Si algo multiplica la terrible impresión que nos deja una tragedia es la certeza de que se pudo haber evitado. Saber que algo más de prudencia, un poco más de previsión, un mínimo de precaución pudo haber detenido una cadena de sucesos que culminó con un torrente de dolor es el tormento adicional con que nos quedamos, y que esperamos sirva para aprender de la manera más difícil la lección.

La muerte del profesor Noel Batista a manos de oficiales de la Policía de Puerto Rico es una de esas tragedias que no tenía que haber ocurrido. Sin embargo, leyendo las declaraciones de funcionarios que intentan justificar la violencia con que reaccionaron los agentes llamados a velar por la ley y el orden, me parece que no acaban de entender la magnitud de lo que pasó el pasado martes en la escuela Santiago Veve Calzada de Fajardo: siete servidores públicos, con la encomienda especial de proteger a la ciudadanía, le entraron a balazos a un maestro de escuela en su lugar de trabajo, a sabiendas de que no se enfrentaban con un delincuente común ni con un sádico desalmado, sino con una persona terriblemente enferma, uno de los cientos de miles de afectados por trastornos mentales en Puerto Rico. Increíblemente, ese detalle —y desde el principio se ha constado que los agentes sabían que el profesor Batista padecía de esquizofrenia— sirve para que algunos miren con simpatía el que los agentes actuaran “en defensa propia”, impactando en tres áreas vitales a un hombre claramente afectado en lo sicológico, para caerle a macanazos luego de abatido en el suelo. Sólo un mínimo de decoro o de eso que llaman ser “politically correct” los detiene antes de que verbalicen el pensamiento que asoma detrás de sus expresiones: que lo de los tiros estaba bien merecido precisamente porque el maestro no estaba bien de la cabeza.

No se trata ahora de concentrarnos en lanzar dardos a los agentes involucrados. Que ninguno de ellos —ni de los superiores que consintieron al operativo— pueda advertir, ni antes de los hechos ni después de haber privado de la vida a un ser humano, que algo no está bien en esa forma de proceder, a lo que apunta es a un desconocimiento craso, tanto en la Policía como en la sociedad en general, del inmenso problema de salud mental con el que vivimos en este país. Un ex jefe de la Policía justificó los disparos diciendo que “cuando tú estás en peligro tienes la adrenalina arriba”. Si la adrenalina es buena para explicar la reacción de siete agentes hechos y derechos, especialmente adiestrados para manejar situaciones de violencia y tensión, ¿cómo es tan difícil entender la angustia y el descontrol de una persona afectada por una de las enfermedades que más brutalmente ataca a la mente humana? Lo que con toda probabilidad sería suficiente para declarar a una persona incapaz de enfrentar un proceso judicial por razón de insanidad se quiere usar como la excusa para acribillarlo en el patio de una escuela.

No es que se pretenda que la Policía desarrolle un conocimiento especializado en siquiatría, pero no es mucho pedir que reconozcan las circunstancias en las que se requiere intervención especial de un profesional de la salud mental, tanto por la seguridad del que va a ser arrestado como por la de los mismos agentes. El problema no es exclusivo de la Policía. Diariamente, distintas agencias del Gobierno, tales como Familia, Corrección, Vivienda, Educación, dan servicios a cientos de ciudadanos que, tras que están lidiando con un trastorno mental, se encuentran en situaciones que los empujan al límite de su tolerancia sicológica. Recientemente, vimos a una mujer que quería lanzarse de un edificio por problemas de vivienda, y el año pasado una señora que se inmoló en las mismas oficinas del Departamento de la Familia. Y esos son sólo los casos que llegan a los periódicos.

Hace un tiempo, varios empleados de la Administración de Servicios Mentales y Contra la Adicción (ASSMCA) me recalcaban que “el problema de la salud mental no puede seguir siendo asunto de una sola agencia”. De hecho, los limitadísimos servicios de ASSMCA, que ha llegado a su peor punto bajo la injerencia de las compañías privatizadoras, apenas alcanzan a unos cien mil pacientes, cuando en Puerto Rico se han realizado estudios que apuntan a una cifra hasta cinco veces mayor de personas afectadas por trastornos mentales. A pesar de eso, y de la abundante evidencia que han provisto los medios de comunicación de los abusos que se cometen contra los pacientes siquiátricos, el Gobierno ha recibido las noticias de algo que tiene las dimensiones de un estado de emergencia con la tranquilidad de quien oye llover.

Pero con lo ocurrido en Fajardo más vale que quienes han ignorado la situación despierten y se enteren de las cosas que pasan en el mundo real. Además de la insensibilidad desplegada ante una persona que necesitaba tratamiento y no balas, el episodio de la semana pasada sirve para recordarnos otras instancias en las que miembros de la Policía han preferido recurrir a la fuerza antes que a la prudencia —desde Maravilla y Adolfina Villanueva hasta la fiesta de cumpleaños en Loíza—. Aunque casi a diario escuchamos los reclamos por las pobres condiciones de trabajo para los agentes del orden público, ni de lejos se ha querido tocar el efecto que tienen esas condiciones sobre las aptitudes sicológicas de los hombres y mujeres que, arma al cinto, patrullan todo el país. Pretenderán excusar a los policías de Fajardo porque a quien mataron fue a un enfermo mental, pero me está bastante claro que ninguno de ellos es un ejemplo de temple y equilibrio.

La violencia y la perturbación general que azotan al país no escogen dónde alojarse. Están en los que infringen la ley de mil maneras, pero también están en los llamados a hacerla valer. Para probarlo, tenemos la muerte de una persona que no podía responder por sus actos en el momento de ser abaleado; una vida segada por los que deberían estar protegiendo vidas. Lo que la muerte de Noel Batista ha puesto de relieve es demasiado grave como para despacharlo con gestiones de relaciones públicas, como dejaron claro sus compañeros maestros al rehusar un desayuno, fotos incluidas, con el secretario de Educación. Tampoco bastan investigaciones pro forma ni reprimendas vacías. En Fajardo se cometió una de las más crasas violaciones a los derechos civiles que hemos visto en Puerto Rico. Pudo haberse evitado; ahora queda de los responsables procurar que no se repita.