Cuenta la leyenda que Gabriel García Márquez alguna vez le comentó a alguien que escribir sobre Puerto Rico no tendría mayor encanto, porque las cosas que aquí pasan superan las increíbles historias que ha entretejido él con su realismo mágico. Algo de eso hay, y así quedó demostrado en el intenso drama de intrigas, luchas de poder, despecho y desengaños que se desarrolló durante el proceso de nominación, consideración, renominación, reconsideración y retiro del secretario de estado para el cargo de juez presidente, y luego juez asociado, y otra vez juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es de esas tramas que si alguien la sugiere para una novela, una la descartaría por inverosímil.
Pero así es la vida en el trópico, más específicamente en la colonia, donde a los reveses sufridos por el liderato estadolibrista que tuvo parte en el supremo incidente se les suma el desvanecimiento de las enmiendas a la sección 956 del Código Federal de Rentas Internas con el que pensaban darle un segundo aire al ELA. Porque si se trata de enumerar los grandes perdedores de la semana, no hay duda que la triste honra se la disputan los líderes en pugna dentro del PPD.
En primer lugar, la gobernadora se ha dado cuenta de que no es lo mismo con violín que con guitarra. Descartada su candidatura y en el ocaso de su vida política, lo que antes pudo haber sonado como una orden incontestable ahora fue recibida como una propuesta más para pesarse en la fría balanza del interés. Su nominación al Tribunal Supremo se entendió como un enfrentamiento entre el viejo orden representado por ella (y aún en comando de los recursos gubernamentales que muchos incumbentes necesitan tanto para las inminentes primarias como para las elecciones del 2004) y la conveniencia de alinearse con el candidato a la gobernación en su oposición a la designación para Juez Presidente. No sólo le dieron la espalda a la señora Calderón seis miembros del caucus popular; más significativo es el rechazo a la nominación enérgicamente tan impulsado por los alcaldes de Ponce, Carolina y Caguas. Y como muestra de que hay heridas que nunca sanarán, la comparecencia del ex gobernador Hernández Colón, eterno némesis de la señora Calderón, deponiendo en contra de la designación ejecutiva – y moviendo tras escena los hilos necesarios para asegurar la derrota de la nominación.
La disensión en las filas del PPD fue, por supuesto, sólo una cara de la oposición sin precedentes que generó el nombramiento del Lcdo. Mercado. Los dos partidos de oposición, miembros del sector religioso y del liderato obrero, abogados y ex jueces del Tribunal Supremo coincidieron en la falta de prudencia que habría sido acceder a la designación de una persona, que si bien puede estar adornada de muchas cualidades personales, está lejos de reunir las características extraordinarias que deberían acompañar el nombramiento más alto de la rama judicial.
Por si alguna duda quedaba de la insuficiencia jurídica del nominado, se encargó él mismo de dejarla en evidencia, cuando ni siquiera pudo advertir que su designación como juez asociado sería inconstitucional, en ausencia de una vacante para tal puesto en el Tribunal Supremo. Por supuesto que no es el único culpable, y quizás el error habría pasado desapercibido si Fernando Martín no levanta el detalle constitucional en el hemiciclo. En el bando de desconocedores del documento que tanto celebran están los miembros de la mayoría parlamentaria y la Fortaleza completa, aunque la gobernadora, que ni perdiendo quiere perder, de forma nada grácil le ha adjudicado el equívoco precisamente a los senadores que más denodadamente lucharon por el nombramiento. Hay sitios en que la lealtad, sencillamente, no es apreciada.
Así que la gobernadora, que en tantos otros asuntos se había salido con la suya pese a la oposición inicial de algunos de los de su partido, esta vez salió trasquilada. Lo paradójico de la situación ( ¡ahh, el realismo mágico boricua!) es que igualmente derrotado salió quien tarde o temprano, después de tantos desaires que le han hecho, tenía que estrenarse como enemigo de la señora Calderón: el candidato a la gobernación Aníbal Acevedo Vilá. Llegó a la controversia con seis votos, entre ellos el de su compañero de papeleta, y el de varios legisladores comprometidos más que con nadie, con alcaldes que igual se oponían al nombramiento y otros que ya habían quemado sus naves con la gobernadora. Depuso extensa y prolijamente, habló en mil foros, hizo cien llamadas, estuvo del lado de la opinión pública, contó con la simpatía de los medios, y salió con los mismitos seis votos. No es exactamente un despliegue avasallador de liderato.
Tampoco marcharon bien las cosas para el Lcdo. Acevedo Vilá en sus funciones como Comisionado Residente. Tras años de esfuerzo y millones de dólares gastados en cabildeo, el Congreso de los Estados Unidos le cerró la puerta a la enmienda a la sección 956. Sin embargo, no es ésa la parte más amarga de la derrota; después de todo el desenlace era inevitable en un momento en el que los norteamericanos quieren ponerle un alto al llamado mantengo corporativo. La gran pena es la falta de disposición de este gobierno de aprovechar esta oportunidad (y recordando que en el 2005 culminará lo poco que queda de las secciones 936 y 30-A), para hacer lo que de verdad hay que hacer: comenzar a exigir allá más poderes para nuestro desarrollo, y activar aquí un nuevo proyecto de incentivos industriales. No se trata de que la gobernadora o el comisionado no den cuenta de la encrucijada en la que estamos; los intentos de este gobierno de que Puerto Rico se integre con identidad propia y no como un apéndice de los EU a diversas organizaciones internacionales es un reconocimiento a voces de que nuestra condición de subordinación política no da para más. Lo que les faltan son agallas para, por primera vez, ir a Washington a exigir en lugar de mendigar.
Por aquello de dejar las buenas noticias para lo último, hay que señalar que del lío del nombramiento al Supremo al menos salimos con cierto alivio. Si bien ha sido una pérdida para el pueblo el inmenso despliegue de incompetencia de muchos de los envueltos, y el tener que enfrentar de forma tan cruda los forcejos políticos que parecen tener prioridad sobre el bien del país, al final nos libramos de lo que habría sido un pésimo nombramiento, falto de la mas mínima legitimidad pública. Terminamos, se puede decir, empate... aunque la última palabra no está dicha, y seguimos cortos de un juez supremo. Después de todo, las historias de los pueblos, distintas a las de los libros, no tienen un final escrito. Digamos entonces que salimos airosos de este capítulo, y a ver que nos trae el próximo.
