Han sido así toda la vida y no hay razón para esperar un cambio. Vimos su ambigüedad en el tema de Vieques, su entrega a la inscripción militar de jóvenes en nuestras escuelas y la dejadez en el tema del status. Así que la noticia no es la flojera, sino la ausencia de decoro en buena parte del liderato de PNP y PPD en lo que se refiere a la reforma legislativa. Porque si malo es, como siempre, prometer sin intención de cumplir, más vergonzosa resulta la desesperación por los votos que a menos de seis meses de las elecciones se esconde en las propuestas cojas de rojos y azules para enderezar la Asamblea Legislativa.

La necesidad de un cambio radical en la forma en que se trabaja en la Casa de las Leyes no es un tema de hoy ni de ayer, aunque parezca que en el PNP y el PPD lo acaban de descubrir. Cuatrienio tras cuatrienio, la percepción del pueblo de lo que hace (o más bien, de lo que no hace) la mayoría de los legisladores (o los legisladores de mayoría) se ha ido erosionando, para culminar en el descontento generalizado que se refleja en diversas encuestas. La respuesta de los que se han turnado en el poder ha sido pasmosamente uniforme. Todos han comisionado estudios, investigaciones, consultas, han rendido miles de páginas en informes y conclusiones, y a la postre no han hecho nada de nada. Tomemos el ejemplo de la unicameralidad. En Puerto Rico es claro el consenso de que el sistema actual de dos cuerpos legislativos sólo contribuye a la duplicación de esfuerzos y costos, y de que sería más eficiente adoptar un modelo de cámara única como el que el Partido Independentista ha estado proponiendo durante años. La idea les parece bien a todos, hasta que se dan cuenta de que una sola cámara legislativa significa menos legisladores. Advertida la consecuencia inevitable de que se quedarían fuera muchos de los que se agarran con uñas y dientes a escaños desde los que no han hecho ninguna contribución significativa, la unicameralidad, con todos sus méritos evidentes, parece entonces menos simpática. Por eso se ha convertido en el amor platónico por excelencia de rojos y azules: todos la quieren, pero de lejitos. Ni hablar de la representación proporcional, que haría justicia a los más de doscientos mil electores que depositan su confianza en los candidatos del PIP, pero que sólo son representados con un voto en la Cámara y uno en el Senado; la misma participación que tienen los legisladores que obtuvieron decenas de miles de votos menos.

Descartada esa verdadera revolución legislativa, pasan entonces estadistas y estadolibristas a examinar las alternativas que les quedan para hacer como si hicieran algo. Le pasan por encima, sin mirar siquiera, a la propuesta de nombrar a una comisión independiente para fijar el salario de los legisladores; a la instauración de un mecanismo para forzar la consideración de medidas radicadas por las minorías; a la reestructuración de las comisiones legislativas, a la necesidad de garantizar el acceso de los legisladores a información gubernamental y a la posibilidad de reconocerle legitimación activa especial a los miembros de la asamblea legislativa para acudir a los tribunales para radicar pleitos de alto interés público. Optan entonces por buscar muy atrás entre las semifinalistas de este concurso, para ampararse en las recomendaciones no más útiles, pero sí más difundidas en los medios, y ¡abracadabra! ...acaba de nacer la reforma legislativa del carro, la dieta y el celular.

Hacen falta, por supuesto, controles para los gastos capitolinos. Lo que pasa es que aquí no podemos llamarnos a engaño. Cuando años atrás Rubén Berríos, entonces senador por el Partido Independentista, renunció a su vehículo oficial, ninguno de los legisladores de los otros dos partidos siguió ejemplo, aunque se regodearan en la más cara ambición de algunos: que el independentista tenga que trabajar mucho más que los demás, pero con menos recursos. La verdad es que el que tenía una intención genuina de reformar el sistema legislativo tuvo cuarenta y un meses para hacerlo (por no contar cada uno de los cuatrienios anteriores) y ninguno, ni uno solo de los que hoy vemos en las noticias posando de ejemplo de pulcritud y abanderado del cambio, tuvo en más de tres años la entereza moral de dar el paso al frente. ¿Por qué ahora el rasgar de vestiduras? La respuesta es sencilla: la encuesta. Para espanto del PPD y el PNP, a apenas seis meses de las elecciones sus candidatos a gobernación tienen menos arraigo entre los votantes que en noviembre pasado. Sólo la candidatura de Rubén Berríos acusa un crecimiento, igual que el descontento de los electores que anteriormente se identificaban plenamente con la Pava o la Palma y ahora se avergüenzan de la pobreza moral de ambos partidos.

De ahí los intentos desesperados por hacer algo, lo que sea, para lavarle la cara a los candidatos rojos y azules, y aparentar cuando menos una pequeñita disposición a la enmienda. Digo pequeña porque ya hemos visto el dilema al que se enfrenta la mayoría legislativa en los renglones neurálgicos: conciliar la pesca de votos a través de medidas reformistas con su instinto de conservar los instrumentos con los que han politiqueado por décadas. Aquí es que entra la controversia por el barril y el barrilito que, para que tengan una idea, no es poca cosa. Cada representante por distrito tiene a su libre disposición hasta trescientos mil dólares anuales para asignar a mejoras permanentes (el barril), y hasta ciento veintisiete mil para aportaciones a individuos o instituciones (barrilito). Para los senadores por distrito, los presupuestos barrilísticos alcanzan los cuatrocientos mil dólares para el barril y ciento veinticinco mil para barrilito. Los legisladores por acumulación no tienen barril, a menos que, como en este cuatrienio, resulten ser presidentes de los cuerpos, en cuyo caso disfrutan de sus superbarriles, que oscilan entre los cinco y ocho millones para repartir anualmente a discreción. ¿Alguien cree que, a pesar del desprestigio de los barriles, van esos legisladores a renunciar a esa millonada alegremente?

Visto el panorama completo, a nadie se le escapa la flaca legitimidad de la microrreforma, que no es otra cosa que el más reciente cuento chino para engañar al electorado. Lo importante es que tampoco se olvide que la verdadera reforma legislativa no va a nacer de comisiones, informes ni reuniones en el Capitolio; está en la manos de cada elector. El que vote por los que han fallado, sabe que no puede esperar más. Sólo los que voten por la calidad y la verticalidad tendrán la certeza de la esperanza y del cambio real.