No ha tenido buena prensa la Asamblea Legislativa últimamente. La utilización imprudente de los de por sí malsanos barriles de tocino, las agresiones verbales y físicas dentro y fuera del Capitolio, los viajes a Nueva York costeados con fondos públicos, el recordatorio diario a través de las vistas y sesiones televisadas de la magra capacidad y preparación de la mayoría de los legisladores: tanto se ha visto y se ha dicho sobre la pobreza del trabajo legislativo, que una pensaría que la última sesión ordinaria de este cuatrienio sería la oportunidad para que ambos cuerpos se lucieran ante la opinión pública.
En lugar de eso, tuvimos un final de sesión que, como siempre, estuvo marcado por la prisa, la ineficiencia y los personalismos—un catálago de irresponsabilidades legislativas. Claro que esto no es noticia. Cuando ha estado en el poder el PNP, los legisladores populares se escandalizan ante la avalancha de medidas empaquetadas en los calendarios a última hora, truenan por el descargue (la consideración de medidas sin vista pública) de proyectos que ameritan más estudio, y prometen que bajo su administración una barbaridad como esa no sucedería jamás. Baja el telón, sube el telón, llega el PPD al gobierno, se repiten esas mismas barbaridades que no iban a suceder jamás, y entonces es el turno del liderato PNP de escandalizarse, tronar y prometer. Es como un rito semestral con el que parecen haberse encariñado legisladores rojos y azules, y a cuya repetición estamos condenados; hay tan poco respeto por lo que debe ser la función legislativa, que ni con el papelón que acaba de hacer la mayoría senatorial al dejar fuera de la votación final los barriles camerales van a aprender la lección.
Al desbarajuste provocado por el ajoro final para votar más y más medidas (que muy bien pudieron haberse considerado antes en la sesión; el problema nunca ha sido falta de tiempo), hay que añadir que en ese pandemónium de última hora lo menos que importa a algunos es el mérito de la legislación que están considerando. Con toda candidez, representantes declaran a la prensa que votarán en contra de las medidas del Senado si allí no consideran favorablemente los proyectos que envió la Cámara, mientras los senadores amenazan con lo propio si en la Cámara no se portan como deben. O sea, que a fin de cuentas-- o mejor dicho, a fin de sesión-- la aprobación de las leyes que regirán al país depende más de los chismes intralegislativos que de lo que sea bueno o malo para Puerto Rico.
Para cerrar con broche de oro este último verano de la Decimocuarta Asamblea Legislativa, hemos tenido además la sesión extraordinaria convocada por la señora gobernadora. Como si se tratara de un resumen del legado de esta administración, en la extraordinaria se han incluido medidas que encarnan los principios fundamentales de la gestión del partido en el poder estos cuatro años: la eterna postergación de proyectos importantes y necesarios, el trato preferencial a los más privilegiados económicamente y la intención de comprar conciencias.
En el primer renglón tenemos el P de la C 4607, que establecería los principios "que enmarcarán y regirán la evaluación y consideración de una futura Reforma Contributiva". Con esa colección de ambigüedades, esta administración despacha los desvelos de la clase media y trabajadora, sobre la cual recae, injustamente, el mayor peso contributivo. Siguiendo la ruta de las medidas sobre status y la unicameralidad, la tan necesaria reforma contributiva sólo mereció una vaga declaración de propósitos, que aunque disfrazada de proyecto de ley, la verdad es que no tiene ninguna obligatoriedad ni consecuencia.
Mientras para la familia trabajadora sólo hay promesas de quizás y solo quizás hacer algo en un futuro indeterminado, para los sectores especialmente privilegiados sí hubo tiempo y oportunidad de aprobar proyectos de alivio contributivo. Con el P de la C 4531, se aprobaría una nueva reducción en la contribución de ganancias de capital—tanto al capital generado por la venta de bienes en Puerto Rico como al obtenido por transacciones con bienes muebles o inmuebles localizados en el exterior, por el periodo comprendido entre julio del 2004 y junio del 2005. Esto quiere decir que, mientras para las aportaciones al fisco a las que se obliga al sector trabajador de clase media no hay reducción alguna, aquellos que dispongan de grandes inversiones (en particular propiedades o acciones en el extranjero) pueden venderlas durante este año fiscal, pagando apenas el cincuenta por ciento de lo que pagaban antes, que es a su vez la mitad de lo que aportaban antes del primer recorte a impuestos por ganancias de capital legislado a principios del cuatrienio. Ya que con Comunidades Especiales no se ha hecho gran cosa por los pobres, nos han traído este proyecto de Caudales Especiales para hacer mucho por los ricos. Ante este descaro –como ante tantas otras cosas-- sólo los legisladores del PIP se atrevieron a levantar la voz.
Finalmente, en la categoría de proyectos para pasar la cuenta en año electoral está el aumento a los policías –efectivo exactamente un mes antes de las elecciones generales. Así, lo que ciertamente es un proyecto meritorio, queda maculado por la intención evidente de usar el alza salarial como un recordatorio antes del 2 de noviembre, en lugar de hacerlo retroactivo al inicio del año fiscal.
De la piñata legislativa todavía quedan cosas por caer. El acostumbrado desfile de nombramientos de fin de cuatrienio tendrá como protagonista la nominación para la presidencia del Tribunal Supremo, un tema que ya ha provocado algunos de los incidentes más penosos en esta Asamblea Legislativa. Igualmente, es posible que, cuando en Fortaleza hagan por fin el cuadre de proyectos pendientes (la gobernadora ha admitido que no tiene idea) se incluyan otros asuntos. A falta de esperanza en un mejor desempeño legislativo de parte de los legisladores rojos y azules, nos quedamos con la expectativa algo morbosa de cuán extraordinarios puedan ser los entuertos que nos toque ver de aquí a fin de año—y con el consuelo de que, desde una minoría de uno, los portavoces del PIP en Cámara y Senado continuarán haciendo el papel de fiscalizadores, árbitros y correctores que más de una vez han evitado males mayores.
