bajo la soberanía propia, elijan entre ciudadanía americana o la puertorriqueña que ya tendrían. Y reitera que, bajo la independencia, no existe impedimento constitucional a que alguna gente opte por ciudadanía dual.

Para el PPD, sin embargo, el análisis del Departamento de Justicia es embarazoso. No le deja al ELA actual ni una hojita de parra con que tapar su desnudez colonial. El análisis constitucional de la más reciente propuesta del PPD le asesta un golpe terrible a la demagogia de "soberanía" con "unión permanente"; y reafirma los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial para alterar cualquier arreglo cuando así lo desee. Tilda el llamado "consentimiento mutuo" como "constitutionally unenforceable", y reitera que la soberanía de Puerto Rico sólo es posible fuera de la de Estados Unidos -en otras palabras, la suprema definición: "o yanquis o puertorriqueños".

No tengo la menor duda de que nuestro pueblo quiere seguir siendo puertorriqueño. Pero en el análisis federal, la estadidad también recibe su tunda y por eso, astutamente, los líderes estadistas tampoco han querido promover su discusión. A un PNP acéfalo y a la deriva tras el abandono del partido por parte de Rosselló y Pesquera después de las elecciones, no le conviene resaltar que la estadidad para Puerto Rico le resulta indeseable a los propios norteamericanos.

Dice el Departamento de Justicia que, contrario a lo que sostienen los estadistas puertorriqueños, la anexión de Puerto Rico como estado resultaría en el menoscabo (impairment) de la representación de los demás estados en el Congreso.

El menoscabo del poder representativo ocurriría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes independientemente de que a ésta le añadan o le eliminen escaños para hacerle hueco a una delegación boricua.

Y aunque pretende limitarse a lo puramente constitucional, el análisis destaca el hecho de que la estadidad también tendría "consecuencias contributivas" (tax consequences) que tendrían que ponderarse.

Tomando en cuenta cuánto más se diluiría el poder de Puerto Rico bajo la estadidad, en comparación con los poderes de un Puerto Rico con soberanía propia, y considerando las nefastas consecuencias económicas y culturales para nuestro país, el análisis de la estadidad resulta simplemente devastador.

Con estas cartas sobre la mesa, es hora de que la gobernadora nombre la prometida Comisión de Unidad y Consenso sobre status.

Y como Puerto Rico es Vieques y Vieques es Puerto Rico, nuestro pueblo ha colocado el status en agenda prioritaria, ahora. Mañana ya puede ser tarde.