Decidieron, como dijo José Martí, echar su suerte con los pobres de la tierra. Han traído la enseñanza de los Evangelios (“tuve hambre y me alimentaron, anduve sin ropa y me vistieron”) al reino de este mundo y estos tiempos (tengo SIDA y cuidas de mí, soy adicto y me das tu apoyo). Son las organizaciones comunitarias que, contra viento y marea, se han dedicado en nuestro país a dar servicios a pacientes VIH-SIDA, a adictos y a personas sin hogar. Con programas que van desde la prevención hasta el intercambio de jeringuillas, son la única luz en la vida de miles de puertorriqueños que más que marginados, han sido virtualmente descartados por la sociedad.

La semana pasada, muchas de estas organizaciones, convocadas por Iniciativa Comunitaria, el Recinto de Ciencias Médicas y Pro Familia, se reunieron en una Cumbre Comunitaria para compartir su experiencia y la de otras entidades, tanto gubernamentales como de comunidad, que en Estados Unidos, Santa Lucía, Uruguay, España y Suiza han asumido la misma tarea. La Cumbre giró en torno a la necesidad de elaborar una política pública que se aparte del modelo punitivo tradicional contra las adicciones y las situaciones derivadas de ella, para originarse desde la perspectiva de reducción de daños.

Cada país invitado presentó su adopción de la estrategia de reducción de daños. Este modelo, a la vez que advierte de los peligros asociados con el uso de drogas, parte del hecho confirmado de que son muchos los adictos a drogas para los cuales la abstinencia no es una alternativa inmediata. Son hombres y mujeres que por demasiados años han tenido la droga como eje de sus vidas, y pedirles que la dejan de un día para otro es pedirles lo imposible. Como regla general, han fracasado en sus muchos intentos de rehabilitación bajo programas tradicionales, y cada fracaso los ha llevado un escalón más abajo en el descenso por el infierno de la adicción. La experiencia en cada uno de esos países fue que al establecer como criterio para definir el éxito en la rehabilitación la mejoría en la calidad de vida y en el bienestar de los usuarios y sus comunidades, sin poner como precondición intransigible el cese en el uso de drogas, se vislumbra un alivio para la situación caótica que vivimos.

Esta visión se ha materializado a través de clínicas de medicación de heroína, programas de mantenimiento de metadona, programas de intercambio de jeringuillas, salas de inyección segura y modificación de conductas sexuales y de inyección que contribuyen a la difusión del HIV. Ninguno de los modelos que se han activado en otras jurisdicciones reclama la solución definitiva al problema de la drogadicción, pero es innegable que han alcanzado formas más efectivas y dignas de enfrentarla. En cada uno de los países invitados a la Cumbre no sólo se mejoró dramáticamente el nivel de inserción de adictos a una vida social y familiar estable, sino que se redujo de forma significativa la incidencia de delitos relacionados con el uso de drogas, se contuvo de manera apreciable la propagación del HIV, y se generó un sentimiento de satisfacción y mayor bienestar en la comunidad.

En Puerto Rico nos queda un largo trecho por andar. Tenemos unos 75,000 usuarios de drogas fuertes, aunque la cifra precisa no se conoce porque el Estado no ha realizado aún un estudio epidemiológico. Los estrepitosos fracasos de nuestro sistema prohibicionista no parecen ser suficientes para admitir que es momento de tratar algo diferente.

Ante la resistencia gubernamental de considerar la medicación de heroína y de la insuficiencia de los programas de metadona, Iniciativa Comunitaria, a través del programa Punto Fijo, se concentra en el intercambio de jeringuillas como medida para controlar entre la población adicta el daño por contagio de SIDA y hepatitis.

El intercambio de jeringuillas no sólo es humanitario y salubre; es por mucho una de las formas más sencillas de reducir los costos que implica la epidemia de SIDA. El 52% de los contagios en Puerto Rico se deben al uso compartido de jeringuillas infectadas. Los gastos de por vida relacionados con la enfermedad de una sola persona con SIDA ronda los doscientos mil dólares. Punto Fijo invirtió en el año 2000 $197,000.00 en la distribución de 334,000 jeringuillas. Esto significa que dar esa oportunidad de prevención a miles de personas cuesta menos que atender a una sola con SIDA. Si una sola persona evita el contagio por el intercambio que promueve Punto Fijo, se cubren los costos del programa –que por falta de recursos sólo alcanza un 10% de la población de adictos. Con la expansión del intercambio, se aumentaría la expectativa de prevención y además, se abaratarían los costos.

Para continuar este trabajo, urge que el gobierno armonice lo que dice con lo que hace. De nada sirve que los funcionarios públicos hablen de prevención o rehabilitación, cuando el gobierno acaba de reducir su aportación a Iniciativa Comunitaria y a muchas otras instituciones que, impulsadas también por una vocación extraordinaria, hacen una labor de un valor social incalculable. Mientras yo escribo, mientras alguien lee esta columna, hay hombres y mujeres abriéndose paso en hospitalillos, repartiendo jeringuillas, atendiendo enfermos deteriorados por el SIDA, alimentando a los deambulantes, aun sabiendo que este mes quizás no reciban su salario porque no hay con qué pagarles. Con su sacrificio, dan la cara por todos nosotros ante los más necesitados de nuestra sociedad.

La realidad con la que tienen que lidiar estas organizaciones la describió con precisión y angustia Paula Santiago, una fajardeña que dirige en Nueva York la Harm Reduction Coalition: “No hay espacio en mi corazón para aceptar las cosas como son. No se trata de falta de fondos, se trata de ausencia de voluntad” .

Las organizaciones como Iniciativa Comunitaria necesitan mucho más que apoyo moral y declaraciones de buenas intenciones. Necesitan dinero, necesitan leyes que descriminalicen el no tener un hogar o el ser adictos, necesitan que de la maraña gubernamental surja menos burocracia y más compasión. Convirtamos ese trabajo en la iniciativa de todos.