Ayer, celebramos un aniversario más del día en que nuestra bandera fue estrenada como símbolo de nuestra patria, cuando en el 1895 se presentó ante la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario en Nueva York la enseña ideada cuatro años antes por don Antonio Vélez Alvarado. Mañana nos preparamos para la noche que cambió la historia del mundo, cuando el Salvador encarnó entre nosotros para traer redención y esperanza. En medio de esas festividades gozosas, hoy debería ser un día, también, de alborozo, y algo así me hubiera gustado poder escribir para esta columna; algo más alejado del trajín cotidiano de la política insular, con más de celebración y menos de denuncia.

Pero ese descanso de la discordia que fatiga y ensombrece es precisamente el regalo que se nos ha negado a los puertorriqueños en esta Navidad. Como si con el fin de año se pudiera desvanecer, también, uno de los capítulos más absurdos del quehacer gubernamental de nuestro país, nos han obsequiado con la apresurada conclusión del bochornoso drama orquestado desde La Fortaleza y avalado desde la mayoría senatorial en torno a los nombramientos para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hemos visto de todo en esa saga judicial: desde la ignorancia de toda la jerarquía del PPD de las disposiciones constitucionales que impedían llenar una plaza de juez asociado que al momento no estaba vacante, hasta las alegaciones de la conducta más vergonzosa (el abandono de un amigo en agonía) por parte del predilecto de la señora Gobernadora, pasando por el triste papel al que se prestó quien de otra forma habría pasado a la historia con el orgullo de ser recordada como la primera mujer en nuestro mas alto foro judicial. Dicen que la realidad siempre puede superar a la fantasía, y cierto es que si del ingenio de un escritor o de las cartas de una pitonisa nos hubiera llegado noticia de una secuela de barbaridades como ésta, la habríamos descartado por lo exagerado de la invención. Más aún, no la podríamos asimilar por parecernos demasiado el descaro y la incompetencia, demasiado, aún, para los pobres estándares con los que nos hemos acostumbrado a medir a muchos de los protagonistas de la vida pública del país.

Si por un lado escandaliza lo burdo de esa tramoya (incluyendo el “yo no sabía nada” de la Gobernadora), por otro lastima que mientras inundan los correos con tarjetitas de amor, paz, unidad familiar y bendito sea el Niñito Jesús, tantos funcionarios públicos falten al principal de los mandatos cristianos –la caridad—en plena Navidad. La confabulación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (y hermanados en ésto, líderes y funcionarios del PPD y el PNP) resultó, la semana pasada, en el arresto, en Aguadilla, de catorce hombres y mujeres por el delito de “mendicidad pública”, según éste es tipificado en una ordenanza municipal que, cuando se lee, una no sabe si reír o llorar.

Si el poder ejecutivo aguadillano hizo su parte al poner en vigor un mandato que lo único que busca es criminalizar la pobreza, el judicial no se quiso quedar atrás. Una jueza que, por el bien de la justicia en el oeste, esperamos haya conocido días más lúcidos, le impuso a los arrestados –sí, a los que estaban pidiendo dinero en la calle porque no tienen ni con qué comer-- una fianza de cinco mil dólares, que por supuesto no podían pagar. Acto seguido, ordenó su encarcelamiento que duraría entonces hasta el día del juicio, cuando una vez hallados culpables, se les impondría una multa que, claro, no podrían pagar, con lo que habría razón para tenerlos encerrados un tiempito más, lo que a su vez le daría al señor Alcalde la oportunidad de ufanarse en año electoral de su magnífica tarea limpiando las calles de deambulantes. La intervención del Colegio de Abogados alteró este magnífico plan, y ahora está ante la consideración de los tribunales la constitucionalidad de una ordenanza que, en efecto, penaliza a los pobres por ser pobres. ¿Y por qué --no sólo en Aguadilla, sino en todo Puerto Rico; échenle un vistazo al historial del Código de Orden Público de municipios “progresistas” como el de Caguas—están en vigor barbaridades como ésta? Porque así lo ha querido la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes. Sepultado entre las banalidades que sí llaman la atención de algunos legisladores, está el proyecto de ley de la autoría del Senador Fernando Martín que impediría que los municipios aprobaran ordenanzas que tuvieran el efecto de criminalizar a las personas por no tener hogar. La medida, radicada en su versión original en octubre de 2002, fue aprobada en el Senado sin que los alcaldes de uno u otro partido se dignaran ni a comparecer.

No se respira bienaventuranza en las actuaciones de muchos en nuestro Gobierno. Desde los escándalos grandes que se escenifican en Fortaleza y el Capitolio hasta las injusticias que hacen blanco entre los pobres y marginados en un pueblo del oeste, hay una nube oscura que quiere hacer llover sobre las ilusiones que todos tenemos de un país mejor. Pero la esperanza es obstinada y fuerte. Sobre la desazón que producen sucesos como esos –desconectados uno del otro, pero con la misma raíz de apatía y de desprecio por el pueblo— mucha gente reacciona como ante un nuevo despertar, y un deseo renovado de impedir que lo malo siga venciendo sobre lo bueno. Este fin de semana, llevando una tregua de música y alegría por varios centros comerciales del área metropolitana, los candidatos del PIP pudimos constatar que las aspiraciones de todos los puertorriqueños—sentirse representados por quienes puedan respetar, ver decencia y vocación en la esfera política—lejos de haber sido aniquiladas, han sido revividas por los acontecimientos de los últimos años. Esas sí son buenas noticias en Navidad, esos sí son regalos dignos de la bandera y el pesebre.