Siguen revelándose nuevos casos de corrupción y una se pregunta cómo comienza todo: ¿quién es el primero que le dice, le insinúa, le propone al otro su retorcido plan para hacerse de unos dólares a cuenta de su poder en el gobierno? ¿Cómo le presentan su menú de sobornos a los constructores y proveedores? ¿A quiénes enredan en el camino, a cuántos les queda el poquito de conciencia suficiente para declinar la entrada a esa cofradía de extorsión y pillaje, aunque no la bastante para denunciarla? ¿Cuántos más se quedan a la vera, como aves de rapiña ante la presa ya devorada por otros, esperando ser los favorecidos en la próxima oportunidad?

Me imagino que es un drama al que cada conjunto de protagonistas impartirá su propio sabor, según los tiempos y las circunstancias. Pero al menos una constante existe en cada uno de los casos de corrupción gubernamental que han llenado de vergüenza a este país: el entendido de que así es que funcionan las cosas, que si otros los han hecho antes por qué no hacerlo nosotros ahora, que al fin y al cabo por esto no cogen a nadie. Por eso el que roba para sí no adivina en los lujos que regala a su familia lo que luego será su oprobio, y el que roba para su partido no anticipa el precio que esa institución tendrá que pagar cuando no sea un secreto la forma en que se costearon aquellas campañas de exceso y derroche. En la forma de muchos poderosos hacer política en Puerto Rico, regía el principio de que el crimen no paga.

Sólo que ahora los que se creían que podían hacer de las suyas sin encomendarse a nadie están recibiendo la factura, y los arrestos de Semana Santa han hecho mucho más que añadir dos nombres a la lista de la infamia en el Partido Nuevo Progresista. Las alegaciones en contra de René Vázquez Botet, ex director de campaña del Dr. Pedro Rosselló, y Marcos Morell, antiguo secretario general del PNP, han estrechado el cerco en torno al ex gobernador estadista. Con las acusaciones de extorsión a los contratistas del ‘Supertubo’ por esos dos miembros del círculo más íntimo de quien aspira nuevamente a la gobernación, se ponen de relieve las únicas dos posibilidades: o Pedro Rosselló sabía de las fechorías de sus allegados y funcionarios y optó por hacerse de la vista larga, o su nivel de negligencia y abandono es tal que ni veía lo que estaba pasando en cada esquina de su administración, su partido y su campaña. Si esto último era el caso, nunca fue más cierto lo de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando años atrás el portavoz del PIP en la Cámara, Víctor García San Inocencio, denunció por primera vez las irregularidades en el Departamento de Educación bajo Víctor Fajardo (incluyendo los malos manejos del programa ZELDA que precisamente en estos días son objeto de investigación), la respuesta de Rosselló fue pedirle la renuncia. Y cuando el representante independentista desenmascaró los primeros problemas con los contratos del ‘Supertubo’, ni Pedro Rosselló ni su gobierno se dieron por aludidos.

Lo que no debemos perder de vista es que el horror de la corrupción va más allá de los arrestos del momento, y que la única reacción no puede ser convertirla en la comidilla política del día o de la campaña electoral o del cuatrienio. Las semillas germinan cuando encuentran suelo fértil, y las semillas del mal no son la excepción. De ser ciertas las alegaciones contra el Dr. Vázquez Botet y el Lcdo. Morell, la partida que le exigían a las compañías a cambio de los contratos no eran para provecho propio, al menos no exclusivamente. Con esos dineros se pagaron facturas de encuestas y publicidad de la campaña de Rosselló. Lo mismo ocurrió con el dinero cobrado ilegalmente por otros acusados y convictos dentro del PNP. Ese germen de la corrupción latente en ciertos individuos infectó a la pasada administración gracias a que la forma de hacer campañas políticas (entonces y ahora) sirvió para alimentarlo. Dicen que se necesitan dos para bailar tango, y por cada funcionario público que acepta un soborno hay un ejecutivo en la empresa privada dispuesto a pagarlo, porque han aprendido y aceptado que es así, ayudando a esos partidos a llegar al poder, que podrán asegurar sus contratos con el gobierno.

Con toda probabilidad las acusaciones de la semana pasada no serán las últimas, y mientras unos caen en las redes de la justicia, otros seguirán cediendo a la tentación de un sistema que pone la carnada para luego quejarse de que hay quien muerde el anzuelo. A los corruptos de hoy se les podrá penalizar con cárcel y multas, pero ¿quién va a aniquilar el sistema que los nutre? Probado está que no serán los incumbentes ni candidatos del Partido Popular. Reciente aún el escándalo de Víctor Fajardo y sus aportaciones mal habidas al PNP, esta administración aprobó una ley de financiamiento de campañas políticas que no sólo permite, sino que premia, el inversionismo político. La nueva ley, que parea con fondos públicos las aportaciones privadas a los candidatos, parecería diseñada por Fajardo y compañía. Cuando debían estar ocupados en arrancar la raíz de la corrupción, desde La Fortaleza y el Capitolio estaban empeñados en abonar esa mala yerba. El problema es doble. Por un lado, se estimula el intercambio de donativos de campaña por favores futuros. De ahí que, dentro de los límites permitidos por la ley, tantos inversionistas políticos den por igual a rojos y azules, para quedar bien gane quien gane. Es una fría apuesta que nada tiene que ver con libertad de expresión ni con el fin democrático del sistema electoral. Por otra parte, se dispara de tal manera la fastuosidad en las campañas que ni los millones recaudados “legalmente” alcanzan para las flotas de tumbacocos, las miles de chucherías con el logo de los candidatos y el bombardeo sin fin de anuncios. Y con tanto gasto, ¡qué bien les caen esos cientos de miles de dólares extra, productos del soborno!

Estamos ante una nueva ocasión para reflexionar lo que queremos para el país, y la responsabilidad que cada votante tiene de cara a ese futuro. Nada hay que buscar con quienes han traicionado al pueblo, y nada hay que esperar de los que consienten la existencia de los instrumentos que sirven para dar forma y fuerza a esa traición. Contrario a lo que algunos quieren hacer ver, la corrupción no es un mal necesario, no es un ingrediente indispensable de ningún gobierno, ni es un monstruo inamovible con el que tenemos que aprender a vivir. Ese es el mensaje que deben recibir en noviembre los que toleran la corrupción y los que se cruzan de brazos ante la oportunidad de erradicarla. Unos han pecado por la acción y otros con su omisión. Hacen mal ambos, y sólo la penitencia que el pueblo les imponga en las urnas les llevará a rectificar.