Con la publicidad y los alaridos de inocencia que la convierten en la versión pequeña y local de los avatares de O.J. Simpson, continuó la semana pasada la odisea judicial de Carlos Pesquera y sus compañeros del PNP, acusados de amotinarse en la Procuraduría de la Mujer. Mociones, abogados y testigos en números que triplican los que se darían en un caso similar si el acusado fuera cualquier hijo de vecino, nos recuerdan que ante la justicia, por ciega que se la pinte, para algunos siempre hay recursos con que inclinar un poco la balanza. Por otro lado, como un homenaje a la teoría clintoniana de la “vasta conspiración de la derecha”, Rosselló señala desde la comodidad de su exilio virginiano que en todo este lío de acusaciones contra los miembros de su partido, lo que se ve es la mano siniestra de un “triunvirato del terror”. Es el vicio de los estadistas: a través de sus cojas imitaciones de lo que ven en el Norte, caricaturizar lo que ya era una caricatura.

Hay que ver, sin embargo, el otro lado de tanto revuelo. En casos que revisten un interés especial, como el de la Procuraduría, son dos los que van a juicio, los acusados y el sistema que acusa. Lo que pasa desapercibido tantas veces en miles de casos anónimos, llega entonces a las primeras planas de los periódicos. Aquí, uno de los señalamientos de más peso en ese segundo juicio ha sido la insistencia del estado en colocar en el banquillo de los testigos a la prensa del país. En un ataque a la libertad de prensa que hace eco de la ocasión en que un gran jurado federal pretendió obligar a la periodista Daisy Sánchez a revelar fuentes y detalles de su entrevista a Filiberto Ojeda, ahora la fiscalía del ELA insiste en obligar a las estaciones de televisión a entregar la totalidad de los vídeos del incidente que protagonizó Pesquera, incluyendo los “crudos”, o material que nunca fue al aire. Se trata, para todo fin práctico, de alterar el papel de la prensa de uno de comunicadores al pueblo a otro de ojos y oídos del interés estatal.

Nuestro ordenamiento reconoce que las comunicaciones entre cónyuges, entre abogado y cliente, entre confesor y feligrés, entre médico y paciente -producidas en el contexto de instituciones básicas para nuestra sociedad- merecen tal protección que no se puede compeler a su divulgación. Tampoco se puede obligar a un abogado a que revele el producto de su trabajo en un caso. Cuando hablamos del derecho de la prensa a proteger su material, la referencia es un derecho constitucional fundamental para una democracia saludable. ¿Cuál es entonces el fundamento para que en nuestro país, donde, como se repite a la saciedad, contamos con una constitución de una “factura más ancha” que otras jurisdicciones en lo que concierne a interpretación de derechos, no se extienda por la vía judicial ese privilegio al trabajo periodístico?

El caso Pesquera no es el más simpático para invocar protección a posible evidencia acusadora. La prepotencia y la violencia exhibidas en el asedio a la Procuraduría, y luego el falso martirologio de los acusados, inflaman la percepción de que sólo se hará justicia si se logra la convicción de los implicados. No es la posición más cómoda el abogar por algo que pueda hacerle la vida más fácil a la defensa. No hay duda, sin embargo, de que hay testigos más que suficientes para declarar lo mismo que revelaría el material periodístico. Y aun si fuera de otra manera, si el reconocimiento de un privilegio periodístico significara que la fiscalía se quedara corta en su prueba para lograr una convicción, la balanza no debe oscilar entre el deseo de lograr esa declaración de culpabilidad y el no poder lograrlo, sino entre el valor que significa tener una prensa vigorosa y sin ataduras al estado y las consecuencias de convertir cada cámara, cada grabadora, cada libreta de apuntes de un periodista en instrumentos a la disposición incuestionable de fiscalía.

La pasada administración fue duramente criticada por el trato rudo y la actitud confrontacional del ex gobernador Rosselló hacia la prensa. Bajo la gobernación Calderón, algo se ha superado de aquella etapa de empujones, disfraces y declaraciones cargadas de cinismo. Pero no basta un barniz de cortesía para establecer un trato de respeto hacia la prensa. No se trata solamente de la entrega de material exigida en el caso de Pesquera. Para completar el cerco a los medios, el Superintendente de la Policía propuso lo que, según sus palabras, sería “un reglamento oficial para sistematizar el flujo de investigaciones y ciudadanos intervenidos”. Ese filtro a la información, descartado finalmente ante la presión pública, no habría sido otra cosa que la institucionalización de las barreras que en muchos casos ya existen para evitar la publicidad de datos gubernamentales.

La prensa tiene el consuelo de constituir en sí misma un medio de denuncia y de poder costear, si fuera necesario, la reclamación de información del gobierno por la vía judicial. Cuando los afectados por las trabas del Estado son ciudadanos particulares, comunidades de escasos recursos o instituciones no gubernamentales, es otro el cantar. Todos los días se dan en este país batallas por recuperar documentos inexplicablemente retirados de las páginas de internet de las agencias de gobierno, expedientes desaparecidos, registros extraviados.

En el caso de Pesquera y compañía, el estado hace una petición irrazonable de información. Con el protocolo de Pereira —y con la práctica en muchas agencias-- se quiere imponer obstáculos irrazonables al acceso a datos gubernamentales. En ambos casos, quien tiene las de perder es la democracia que el gobierno está llamado a defender. No es el veredicto que queremos.