María de Lourdes SantiagoLa primera imagen que toda mi generación tuvo de una cantera fue una de lo más simpática: era el sitio donde el buenazo de Pedro Picapiedra se ganaba la vida, haciendo lo que su apellido muy bien sugería para beneficio de la empresa propiedad del señor Rajuela. La vida en Piedradura transcurría sin que la extracción y molido del material rocoso perturbara a sus habitantes, que podían así ocuparse de cosas más importantes, como el club de los búfalos mojados. Pero eso son los muñequitos de la tarde y una cosa muy distinta es la realidad de convertirse, sin quererlo, en vecino de un proyecto cuya razón de ser no es otra que literalmente devorar la corteza terrestre, transformando montañas enteras en polvillo, piedra o relleno. Del lado de acá del televisor, la vida en Piedradura puede ser una pesadilla.

Existen unas cientocuarenta canteras en Puerto Rico. De ellas se extrae material volcánico, mármol o gravilla. En la zona norte del país y en algunos puntos del sur, como Ponce y Guayama, hay canteras de carbonato calizo (o sea, cal), y por toda la zona costera y en los ríos se encuentran proyectos de extracción de arena. Excepto estas últimas, casi todas están en lomas o montañas, lugares que por ser poco propicios para el cultivo o la construcción estaban cubiertos de vegetación; así, para arrancarle a las entrañas de la tierra el material que se busca, hay primero que deshacerse de los bosques que por siglos habían permanecido intactos.

La operación de una cantera, por definición, tiene un impacto ambiental grande. Altera de forma permanente la topografía e incide en la trayectoria de las redes de drenaje de agua. Las canteras impactan recursos no renovables; lo que a causa de ellas se pierde, se destruye o se arranca no volverá nunca, jamás, en toda la eternidad a volver a ser lo que era.

En un país con nuestra densidad poblacional es imposible encontrar una cantera explotable lejos de una zona poblada. Por eso, las molestias incidentales a su funcionamiento –polvo fugitivo, ruidos de maquinaria y camiones, uso de explosivos— se traducen inevitablemente en problemas de salud, residencias agrietadas, desvelos y limitación al movimiento de los vecinos dentro de su propia comunidad.

Sólo la suerte ha impedido que ocurran más desgracias en los vecindarios aledaños a ciertas canteras. Hace unos años, la detonación de explosivos en la cantera Hipódromo lanzó una roca de cientos de libras hasta una calle de Loíza Valley, la urbanización aledaña. El saldo fue un automóvil destrozado, pero bien pudo haber sido una vida. En la cantera Carraízo ha habido incidentes similares, con la preocupación adicional de que el uso de explosivos tan cerca de la represa resulte en un accidente de grandes proporciones. Cuando los vecinos se organizaron y exigieron ver la lectura del sismógrafo que la cantera viene obligada a consultar continuamente, resulta que llevaba averiado todo un año.

En Loíza, la extracción de arena le ha añadido al paisaje ocho “lagunas” artificiales. Son las depresiones dejadas por la excavación debajo del nivel freático, lo que hace que los inmensos agujeros estén permanentemente llenos de agua. La tentación de un chapuzón en esa enorme piscina ha causado ya la muerte de un niño. Una vez en el agua, es imposible salir sin ayuda, porque las paredes arenosas no proveen agarre para subir por ellas.

La seguridad de los niños tampoco parece ser un factor en la propuesta para una nueva cantera en la zona urbana de Vega Baja. A alguien le parece que es muy buena idea que el trajín de polvo, máquinas y camiones tenga lugar justo frente a una escuela-y en terrenos inmediatos a una “comunidad especial”.

Juana Díaz está al frente de la lista de canteras por kilómetro cuadrado. Una comunidad vive literalmente rodeada por cuatro canteras. Estos proyectos de extracción presentan un peligro muy particular: pueden dañar irremediablemente la cueva Lucero, cuyas paredes cubiertas de petroglifos indígenas son un tesoro arqueológico.

En los sectores Montaña y Valle Verde del pueblo de Florida la diligencia de los vecinos ha documentado el laborioso horario de la cantera Florida Agregates. Los días menos malos son cuando los camiones no empiezan a pasar hasta las cinco de la mañana, pero a veces la jornada empieza a las dos y treinta de la madrugada. El desfile de decenas y decenas de camiones no termina hasta entrada la noche—a veces tan tarde como las nueve.

Pero hay algo más que el pase-misín de los camiones. Florida Aggregates no ha podido certificar que cuenta con los permisos necesarios. El Departamento de Recursos Naturales tampoco puede dar fe de haber autorizado esa operación. Además, aun cuando contaran con permiso de operación, necesitarían autorizaciones adicionales para usar alguna de la maquinaria de la que depende la extracción. Ninguno de esos documentos aparece. Y no sólo está en riesgo la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. El pueblo de Florida está sobre agua. Bajo las calles, las fincas, las urbanizaciones, hay una red de agua subterránea, de la que se sirven decenas de miles de personas en la costa norte. Cuando la piedra caliza que se extrae se reduce a la consistencia de talco, los residuos se escapan hasta los sumideros, y los tapan o contribuyen a contaminar el agua. La cantera continua operando sin que se examine el efecto que puede tener sobre la salud de miles de puertorriqueños.

Pero así es la vida en la Piedradura de la realidad. Se calcula que casi la mitad de las canteras en Puerto Rico operan sin permisos, o en violación a los términos que proveen sus permisos. Las leyes y reglamentos vigentes, no sólo se ponen en vigor selectivamente, sino que son anacrónicas y desintegradas. La miopía del gobierno, su indiferencia ante el sufrimiento de los comunidades, se debe a mucho más que a la mera incapacidad burocrática. En un país en el que no hay proyecto de desarrollo económico, cada administración, a su forma, se ha aferrado a la industria de la construcción para crear una impresión falsa de bonanza–falsa porque no es un desarrollo sostenido; la actividad que se genera, es por definición, de duración limitada. Por eso, cuando aquí se jactan de hacer “obra”, lo que quieren decir es puentes, carreteras, casas; nunca salud, educación o calidad de vida. Los constructores, y los que se pasean entre ellos, son las vacas sagradas que ni las administraciones populares ni penepés se atreven a tocar. Lo que cuenta es el cemento—y la materia prima que se necesita para colocar bloque sobre bloque y que sale, por supuesto, de las canteras. En la balanza en la que se mide el derecho de la gente a vivir seguros y en paz, versus el interés económico de los dueños de las canteras, los primeros siempre pesan menos.

La solución, claro está, no es prohibir las canteras. Es hacer que se sometan a un proceso planificado, que no impacten acuíferos, que no atormenten a las comunidades, que no se siga extrayendo material de forma indiscriminada. Los señores Rajuela del siglo XXI no pueden persistir en esa actitud cavernícola de “todo para mí y allá la gente que sufre por mi culpa”. Y no puede el gobierno seguir consintiéndolo.