Hace ya mucho tiempo, los puertorriqueños resolvimos el debate sobre la pena de muerte. La Constitución aprobada en 1952 –y ratificada por el Congreso norteamericano—establece que en nuestro país no existirá la pena capital. También dispone, por respeto al derecho a la intimidad, que no se interceptarán llamadas telefónicas, y en atención a la presunción de inocencia, que todo acusado tendrá derecho a libertad bajo fianza. Pero en un sistema de subordinación política como éste en el que vivimos, el colonizado propone y el colonizador dispone. Por eso las autoridades norteamericanas, como funcionan bajo la Constitución de los Estados Unidos, que en términos de derechos de los ciudadanos es tremendamente anticuada, lo mismo interceptan teléfonos que meten gente a la cárcel sin fianza. No importa, para ejercer la jurisdicción judicial y policíaca de los Estados Unidos en Puerto Rico, lo que aspiremos, o digamos o reclamemos los puertorriqueños. Y para probarlo una vez más, el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico se apresta a juzgar a dos puertorriqueños, por un delito cometido en suelo puertorriqueño, que de ser hallados culpables pudieran ser condenados a morir. Aunque nuestra constitución no lo permita. Aunque se trate de una ley aprobada por un Congreso en el que nosotros no estamos representados. Aunque vaya contra nuestros valores.

Los puertorriqueños no estamos solos en nuestro rechazo a la pena capital. Muchos gobiernos alrededor del mundo han convertido la abolición de la pena de muerte en un asunto prioritario, como cuestión de derechos humanos. Inglaterra, por ejemplo, se niega a extraditar a los Estados Unidos a acusados que pudieran enfrentar allí la ejecución. Para casi todos los países desarrollados en el mundo, la posibilidad de que el Estado institucionalice la violencia quitándole la vida a un reo es sencillamente un vestigio de barbarie. Pero el caso es otro –y parece que lo seguirá siendo por mucho tiempo—en la tierra de la libertad, los Estados Unidos de América.

Existen argumentos de sobra para oponerse a la pena de muerte. Los religiosos acogen el mandato inequívoco de las tablas de la ley: “No matarás”. Los especialistas en criminología aceptan que los datos recopilados en las jurisdicciones en las que se aplica la pena de muerte revelan que no ha servido como disuasivo contra la comisión de los delitos punibles con la pena capital. Ocurren tantos crímenes violentos en los lugares con pena de muerte como en aquellos que no la hay. Para el que prefiera el argumento económico, ahí están los números. El costo al erario público (cuando los acusados son indigentes, el estado tiene la obligación de pagar su defensa) de un caso de pena de muerte, si se calcula desde su inicio hasta la ejecución, fluctúa entre uno y tres millones de dólares, en algunos casos mucho más. El mismo año que el estado de Nueva Jersey despidió a quinientos policías porque no tenía con qué pagarle su salario, se gastaron dieciséis millones de dólares en poner en vigor la ley estatal de pena capital. En contraste, mantener a una persona encarcelada de por vida cuesta menos de medio millón de dólares.

Otra de la grandes razones para oponerse a que el estado mate a un convicto es la falibilidad humana. No son pocas las historias de condenados injustamente, personas que han muerto por delitos que no cometieron. Un puertorriqueño que esperaba por su ejecución fue liberado recientemente, cuando tras muchos años se logró probar su inocencia. ¿Por qué, entonces, en la cultura política norteamericana persiste la imposición de un castigo que nosotros en Puerto Rico –el país pobre y pequeño que ellos vinieron a “civilizar”—descartamos hace más de medio siglo como bárbaro y arcaico? Un criminólogo estadounidense atribuye la infatuación de sus compatriotas con las ejecuciones a lo que él llama la tradición norteamericana de la justicia del vigilante. La pena de muerte se ve allá, no como un acto de un gobierno distante, sino como un instrumento de ajusticiamiento local, una instancia, ciertamente primitiva, de venganza comunitaria. De ahí el papel que el elemento racial juega en la imposición de pena de muerte en los Estados Unidos. Más de la mitad de los prisioneros a la espera de ser ejecutados son negros o latinos, y en algunos estados el 90% de los casos en los que la fiscalía solicita pena de muerte el acusado es afroamericano. Un ochenta por ciento de las personas ejecutadas fueron convictas por matar a una persona de la raza blanca, aunque los asesinatos de personas de otras razas suman más de la mitad de los casos de homicidio. Hay estados en los que un convicto por matar a una persona blanca tiene una probabilidad siete veces mayor de ser condenado a muerte que si hubiera matado a un negro. Lo que ha sucedido es que la cultura del linchamiento de afroamericanos –un hecho tan tristemente común como aceptado hasta entrado el siglo veinte—se ha trasladado, encontrando cierta legitimidad, al sistema judicial. Por eso, aunque 38 estados de la unión tienen leyes que permiten la pena de muerte (los restantes no tienen estatutos que la posibiliten, pero sólo Michigan tiene una prohibición constitucional parecida a la nuestra) la mayoría de las ejecuciones se realizan en lugares donde es más tangible el racismo que antes alimentaba el ansia de linchamiento y ahora se escuda bajo la legalidad de la pena de muerte.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a pronunciarse sobre la aplicabilidad de la ley federal de la pena de muerte en Puerto Rico hasta tanto se produzca una condena. Pero aquí conocemos bien la historia de los problemas políticos canalizados a través de las cortes; pues, le pese a quien le pese, tras el tema de la pena muerte, se asoma el fantasma de un status colonial por el que ya no saben cómo responder ni los americanos ni sus aliados locales. ¿Cómo justificar si no, que en un asunto tan fundamental ni gobernadores ni comisionados residentes penepés o populares hayan dicho ni esta boca es mía? No podemos esperar por un tribunal, ni conformarnos con meras expresiones legislativas sobre lo mucho que lamentamos que la pena de muerte se pueda aplicar aquí. Hace años, el entonces portavoz del PIP en el Senado, Rubén Berríos, radicó una resolución concurrente para exigir al Congreso que, en virtud de la doble ilegitimidad que representa imponer un castigo que prohíbe nuestra constitución y que se aplica aquí a través de una ley votada por un cuerpo legislativo en el que no estamos representados, se exima a Puerto Rico de la aplicabilidad de la pena de muerte. Hoy, a través del senador Fernando Martín, renovamos la petición. Queda que esta vez la Asamblea Legislativa se anime a actuar. Es cuestión de vida o muerte.