Por más tiempo del que algunos quisieran admitir, se ha sabido que la raíz de muchos actos de corrupción gubernamental está en las aportaciones privadas a las campañas electorales. En los últimos dos años, casos como el de Víctor Fajardo, y las alegaciones sobre fondos privados aportados a la campaña de la señora Gobernadora para desviarlos ilegalmente a través de sus candidatos legislativos, hicieron impostergable la discusión sobre el tema que el PIP ha estado planteando por veinte años: el financiamiento público de las campañas como herramienta para desterrar a los inversionistas políticos del sistema electoral. Así quedó planteado el reto para esta administración: o nos quedamos con el sistema Fajardo de financiamiento de campañas o nos ponemos las faldas y los pantalones en su sitio y le hacemos frente a los inversionistas políticos y a sus aliados.

El punto de partida sería la legislación aprobada bajo la administración Rosselló, que estableció el financiamiento público parcial para las candidaturas a la gobernación. De acuerdo a esa ley, que se estrenó en la campaña de 2000, cada candidato a la gobernación puede optar por acogerse a un sistema de financiamiento público, con tres millones de dólares para gastos de medios. Esos tres millones, son además, la cantidad máxima que se puede gastar en radio, prensa y televisión. Los otros gastos de la campaña pueden ser costeados a través de donativos privados, pero con un tope de tres millones de dólares a las cantidades recaudables de esa forma.

La Gobernadora trató, sin éxito, que la Asamblea Legislativa aprobara una Ley de Dinero Limpio, que extendiera el financiamiento público a otras candidaturas. Los detractores del proyecto sabían bien lo que hacían: una ley de dinero limpio, con igual acceso para todos los candidatos, significaría que las ideas favorecidas por los grandes intereses económicos—es decir, los que sufragan las campañas de los partidos de mayoría-- no monopolizarían ya ese “mercado de ideas” que es la contienda electoral. Dinero limpio en igualdad de condiciones para todos garantizaría el acceso del pueblo a los candidatos que no tenían que deberle su campaña a ningún inversionista. Por eso, tiene uno que haber nacido ayer para tragarse el cuento de que la oposición a la Ley de Dinero Limpio se fundamentaba en la preocupación genuina por el gasto público. Lo que le quitaba el sueño a unos cuantos es que desapareciera la mordaza que históricamente ha limitado la expresión de los que nunca han ofrecido su conciencia al mejor postor a cambio de un dinerito para tener más publicidad.

Así las cosas, y animada ya por propósitos menos nobles, la señora Calderón rescató del olvido a cuatro antiguos funcionarios del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático para que conformaran, junto a la Lcda. Damaris Mangual, del Partido Independentista Puertorriqueño una Comisión para la Revisión del Financiamiento Electoral. Cincuenta días antes de que venciera el término para su encomienda, los comisionados populares y penepés declararon haber hallado la solución al problema del financiamiento de campañas: se queda el sistema Fajardo, pero mejorado.

Decidieron estos cuatro señores que en lugar de detener el avance de los inversionistas políticos, utilizarían su posición en la comisión revisora para proponer que el pueblo de Puerto Rico promueva, incentive y subsidie a esos inversionistas. Su proyecto, que sólo puede ser llamado la nueva ley de dinero sucio, se centra en dejar intactos los tres millones de aportación pública, pero permitiendo que los candidatos puedan recaudar hasta cuatro millones en donaciones privadas ¡y que esas donaciones sean pareadas por el gobierno! O sea, si un partido recoge cuatro millones a través de los mecanismos que todos conocemos, se le premia con cuatro millones más de fondos públicos, para un total de once millones para su campaña. Al que más tiene, más le damos, y así se acaba de una buena vez con cualquier posibilidad de igualdad entre los candidatos. Desde que se les aguó la fiesta del carpeteo y la persecución, es los más cerca que han logrado estar de implementar una nueva ley de la mordaza. Y como para ellos (así lo han dicho) el nivel de democracia se mide por la cantidad de anuncios que sus partidos pueden pautar, proponen que se elimine el tope de gastos de medios, para gastarse si quieren los once millones completos en anuncios. Va a ser tanta la democracia, que no van a dar los canales y las estaciones de radio para la publicidad de doña Sila y del candidato penepé. Porque hay que ver cómo esos funcionarios del PPD y el PNP, que en todo lo demás se odian a muerte, en esto se han puesto de perfecto acuerdo, y andan agarraditos de mano para vendernos como la gran cosa una propuesta –y esto sí es grande—que coloca al sistema de financiamiento de campañas más atrás de lo que lo dejó Pedro Rosselló.

Ante ese panorama de contubernio, la Lcda. Damaris Mangual, respondió con una propuesta para reformar de verdad el financiamiento: los tres millones que hoy se asignan para el candidato a Gobernador, reducirlos a dos; la campaña de medios, restringirla a cuarenta y cinco días antes de las elecciones, y limitar a dos millones los donativos privados que se recauden para otros fines. Nadie puede decir con honestidad en este país que no son suficientes (para los candidatos y para los ciudadanos que sufren la invasión de los anuncios políticos en los medios de comunicación) dos millones de dólares y seis semanas para hacer una campaña de medios decente y adecuada. El resto de la campaña, a buscar votos donde tienen que estar los candidatos: no en un estudio de grabación haciendo anuncios, sino pueblo a pueblo, y casa a casa.

Esa propuesta nuestra, la de una reforma de verdad al financiamiento de campaña, es la que los populares llaman “vergonzosa”, y la valentía de Damaris Mangual al renunciar a una Comisión que se convirtió en defensora del inversionismo político es lo que los tiene sangrando por la herida, destilando la amargura de los que se saben descubiertos. Porque aquí no estamos para paños tibios. Hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino; y a esta burla de la Comisión revisora, a este empaque de populares y penepés para violar el espíritu del financiamiento público, hay que denunciarlo como el mayor escándalo político de los últimos años.

Para allanar el camino a la corrupción, para tramoyas y engaños, los rojos y los azules tiene bastante con su mutua cooperación. No cuenten con el Partido Independentista.