La semana pasada la Gobernadora anunció, en alborozada conferencia de prensa, que el presidente George Bush, mirándola a los ojos, le había asegurado que haría buena su promesa de ponerle fin a los bombardeos de la Marina en Vieques en o antes de mayo del 2003. Mientras la señora Calderón se perdía en la mirada azul del tejano, el tribunal norteamericano en Puerto Rico recibía una petición de Fiscalía federal solicitando el encarcelamiento de Fernando Martín y Vance Thomas, presidente ejecutivo y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, respectivamente, por su negativa a pagar la multa que les fuera impuesta el año pasado al ser condenados por sus actos de desobediencia civil en Vieques. El regocijado alivio de la Gobernadora acusa que para ella el capítulo de Vieques está por cerrarse. La amenaza judicial a líderes independentistas señala que para los que se resisten a claudicar, la lucha está lejos de terminar.

Ambos incidentes -uno esparciendo la conformidad plena con la palabra del americano y otro recurriendo al poder de coacción que ostenta el tribunal federal por virtud de nuestra subordinación política-persiguen un mismo propósito. Hoy más que nunca, cuando a través de la guerra en Afganistán aspiran a posar como héroes justicieros y adalides de la democracia, los Estados Unidos tienen que despojarse del sambenito de tiranos que representa la denuncia sobre su abuso contra Vieques. Y como buenos mercaderes de su imagen, los norteamericanos saben que para dejar de lucir como un tirano no hay que dejar de serlo. Sólo hay que acallar a los acusadores. Conociendo la diversidad de espíritu de los que en distintos momentos han apoyado la paz para Vieques, los remedios son igualmente variados. Al que no se quiera dormir con la canción de cuna, lo van a apaciguar a golpes.

Es natural, por lo tanto, que los destinatarios de las acciones más represivas sean los que representan la columna de mayor resistencia. Para esa tarea, no existe mejor aliado que el tribunal federal.

Cuando más de cien hombres y mujeres del Partido Independentista fueron arrestados en julio de 2000 por entrar a la zona de tiro, el tribunal federal les impuso una fianza de mil dólares como condición para permanecer en libertad en espera de juicio. Esa imposición, inédita en casos de acusados de delitos menos graves con plena disposición para ser enjuiciados, permitió al tribunal norteamericano en Puerto Rico encarcelar, a cuatro meses de las elecciones, a parte importante del liderato interme dio del PIP, incluyendo docenas de candidatos a puestos electivos. Llegado su turno, el magistrado Castellanos fue más lejos y despojándose de la última hoja de parra ante un grupo de desobedientes pipiolos, les advirtió que, en su sala, acusado que no reconociera la jurisdicción del tribunal federal en Puerto Rico era acusado al que él no le iba siquiera a reconocer derecho a fianza. Víctor García y Manuel Rodríguez Orellana, legisladores del PIP, permanecieron en la cárcel más de un mes sin que se les señalar a juicio, en plena sesión de Cámara y Senado.

En el caso de Vance Thomas y Fernando Martín, fueron seleccionados por el juez Laffitte para ir ajuicio de manera separada a los demás compañeros que entraron con ellos a la zona de tiro por su posición de líderes del Partido Independentista. Las multas que se le impusieron (mil dólares a Fernando y setecientos a Vance) estaban basadas no en los hechos constitutivos del delito, sino en la jerarquía de cada uno en el PIP. Así lo indicó cándidamente Laffitte en corte abierta tras una inexplicable lectura de una selección de Paulo Coelho. Cuando ambos indicaron que no pagarían la multa, el juez, a sabiendas de que actuaba de forma ilegal y de que los pipiolos, como en el juicio, no levantarían defensa, ordenó su reingreso a la cárcel. La violación de ley fue tan flagrante que esa misma noche el juez reconoció que su obligación era dejarlos en libertad y conceder un término para el pago de la multa.

Hoy los fiscales federales amenazan a ambos con regresarlos a la prisión. Con la misma firmeza que mantuvieron en su arresto, su encarcelamiento y sujuicio, los dos líderes del PIP han anunciado que no pagarán la multa. Fernando les ha hecho claro que no pagará ni mil dólares, ni cien, ni uno. Vance ha reiterado que antes presos que de rodillas.

Por supuesto, no es el importe monetario de la penalidad lo que interesa al tribunal federal. Lo que para ellos no tiene precio es doblegar a dos líderes independentistas y obligarlos a reconocer la jurisdicción de la corte de Estados Unidos en suelo puertorriqueño. Esa es la espina en el corazón del tribunal federal: la osadía imperdonable de los que se resisten a matricularse en la adoración del becerro de oro. Através de su requerimiento de pago, los fiscales pueden afinar la mira y apuntar a quienes, por sus convicciones ideológicas, no cederán ante la amenaza. Para los representantes del gobierno de Estados Unidos, llegó el momento de utilizar un instrumento diseñado a la medida para encarcelar independentistas.

Con esas señales, no es éste el momento de refugiarnos en la mirada de ojos extranjeros. Yo no sé qué se revela o qué se oculta en el mirar del presidente de Estados de Unidos. Pero sé que Puerto Rico entero puede mirar a los ojos a Fernando Martín y Vance Thomas y ver allí dignidad y entereza. Con eso tenemos bastante.