María habla desde el corazón y con la razón cuando dice por todos ellos: “Tenemos hambre de vivienda”. En un mundo en el que justicia y derecho no siempre significan lo mismo, las familias del sector Tocones de Loíza no saben cuánto tiempo podrán permanecer en el único hogar que han conocido.

No son ajenos a la amenaza del desarraigo: a escasos metros de donde ellos debaten hoy su derecho a habitar el mismo espacio que habitaron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, están los terrenos en los que murió Adolfina. Adolfina Villanueva: ¡cuánta ironía en el apellido de quien le tocó recoger en su pecho el balazo policíaco contra el que no pudo escudarla la ilusión y el afán por un pedazo de tierra para su familia!

Hasta hace apenas par de meses, antes de que el apocalipsis terrenal llegara en forma de excavadoras, verjas y guardias armados, esta comunidad colindaba en el norte con el mar de Loíza. Las casitas de esa parte, junto con el palmar que las rodeaba, fueron ya arrasadas y en su lugar se erigen cimientos de edificios. Algo de sus escombros queda por los alrededores, como el cadáver del ajusticiado que se exhibe en la plaza para disuadir a los potenciales infractores. Para que no quede duda de la pureza de esos desahucios, los proyectistas blanden un documento en el que se consignan en lenguaje rebuscado e impreciso varias transacciones jurídicas... firmado con una X, porque el cedente de los derechos no puede leer o escribir. A raíz de este “acuerdo”, don Goyito y su familia, incluyendo un paciente de diálisis, fueron trasladados a unos vagones donde los días van y vienen en medio de un calor sofocante y una pestilencia asfixiante.

Los dueños del proyecto exigen a la comunidad que entiendan que “va a haber unos cambios”. Nadie pretende negar que las cosas ya no son iguales, pero no es lo mismo estar de lado en el que el cambio representa ganancias millonarias, que enfrentar un nuevo estado de cosas, que significa, para familias completas, el fin de la vida como hasta entonces la habían conocido.

Hoy las familias cuyas casas están todavía en pie exigen una solución más justa. Si no prospera la defensa de sus títulos sobre los terrenos que por más de un siglo han ocupado y si el gobierno no considera favorablemente la posibilidad de expropiación, su única esperanza es que se les relocalice en un espacio en el que las familias no sean separadas. Cualquier otra opción entraña el castigo adicional de disolver para siempre una comunidad completa.

Lo que está pasando hoy en Tocones es apenas ejemplo de una situación gravísima que se da en todo el litoral. En la época en que la economía puertorriqueña giraba en torno a la industria agraria, el terreno que no se pudiera cultivar —como las áreas arenosas cercanas a las playas— apenas tenía un valor marginal. Era frecuente, por lo tanto, que los terratenientes cedieran el uso de esos terrenos playeros a personas de escasos medios para que construyeran allí sus casas. La posesión de estos terrenos continuó de generación en generación, en ocasiones sin que los dueños registrales realizaran acto de dominio alguno. El panorama comenzó a cambiar cuando esas tierras antaño inútiles adquirieron valor para la construcción de hoteles, casas y apartamentos de playa. Es así que familias cuyos abuelos y bisabuelos se instalaron por primera vez en sus parcelitas hace tanto como un siglo, se enfrentan ahora a la posibilidad de ser desahuciados en cualquier momento.

La gente de Tocones ha resistido hasta el momento, pero necesitan toda la ayuda posible. Los mantiene su orgullo y su sentido de pertenencia a su tierra, y esa fuerza de la comunidad ha dado espacio para ejemplos formidables de solidaridad. El alerta dado por Mayra Vega y José Vargas Vidot, de Iniciativa Comunitaria, los desvelos de los asesores del Partido Independentista Jorge Fernández y Lirio Márquez, la ayuda de Servicios Legales y la denuncia de los medios de comunicación (lo que le ha valido a varios periodistas los más amargos reproches de parte de los proyectistas) se han combinado para lograr que hoy Tocones tenga la atención del gobierno y la posibilidad de resistir si no a la relocalización, al menos al desmembramiento.

Llegó el momento de que el Estado actúe, y decida hasta dónde está dispuesto a llegar para que en Tocones se haga justicia. La genuina preocupación en el asunto demostrada por las titulares de Comunidades Especiales y del Departamento de Vivienda debe coincidir con una revisión mayor de la política pública gubernamental sobre las comunidades con problemas de titularidad y la tangencia de esa situación con la permisividad en la construcción.

Tocones, y las cientos de comunidades en situación similar, tocan a las puertas de la conciencia del gobierno trayendo en las manos los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. Desde Tocones nos habla la pobreza (pobreza como esa que nos quieren hacer creer ya no existe en Puerto Rico), la urgencia de reconciliar los resabios de una economía agraria con los nuevos modelos de ocupación urbana, las consecuencias de una falta de planificación integral para la zona costanera, y de forma especial, la situación de la mujer puertorriqueña.

Al igual que en tantas comunidades marginadas en Puerto Rico, muchas de las mujeres de Tocones son jefas de la familia inmediata y ejes de las familia extendida; como María Mercado, son voz y acicate; como doña Jesusa, son símbolo de resistencia. Ellas nos señalan que en Tocones, en todo Loíza, en cada comunidad amenazada, hay hambre de justicia.