Se supone que la constitución de un país sea el documento indómito que no se allane a los dictámenes de ninguna otra ley, autóctona o extranjera. Contiene las reglas básicas del juego político acordadas por la sociedad que la enarbola. La constitución del Estado Libre Asociado, lamentablemente, es un documento espurio cuya oficial celebración en Puerto Rico constituye un acto más de la morbosidad política que nos impone nuestra subordinación a Estados Unidos.

Cualquier estatuto aprobado por la rama legislativa, cualquier ordenanza adoptada por un municipio, cualquier orden emitida por cualquier ejecutivo gubernamental, cualquier dictamen judicial -del más ínfimo tribunal hasta el Supremo- puede estar en armonía con nuestra llamada constitución para proteger o fomentar el bienestar de los puertorriqueños, pero carecer de validez si contraviene la constitución de Estados Unidos. La nuestra, lamentablemente, es una constitución congénitamente deficiente.

Cualquier estatuto aprobado por el Congreso de Estados Unidos, cualquier orden o reglamento de la rama ejecutiva de ese país o cualquier dictamen judicial de cualquiera de las cortes llamadas federales puede desplazar cualquier norma jurídica de los puertorriqueños, aunque no fuera ésa nuestra voluntad. Lamento decirlo, pero a la nuestra, a pesar de su "hechura más ancha", como ha descrito nuestro Tribunal Supremo sus disposiciones liberales, el ELA le ha roto los huesos.

Por eso Estados Unidos puede condenar gente en Puerto Rico a morir, aunque el documento que aquí llaman constitución lo prohiba. Por eso Estados Unidos puede interceptar llamadas telefónicas privadas, aunque nosotros colectivamente no queramos. Por eso nuestro país está impedido de beneficiarse económicamente, comprando mejores productos a mejores precios, vendiendo los nuestros en mejores mercados o haciendo tratados comerciales más atractivos para la inversión extranjera que lo que disponen las leyes de Estados Unidos para los inversionistas de su propio país. Hay menos producción y más desempleo en nuestro Puerto Rico por la impotencia de la constitución del ELA.

¿Cómo vamos a pensar que los padres de ese engendro jurídico pudieran tener la generosidad de permitir que nuestra constitución tuviera iguales poderes que la de ellos? Tendrían que habernos reconocido la soberanía que se arrogaron para sí en la confección del ELA. Y, de haberla tenido, hubiéramos acabado con los abusos del "Navy" antes.

Pero no fue –y no es– así. Por eso tuvimos que recurrir a las armas morales de la desobediencia civil pacífica en Vieques y en Culebra y millares de puertorriqueños fuimos desproporcionadamente sentenciados y encarcelados por infracciones menores. Por eso tantos puertorriqueños que objetaron de distintas formas la farsa de la instalación del ELA colonial padecieron cárcel, discrimen y persecución bajo la Ley de la Mordaza en la década de 1950 y hasta muerte en el Cerro Maravilla. Por eso los independentistas, obligados por ley a jurar lealtad a la inferioridad ética y sumisión política del ELA bajo la constitución de Estados Unidos para ejercer un cargo público, lo hacemos bajo protesta, para servirle al país sin faltarle el respeto a nuestra conciencia.

Lamentablemente, no puede enmendarse la constitución del ELA para regir en áreas bajo el control federal. Para que los poderes de la constitución del ELA prevalezcan en esas áreas sería necesario enmendar la ley federal que reglamenta el ELA y obligar a que Estados Unidos nos ceda sus poderes –es decir, exigir nuestra soberanía. Mediante enmiendas tampoco podemos cambiar nuestro estatus para obtener más poderes porque, lamentablemente, la ley que autorizó, enmendó y limitó el ámbito jurisdiccional de la constitución del ELA todavía impera y prohibió que los puertorriqueños enmendáramos nuestra constitución más allá de esos parámetros.

Pero aunque la ley que nos rige no lo dice, Estados Unidos y todas las naciones del mundo reconocen que Puerto Rico podría rehabilitar y liberar la imaginaria constitución del ELA si reclama un derecho irrenunciable. El derecho inalienable a nuestra autodeterminación e independencia es un derecho humano fundamental . Nos lo reconoce el Derecho internacional y el propio gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente, quienes se prestaron para la confección del engaño pudieron haber exigido cuando menos una soberanía constitucional y no lo hicieron.

Para que Puerto Rico pueda regir en áreas bajo el control federal, habría que rogarles al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que ellos enmienden sus leyes. ¡Rogarles, no! ¡Implorarles más de lo que han implorado los líderes coloniales por los últimos 54 años! Salvo que Estados Unidos impusiera y los puertorriqueños consintieran a la inferioridad ética de una nación sentenciada por los americanos a ser minoría perpetua en la cárcel federal de la estadidad, la única salida al estatus de las lamentaciones es la verdadera soberanía que conduce a la independencia, por la vía pacífica. Con cualquier otra cosa subsistirá el coloniaje que lamentamos.