La dificultad que tendrán muchos pensionados del gobierno de Puerto Rico para asumir el costo de su seguro médico –que este año ha aumentado con la inclusión compulsoria de la cubierta de farmacia– es la muestra más reciente de cómo los servicios médicos adecuados en Puerto Rico se han convertido en un privilegio. Ante la imposibilidad de pagar las nuevas primas, retirados que reciben apenas suficiente para vivir optarán por no acogerse a ningún seguro, en el momento de sus vidas en que probablemente estarán más necesitados de atención médica. No es un problema de ahora, provocado por la nueva cubierta. Cuando se examinan las cifras publicadas esta semana (el setenta y ocho por ciento de los pensionados reciben menos de seiscientos dólares mensuales; en algunos planes el pago de la cubierta sin medicinas ronda los ciento cincuenta dólares y con medicinas con tope aumenta a doscientos), se ve que miles de personas que dedicaron hasta tres décadas de su vida al servicio público tienen que batallar sus últimos años en los lindes de la pobreza. Tampoco es que con pagar el plan médico se les garantice un cuidado de excelencia. Luego viene el peregrinar entre médicos y otros proveedores para ver quién acepta qué plan; el pago de los deducibles; el oneroso tramitar de reembolsos y el descubrimiento de servicios y medicamentos que no están cubiertos.

La situación de los pensionados se une a las otras piezas de evidencia que señalan cómo la salud está cada día menos accesible para la mayoría de la población. En la isla en que el noventa y cinco por ciento de la gente piensa que por ser el apéndice del país más poderoso y rico del mundo aquí estamos boyantes y todo va de maravilla, hay padres que tienen que pedir dinero en los semáforos para costear operaciones y tratamientos que puedan salvarle la vida a sus hijos. Con un gobierno que, igual que el anterior, favorece un sistema de salud que pone a los médicos a escoger entre hacer buena medicina o hacer dinero, y a los pacientes a merced de los que escogen lo segundo, tenemos gente esperando meses por un referido a un especialista o a laboratorios, a pacientes de esquizofrenia suplicando por que le renueven una receta, y a personas con VIH/SIDA a las que por directriz de ASES se les niegan los medicamentos más nuevos y efectivos. En un país en que el sesenta por ciento de la población vive bajo los niveles de pobreza, tenemos que pagar los medicamentos a los precios más caros del mundo, porque el gobierno de los Estados Unidos prefiere proteger a las farmacéuticas antes que a la gente, y nos prohíbe, igual que a los estados, la importación de medicinas que en otros países (hacia algunos de los cuales también se han trasladado las industrias de farmacia que no quieren operar en el ELA) cuestan hasta la mitad. Para colmar la copa, ni con hacer una llamada al 911 se puede contar, que a los problemas que ya conocemos se suma el que la privatizada compañía telefónica pueda dejar sin servicio a ese sistema de emergencia.

Ante ese cuadro, el gobierno sigue arrastrando los pies, con un apego a la reforma que dejó Rosselló que raya en el amor obsesivo. Hoy día tenemos tres sistemas paralelos: la reforma, la tarjeta inteligente, y el plan piloto, que han venido a ser en lo práctico variaciones del mismo tema. Con las aseguradoras privadas que cubren a más de un cuarto de millón de empleados públicos y pensionados, tienen una sincronización que da gusto; lo que suban los salarios o la aportación patronal, eso mismo suben las primas. En el medio, las cientos de miles de personas que ni cualifican para la reforma ni pueden pagar un plan privado, y a las que más les vale no coger ni un catarro.

De lo que estamos hablando no es de un lujo ni un capricho. Tener salud, poder ver al médico que corresponda cuando se está enfermo, recibir tratamiento efectivo, es un derecho humano. Se trata de vivir, no vivir, o vivir con sufrimiento y dolor cuando existe un remedio. Hablamos con espanto de los países que altaneramente llamamos “tercer mundistas”. Pero ¿acaso no es una barbaridad que en un país con una clase médica extraordinariamente preparada y con farmacias en cada esquina la gente tenga que padecer porque no pueden pagar por su salud? Son tragedias con nombre y apellido. La semana pasada, en la urbanización Santa Teresita en Ponce, una joven mujer paciente de reforma nos contaba que recientemente le habían diagnosticado cáncer. Vive sola con su niño, y se sostiene con una tiendita en su misma casa. Ahora sus días transcurren a la búsqueda de citas y sabe que se le pudo haber diagnosticado antes, que cada día sin tratamiento es un día a favor de las finanzas de la privatizadora y en contra de su vida junto a su hijo. ¿Por qué tiene que ser así?

Durante muchos años, en el Partido Independentista hemos reclamado que los servicios de salud deben considerarse como una inversión social para beneficio y mejoramiento de la sociedad, y no como una industria para enriquecer a unos cuantos. Nuestra propuesta para un Seguro Nacional de Salud (financiado por aportaciones del gobierno, patronales e individuales), contempla proveer cubierta a todos los residentes de Puerto Rico, y acabar con la brecha entre salud para ricos y salud para pobres. La industria privada continuará administrando facilidades de salud, pero el gobierno será responsable de que todos tengan acceso a los servicios que allí se proveen, y establecerá objetivos regionales de salud a los que obedezca la política pública. No hemos descubierto el Mediterráneo; nuestra propuesta está basada en el modelo que con tanto éxito ha funcionado en Canadá y otras jurisdicciones, donde con menos dinero se ha alcanzado más salud. Tampoco sería novedad que en el PIP diéramos la primera alerta sobre un asunto que, luego de ser largamente ignorado, se convierta en su momento en un reclamo generalizado. Pasó así con temas tan diversos como Vieques y los barriles de tocino. En esos dos casos, lamentablemente se necesitó una crisis para que otros se sumaran a nosotros. En los servicios de salud, esa crisis está por llegar. Del mensaje que envíe el pueblo dependerá la prontitud de la respuesta. Mucha gente está cansada de que la salud, que debería ser derecho de todos, sea un privilegio. Es hora de hacerlo saber.