Son unos verdaderos sobrevivientes. Contra la corriente que arrastró a los sanjuaneros hasta los suburbios, condominios y “walk ups” en los que la caseta del guardia desplazó a la garita como símbolo de la capital, hacen sus vidas en el mismo centro de la ciudad. Contra la homogenización que priva en la mayoría de las áreas residenciales metropolitanas (“yuppies” para un lado, retirados para otro), allí se llaman vecinos la señora octogenaria que nació en la casa que aún ocupa, la pareja que cría a sus hijos preadolescentes y el joven que acaba de adquirir su primera residencia. Hay amas de casa, abogados, artistas, obreros, desempleados, maestros y retirados. El anonimato que en otros lugares hace completos extraños de quienes viven puerta con puerta no ha extendido hasta allí su sombra: los residentes de la calle Las Iglesias saben nombre, apellido y estirpe de los muchachos que vienen a jugar con sus hijos; don José y don Meinardo comparten en las mañanas el pan y las noticias y el vecino sabe preocuparse si ese día no ha visto a la señora que vive al frente. Algunos recién se mudaron allí; otros llevan más de cincuenta años y antes de ellos, sus padres y sus abuelos. En el siglo 21, representan lo que en San Juan se ha convertido en un fenómeno en vías de extinción. Allí, con las principales avenidas del país como frontera, en San Mateo de los Cangrejos de Santurce existe aún una verdadera comunidad.
Con el desastre que ha sido la planificación urbana en Puerto Rico, la existencia de una comunidad así en Santurce debería ser vista como un milagro y un ejemplo. Pero en el mundo al revés en que se ha convertido nuestro país, lo que propone el Plan de Revitalización de Santurce auspiciado por el Departamento de la Vivienda es exterminar esa comunidad para darle paso a edificios de apartamentos cuyo costo comienza cerca del cuarto de millón de dólares, a los que, por supuesto, ni en sueños pueden aspirar los residentes actuales del área. Es lo que los norteamericanos, con su lenguaje tan práctico para estos asuntos, llaman “gentrification”, y que en castellano es algo así como sustitución de población o, para hablar más claro, “fuera los pobres y los clase media, que esta localización es demasiado buena para ustedes y mejor mudamos aquí a gente rica”.
Como llamar las cosas por un nombre se ha convertido en algo políticamente inaceptable, el proyecto responde a ese nombre de “revitalización”, como si con eso esta administración pudiera escapar a la ironía de que para alegadamente dar ese segundo aire a Santurce están arrancando lo único que hay de vitalidad en la zona. Si alguien quiere que se remoce Santurce, y que se le devuelva la gloria de la que una vez disfrutó como el centro de todo en la capital, son los santurcinos. El que se hayan quedado en su barrio es la primera señal de la fe que tienen en una nueva vida para Santurce. Por eso, si alguien tiene derecho a ser parte de cualquier proyecto sobre el futuro del barrio cangrejero, son los que nunca lo abandonaron. En cambio están siendo tratados como piezas desechables, con actuaciones de parte del Departamento de la Vivienda y de sus sabuesos, la compañía Property Acquisition (los mismos a cargo de los desalojos en el barrio Tocones de Loíza y en el Caño de Martín Peña), que no sólo atentan contra cualquier principio de buena planificación, sino contra el sentido más elemental de humanidad y de respeto a los ciudadanos.
En el proceso de expropiaciones que ya comenzó (y contra el cual se alega, entre otras irregularidades, que el tribunal ha emitido órdenes de desalojo sin que Vivienda haya consignado aún el dinero correspondiente) se establece como el “justo valor en el mercado” unos setenta mil dólares por ciertas propiedades. Si los funcionarios de Vivienda tienen algún contacto con la realidad de este país, deberían saber que conseguir otra casa en San Juan por ese precio es misión imposible, y que en efecto el estado está interviniendo activamente para condenar a gente que se ganó su casa con el sudor de su frente a una vejez de privaciones en sabe Dios en qué rincón. El papel que juega el gobierno se hace mas indigno cuando consideramos que el “fin público” en el que se amparan las expropiaciones (que quiere decir que usted tiene que vender al gobierno quiera o no quiera) es el de que inversionistas privados puedan generar millones de dólares en ganancias con los edificios que construirán en los terrenos por los cuales se pagó una miseria. Además, sólo hay que ver las “solicitudes de propuesta” emitidas por el Departamento de Vivienda para intuir que lo que se quiere disfrazar de planes preliminares son en realidad proyectos con nombre y apellido.
Si algo sobra en Santurce son terrenos y edificios abandonados, que bastante tristes se ven, que pueden servir de materia prima para una revitalización real.
Pero en Santurce, repitiendo el patrón del resto del país, el gobierno ha rechazado su responsabilidad de defensor de los ciudadanos para convertirse en la nana malcriadora de esos niños antojadizos que son los constructores. Cuando dicen “quiero mi edificio aquí y no en la otra esquina”, el gobierno sólo sabe asentir y consentir, aunque el precio sea aniquilar una comunidad que representa lo que queremos que vuelva a ser la vida en los centros urbanos.
La secretaria de Vivienda ha dicho que los procesos se han llevado a cabo “con un alto grado de sensibilidad”. No tengo la menor duda; lo que pasa es que la sensibilidad ha sido hacia los constructores y no hacia la comunidad, cuya angustia la señora secretaria despacha ligeramente diciendo que “cualquier persona que se sienta que le van a cambiar la vida va a tener unos reclamos”.
Ni en Vivienda ni en las demás agencias concernidas parecen entender que no es un simple “cambio de vida” lo que ellos provocan cuando arrancan a la gente de sus raíces. Es el fin de una forma de vida.
El sábado, mientras los vecinos nos mostraban las residencias que podrían ser expropiadas, nos decía Mary Ann Hopgood, portavoz de la Junta de Acción Comunitaria de San Mateo de los Cangrejos, que nos están cambiando el país sin que nos demos cuenta. Tiene razón, y el cambio no es para bien. Lo único que puede detenerlo es la presión pública sobre aquellos que han olvidado cuál debe ser la función del gobierno.
Hay varias medidas legislativas radicadas sobre el asunto, entre ellas dos del senador Fernando Martín, candidato a alcalde de San Juan, para que se investiguen los planes para Santurce. De la mayoría legislativa depende que se convoque inmediatamente a vistas públicas, antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, la comunidad continúa actuando. Hoy a las tres de la tarde, estaremos con ellos frente al Museo de Arte en la Avenida de Diego en protesta contra la destrucción de la comunidad santurcina. Hay que detener el saqueo contra la cueva del cangrejo.
