Van dos y puede que sean más. Uno fue devuelto y el otro, inexplicablemente, no. Para algunas personas, el primero pudo haber sido un simple desliz, pero el segundo ya es señal de un patrón de conducta indebida. Las motivaciones para que salieran a la luz pública quizás no hayan sido las más nobles, pero ciertamente la campaña electoral del 2004 no será la misma luego de revelados los cheques recibidos por el candidato a la gobernación del Partido Popular de manos del Dr. Richard Machado.

En su defensa, el Lcdo. Acevedo y otros líderes de su partido han argumentado que ni los veinte mil del primer cheque, emitido a favor de "Amigos de Aníbal Acevedo Vilá" y depositados en una cuenta bancaria a nombre de él y de su hermana, ni los diez mil del segundo, a pagarse a "Plebiscito 98", son ilegales. Alegan que, como los treinta mil dólares fueron destinados a gastos de campaña de la consulta de status celebrada en diciembre de 1998, en la que el PPD no representó ninguna definición de status, sino a la quinta columna de "ninguna de las anteriores", no les aplica el límite de dos mil quinientos dólares por donativo privado que se imponía a los representantes de las otras cuatro columnas. Así, sostienen, mientras la ley prohibía tajantemente el que las otras opciones aceptaran contribuciones en exceso de los límites fijados, la condición de quintacolumnistas del PPD les daba libertad absoluta para ir a cuanto almuerzo quisieran a aceptar de quien fuera todos los donativos del mundo para usarlos como mejor les acomodara. Pero aún si bajo una amplísima y liberal interpretación de la ley habilitadora del plebiscito se aceptara ese argumento, olvidan los campeones de esa francachela electoral dos detalles. El primero es que la ley del plebiscito establece en su artículo 6 que la Ley Electoral y sus reglamentos "se considerarán supletorios a la presente Ley, y sus disposiciones serán aplicables a todos los procedimientos relacionados con la celebración del Plebiscito, en todo aquello necesario, pertinente y compatible con los propósitos de esta Ley y para lo cual no se hubiese dispuesto un régimen distinto". A menos que se quiera asumir la olímpica postura de que la comparecencia del Partido Popular en la consulta como defensor de la quinta columna no estaba relacionada con el plebiscito, la conclusión inescapable es que aplicaba entonces la Ley Electoral, que según vigente en aquella fecha, en su artículo 3.005 (a), fijaba con toda claridad un límite de mil dólares a las contribuciones que en año no eleccionario podían recibir los partidos de personas naturales o jurídicas.

El segundo detalle que dejan al aire los que defienden la legalidad de los treinta mil dólares entregados en la sobremesa al Lcdo. Acevedo es que de los cientos y cientos de donativos reportados por el PPD a la Comisión Estatal de Elecciones en el 1998, ni uno solo, ni uno, excede los mil dólares. ¿Cómo, si eran legales los donativos de cualquier cantidad, ninguno de los generosos contribuyentes del Partido Popular aportó más de esa cantidad en un momento en que la crisis económica era tal que el Lcdo. Acevedo alega que tenía que usar su tarjeta de crédito porque era la única forma de sufragar ciertos gastos? La inexistencia de donativos más allá del límite de mil dólares en los informes a la Comisión Estatal de Elecciones es la primera evidencia de que el liderato del PPD estaba conciente de que cheques como el del Dr. Machado violaban la ley.

Aun si nos hacemos los insoportablemente inocentes, y nos creemos que los cheques del almuerzo son los únicos de más de mil dólares, queda por explicar cómo es que ese donativo, supuestamente legal y treinta veces mayor que el de cualquier otro donante registrado, no fue informado a la Comisión, en lo que es otra infracción grave a la Ley Electoral. En una tergiversación como pocas se han visto en la política de Puerto Rico, el liderato del PPD ha proclamado a los cuatro vientos que según una certificación del auditor de la Comisión Estatal de Elecciones, el Lcdo. Acevedo Vilá no venía obligado a informar del primer cheque, emitido a nombre de su comité de campaña y depositado en una cuenta personal. La verdad es que lo único certificado por el auditor es que, en el 1999, cuando era representante, el Lcdo. Acevedo no tenía que presentar informes en su capacidad de funcionario electo. Eso ni ha sido cuestionado ni tiene nada que ver con la controversia, que es la petición y recibo del Partido Popular, como institución y a través de quien era entonces su presidente, de donativos en exceso de lo permitido por ley.

Para poder justificarse como opción, el liderato del PPD y sus comunicadores han adoptado el triste principio de que en un país de ciegos el tuerto es rey. Nos dicen que, después de todo, si el dinero recibido por el candidato popular a la gobernación no es producto de robo ni extorsión, poco importa que la transacción fuera ilegal. En esta nueva campaña poscheques, el PPD está enviando el mensaje de que basta ser un poquito menos corrupto que Fajardo y compañía para aspirar a dirigir el destino de los puertorriqueños.

Quien acepte esa premisa está cultivando en su propio jardín la semilla del mal. Reunirse con un empresario para recibirle cheques como los que pasaron de las manos del Dr. Machado a las arcas del Partido Popular es el primer eslabón de la cadena que ha llevado a tantos a hipotecar su conciencia, amparados en el afán de reunir cada vez más dinero para sufragar sus suntuosas campañas y así poner las manos en el botín mayor: el presupuesto del país. El Partido Popular nos está pidiendo que desechemos la esperanza de un gobierno limpio para Puerto Rico, y nos conformemos con lo que ellos, manchados de ilegalidad, le ofrecen a este país.

Lo único sensato que ha dicho en estos días el Lcdo. Acevedo es que "esta campaña se trata de los contrastes". Tiene toda la razón, y el contraste es el de la zafiedad y el engaño de rojos y azules frente al historial de limpieza y verticalidad del Partido Independentista. Mientras unos van a la cárcel por ladrones, en el PIP estuvimos en la cárcel por la paz para Vieques. Cuando otros se burlan de la ley y del pueblo recibiendo donativos ilegales de los ricos y poderosos, en el PIP estamos en la calle levantando una campaña peso a peso, y exigiendo el fin del inversionismo político, fomentado —ahora está claro por qué— por esta administración con su nueva ley electoral. Ese es el único contraste en estas elecciones: el de la semilla del mal frente a la nueva siembra de esperanza.