Provee un castigo para quien ponga en peligro la vida, salud, integridad corporal o seguridad de la gente, o cause daño al ambiente al provocar explosiones, inundaciones o movimientos de tierra, o al utilizar gases tóxicos y otras sustancias. Penaliza a quien envenene o contamine pozos, cuerpos de agua o tuberías para consumo humano. Convierte en un crimen el provocar o realizar emisiones o vertidos que pongan en grave peligro la salud de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, y hace de esto un delito grave cuando el responsable sea una persona jurídica que opera sin los debidos permisos, o que ha mentido u ocultado información para obtener sus permisos.

De esas cuatro disposiciones, y de nada más, se trata la más reciente controversia sobre los delitos ambientales del nuevo Código Penal. Y por resistirse a señalar como un crimen el que se usen gases tóxicos, se envenenen nuestras aguas, se contaminen el aire y la tierra o se mienta a las agencias públicas es que la Gobernadora ha paralizado (porque así lo ha permitido el liderato de ambas cámaras, claro está), el trámite de la legislación penal más importante en tres décadas en este país.

No es que nos sorprenda. El récord de esta administración en el tema ecológico ha sido de una constancia ejemplar: siempre a favor de los constructores y nunca a favor de las comunidades o del ambiente. Ahí está, como ejemplo, la ruta 66, tan criticada cuando estaban en oposición, para una vez en el poder adoptarla y simplemente rebautizarla como Corredor del Este. También están las reservas agrícolas del valle de Lajas y del Coloso en Aguada, que a estas alturas del cuatrienio esperan por su delimitación oficial, en lo que todos sabemos es una forma de ganar tiempo para los que quieren usar esos terrenos para grandes construcciones y proyectos de extracción de arena. En Loíza aún se está dando la batalla entre la comunidad que aspira a un desarrollo ecológicamente saludable en Vacía Talega y los amigos de la Gobernadora que insisten en un megahotel que implicará la remoción de toneladas de arena y la virtual privatización de las playas de la zona. Por toda la isla hay situaciones como las de Monte Verde, en Manatí, y Jardines de Florida, comunidades que por estar construidas sobre sumideros se encuentran en peligro de hundirse, sin que las agencias tomen la acción férrea que exigen casos tan dramáticos. No conoce fin la batalla de los residentes de Caimito por la restauración de la quebrada Chiclana, sepultada por una compañía de construcción que bajo administraciones de los azules y los rojos ha logrado evadir su responsabilidad.

Estos abusos han sido posibles gracias al chantaje al que se ha prestado el Gobierno por parte del sector de la construcción, y al que la señora Gobernadora parece estar dispuesta a rendirse una vez más. Alegan ahora que aprobar los delitos ambientales del nuevo Código sería propiciarle una estocada mortal a la economía, que provocaría la pérdida de miles de empleos. Ese perro ya mordió antes: son exactamente los mismos argumentos que esgrimieron ciertos sectores cuando se consideró la ley para la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la licencia de maternidad para mujeres trabajadoras. A pesar de las profecías apocalípticas repetidas en cada una de esas ocasiones, aquí estamos. Nadie en Puerto Rico se traga el cuento de que porque ahora sea un delito verter sustancias dañinas en un pozo de agua o provocar emisiones nocivas la industria de la construcción va a desaparecer del país. De hecho, el nuevo Código no impone responsabilidades adicionales a ninguno de los llamados desarrollistas. No se complican los trámites para obtener permisos ni se añaden requisitos para nuevas estructuras o proyectos. Lo que sí hace el Código es compensar la flojera de las agencias como Recursos Naturales, Calidad Ambiental y Junta de Planificación, que no han logrado hacer valer las leyes y reglamentos existentes.

El gran pánico de los constructores es que se le ponga fin al desbarajuste en el otorgamiento de permisos, y que se acabe la inescrupulosidad de presentar información engañosa con tal de agenciarse un permiso. Con la disponibilidad del cauce penal, los ciudadanos ya no tienen que resignarse al lento calvario del proceso administrativo para defenderse de los que destruyen y contaminan, y los que sean hallados culpables de los delitos contemplados tendrán que responder con algo más que la multa boba y tardía de una agencia administrativa. Las penas contempladas en el Código para las personas jurídicas van desde la revocación de licencias hasta multas ascendentes al seis por ciento del ingreso bruto anual de la compañía. Ha tenido que ser así porque la única forma de que los que gritan en contra del Código entiendan que la isla es patrimonio de todos es hacerles más costoso el infringir la ley que el respetar a la gente y al ambiente. Sin el disuasivo que representan esas penas, habrá constructores que seguirán actuando como si nuestros recursos fueran bienes desechables de los que pueden disponer a su antojo.

Eso es lo que tiene que entender la señora Gobernadora. Son delincuentes los que roban, los que incurren en fraude, los que agreden, y con eso nadie tiene problemas. Pues bien: cuando lo hurtado es un recurso natural no renovable, cuando el engaño es a las agencias llamadas a proteger lo que es de todos, y cuando lo que se lastima es el país mismo que compartimos, se trata de un delito tan serio como cualquier otro. Robarle el curso a una quebrada, arrebatarle la salud y la seguridad a una comunidad, son faltas que merecen estar en el catálogo de lo que para Puerto Rico, como sociedad, es comportamiento inaceptable que debe ser penalizado. Oponerse al Código es consentir a que los que hoy violan la ley impunemente sigan campeando por su respeto. Después de todo, si los que atacan el Código son tan obedientes del ordenamiento ¿a qué viene esa virulenta resistencia a los delitos ambientales?

Para la delegación legislativa del Partido Independentista, la inclusión de los delitos ambientales es un triunfo por el que se trabajó arduamente. El representante Víctor García San Inocencio una vez más dio la cara por las comunidades y la protección ambiental al lograr la aprobación de esas enmiendas, que se cuentan entre los elementos que hacen del nuevo código uno de avanzada. Es una oportunidad única de proteger lo que nos pertenece a todos de la voracidad de unos cuantos. Le toca a la Gobernadora decidir de parte de quién está.