Igual que ocurrió durante el pasado semestre escolar, el Departamento de Educación (DE) nuevamente abraza su papel de colaborador con los reclutadores de las Fuerzas Armadas y, en cuestión de días, se apresta a entregar al Departamento de Defensa de los EE.UU. las listas con los nombres y datos personales de decenas de miles de nuestros jóvenes, a fin de que pueden ser fácilmente contactados y convencidos de que se unan a los cuerpos militares que, como tristemente ha ocurrido en la guerra con Irak, en apenas unos meses han conducido a la muerte a cientos de soldados, entre ellos a ocho puertorriqueños. Y esta vez, para evitarse las cerca de cuarenta mil solicitudes firmadas el semestre pasado por padres y madres para que la información de sus hijas e hijos no fuera divulgada a los militares (entregadas a pesar de los obstáculos puestos por el DE y de las declaraciones del gobierno y del sector anexionista tildando de “antiamericanos” a los padres que prefirieran que sus hijos adolescentes no fueran reclutados), han intentado hacerlo de la forma más sigilosa posible. De hecho, tan consciente está el DE del impacto que tuvo la campaña de denuncia y de repartición de información que realizó el Partido Independentista en las escuelas de toda la isla, que se negó a proveernos la información que hace dos meses le requerimos sobre el momento y la forma en que llevarían a cabo los procedimientos.

Cuando en diciembre del 2002 comenzaron a circular las noticias de que se pondría en vigor la sección de la ley federal conocida como “No child left behind” que obligaba a las escuelas a entregar información de los estudiantes de escuela superior a los reclutadores militares, el senador Fernando Martín y quien escribe solicitamos al secretario César Rey una reunión, que se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2002. A pesar de que en principio el señor secretario pareció entender el claro texto de la ley, según la cual los estudiantes tienen tanto derecho como los padres a negarse a que la escuela entregue datos que los reclutadores utilizarían para acercarse a los jóvenes hasta en sus propios hogares, a la hora de la verdad el Dr. Rey se negó a aceptar esa prerrogativa que amparaba a los estudiantes bajo su cuidado y dio instrucciones de no aceptar formularios sin la firma de un padre o encargado. Para alimentar la confusión, el DE repartió en las escuelas un serie de documentos plagados de inexactitudes jurídicas, diseñados con el claro de fin de confundir.

Nuestra petición de que se corrigieran esos errores fue tajantemente denegada por el Secretario. Tampoco fue acogida nuestra solicitud al hoy candidato a la gobernación del PPD, el comisionado Acevedo Vilá, de que requiriera al Congreso que se eximiera a Puerto Rico del cumplimiento con esa sección de “No child left behind”, toda vez que el fin último es llevar a nuestra juventud a pelear en guerras sobre las que, bajo el ELA, nadie nos pide consentimiento ni opinión, y en las que se ha derramado ya tanta sangre boricua. El Lcdo. Acevedo replicó que una propuesta de esa naturaleza le haría daño a sus planes de pedir ciertos fondos federales y añadió en declaraciones a la prensa que la posición del PIP “es una tontería”.

Al inicio de este año escolar, anticipando el retorno de los esfuerzos pro reclutamiento, el senador Fernando Martín le envió al Secretario de Educación una carta en la que le requería información “sobre el procedimiento que seguirá este año el DE... en qué momento se iniciará, y qué documentos se utilizarán en esta ocasión”. Casi un mes más tarde, el 19 de septiembre, el Dr. Rey respondió con una vaga misiva, alegando que en el pasado habían cumplido con la “reglamentación vigente”, indicando que “este año nos proponemos responder de la misma forma...”, y prometiendo un próximo envío con “copia de los memorandos que nos aprestamos a enviar a padres, encargados, directores y maestros”. Luego resultó que justo el día antes de enviar la carta al senador Martín, ya el Secretario había firmado un memorando con varios anejos dirigido a los directores de escuela, instándolos a que realicen “esfuerzos para la participación de la totalidad de los estudiantes de escuela superior (grados 10 al 12)” en la entrega de información a las autoridades militares, fijando como fecha límite el proceso el 31 de octubre de 2003.

A pesar de la inminencia de esa fecha, la inmensa mayoría de los padres, estudiantes y maestros no han sido notificados del reinicio de ese procedimiento de entrega de datos personales de los estudiantes a los militares, en parte porque el DE se ha lavado las manos y ha decretado que no proveerá copia de los formularios, sino que “la escuela será responsable de duplicar la carta a los padres y de entregarla”. Es decir, que si la escuela no puede (son muchas las que carecen de medios para fotocopiar tal cantidad de documentos) o no quiere (dependerá de la voluntad, y claro, de la preferencia ideológica del director o funcionario) reproducir y entregar el formulario, el DE registrará que ningún padre en esa escuela se opuso y tranquilamente entregará la información a los militares. Como además el DE ha tenido la cautela de no hacer ningún pronunciamiento público, y ha evitado dar información concreta a los que, como el PIP, pudieran hacerlo (nos enteramos de que a algunas escuelas había llegado el memorando a través de personal que logró acceso al mismo) deben estar confiados en que este semestre, burlando los derechos de padres y estudiantes, tendrán un mejor número que ofrecerle a sus amigos reclutadores. Es una estrategia bajuna, reveladora de la sumisión del DE y sus funcionarios a los intereses de la milicia aún a costa de violar los derechos de decenas de miles de menores de edad.

A todos los padres y estudiantes, les alertamos del derecho que tienen de que la información de nuestros jóvenes no llegue a manos de los reclutadores, y de exigir que se les entregue el formulario de oposición a la entrega de datos, o de que se acepte cualquier documento que sirva a los mismos fines, como el que pueden encontrar en la internet a través de independencia.net. La escuela no puede negarse a entregar el formulario (aunque César Rey haya prescrito en su memo que las orientaciones serán “por la vía telefónica”, como otra manera de desincentivar el acceso al documento) y viene obligada a recibir cualquier carta, no sólo la oficial, en la que el estudiante o sus padres ejerzan el derecho que les da la ley federal de no entregar información a los reclutadores. Aunque para algunos no baste, ya ha sido suficiente el tributo de sangre que con vidas de nuestros jóvenes se ha pagado en guerras ajenas.