Don José María Torres González (Pepé, como le conocían sus amigos y compañeros de lucha), se rehusó, toda su vida, a sacar la licencia de conducir. Prefería esperar que alguien lo pudiera llevar a los sitios o recurrir a las complicadas rutas de la transportación pública. No quiso tener licencia por ser independentista. Como le decía a sus hijos, estaba convencido de que las fotos y la información con que el Departamento de Transportación y Obras Públicas expedía la licencia, pasaban a manos de la Policía, que las utilizaba en la persecución con la que por décadas los gobiernos del PPD y el PNP castigaron a los que aspiraran a que en Puerto Rico mandaran los puertorriqueños.

Bastante tenía con que la Policía vigilara su casa constantemente y creara animosidad entre los vecinos con interrogatorios sobre las actividades, los amigos y la familia del señor que era señalado en su calle como “el independentista”. Con el sentimiento de impotencia del ciudadano perseguido por el Estado, no tener licencia era su pequeño acto de rebeldía, su forma de resistirse a la abominable práctica oficial de hacerle la vida imposible a los independentistas. Escuchando los muchos recuerdos que tiene de él Rubén Berríos, sobre todo de los largos días en los que guiados por don Nicodemo Vélez y don Waldestrudis Alvarado recorrieron los barrios ponceños de Clausells y Cantera buscando firmas para inscribir al PIP en el 1967, lo de la licencia parece también una de las salidas de humor e ingenio que caracterizaban a Pepé, cuya presencia, cuenta Rubén, aseguraba que todo el mundo estuviera contento. El que quisiera perseguirlo, que por lo menos pasara trabajo.

Tenía razón don Pepé. El pasado viernes, en el juicio por los daños causados por el carpeteo que tras su muerte continúa su familia, su hijo, el Lcdo. José Edgardo le relataba al tribunal cómo, cuando Pepé recogió su carpeta, una nota aclaraba que no se incluían fotos entre los documentos, porque “el investigado no estaba registrado como conductor”. Pero no es sólo la foto de Pepé lo que falta en ese expediente. Lo que no está en esa carpeta, en ninguna de las carpetas, es la explicación para el fracaso de una operación como el carpeteo (tan complicada y en la que se invirtieron tantos recursos), que, como sabían los propios carpeteados y como declaraba José Edgardo, “estaba diseñada para quebrantar la dignidad de la gente, para que dejaran de ser independentistas”. No puede estar eso explicado en las carpetas, ni lo pueden entender hoy los herederos ideológicos de los carpeteros, porque lo que significó para Pepé ser discípulo de hombres como Erasmo Velázquez Olmedo (encarcelado en el 1937 junto a don Pedro Albizu Campos) y Javier Mulero (patriarca de toda una familia de patriotas) no cabe en las anotaciones de los informantes a sueldo que, lo mismo con verdades que con mentiras, engordaron las más de quince mil carpetas y ciento cincuenta mil tarjetas que servían de referencia para discriminar y perseguir a los independentistas.

Queda mucho por decir y por escribir sobre la represión del independentismo en Puerto Rico, y queda aún que se levante una nueva generación que crezca libre del temor de que por ser independentista hay que pagar el precio de ser investigado y fichado como un criminal.

En el curso de este año y del próximo, quedan también por verse muchos de los casos de las carpetas. Hace años que se adjudicó la responsabilidad del ELA por persecución y discrimen, pero de la misma manera que por décadas se utilizaron inmensas sumas de fondos públicos para violar los derechos civiles de los independentistas a través del carpeteo, hoy el gobierno se sigue gastando una millonada en pagos a bufetes privados para que insistan en defender lo indefendible. Aunque al gobierno le saldría más barato transar que defenderse, es tal la contumacia—y en el fondo, la cultura antiindependentista que aún prevalece — que mientras sobra generosidad para el pago de facturas legales, se escatima el pago de compensaciones por los daños que causó el gobierno a tantos puertorriqueños.

La última pregunta que le hizo el abogado de la familia Torres al hijo de Pepé fue cuál había sido la mayor herencia que le había dejado a sus hijos. La respuesta de José Edgardo, hablando por él y su hermano José Javier fue: “El saber que hay que luchar por las cosas en las que uno cree, sobre todo en la independencia de Puerto Rico, sin importar los golpes que nos dé la vida”. Esa herencia de Pepé –y de todos los carpeteados que supieron resistir el vendaval de la persecución—está bien aprovechada. Él fue, como dijo en el tribunal José Edgardo, “independentista desde que nació; independentista hasta el día en que murió”. Hoy José Edgardo (uno de los principales investigadores del caso del Instituto del Sida) sigue sus pasos, y como parte de la nueva generación de líderes del PIP, será nuestro candidato a representante por el Precinto 3 de San Juan.

El gobierno podrá continuar, en cada uno de los casos de las carpetas, haciendo un vergonzoso esfuerzo por defenderse y esquivar su responsabilidad en el capítulo más oscuro de la historia política de Puerto Rico, cuando hicieron de las vidas de gente decente y buena un auténtico calvario, sólo por ser independentistas. Pero lo que realmente importa del caso de las carpetas ya lo perdieron, no porque lo dictamine hoy o mañana un tribunal, sino porque no lograron extinguir el deseo de libertad de este pueblo. Como la prueba irrefutable de su derrota, están los hijos de Pepé y los que con ellos continuamos en la lucha por nuestra independencia.