Mucho queda, seguramente, por descubrirse en torno a las irregularidades cometidas en el Fondo de Incentivos Industriales de Puerto Rico (PRIIF, por sus siglas en inglés). Claro que el celo investigativo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes ha mermado considerablemente luego de que salieran a relucir declaraciones que involucran al ahora cónyuge de la gobernadora en ciertos manejos imprudentes—y especialmente, en el nada disimulado intento de intervenir en las determinaciones del Blue Ribbon. De pronto, llegar al mismo fondo de las cosas ha dejado de ser una meta deseable. En su lugar, proteger al Primer Cónyuge ha ascendido al puesto número uno en la lista de prioridades, y ya conocemos la historia: la investigación va en orden cronológico, no se contempla citar al Sr. Cantero en esta etapa, veremos luego, y todo lo demás.

Es un escándalo de marca mayor el que un secretario de Desarrollo Económico pretenda detener con llamadas los trabajos de una comisión que lo investiga—y más grave aún, que estando La Fortaleza apercibida, se hagan de la vista larga, dando la señal para la posterior inacción del Departamento de Justicia, agencia dirigida en aquel entonces por quien ahora ocupa una silla en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Pero la gran culpa de la comisión cameral que investiga a PRIIF va aún más lejos. Al trazar la raya de la pesquisa en el mismo punto en que comienza a involucrarse a miembros de esta administración, ponen en peligro la credibilidad de toda la investigación. Con la legitimidad de ese esfuerzo puesta, irremediablemente, en entredicho, se diluye la revelación de lo que fueron aquellos últimos días de apaga y vámonos en la administración del Partido Nuevo Progresista.

En lo ocurrido en PRIIF, no se trata únicamente de que se pueda probar o no la comisión de un delito. En asuntos que van desde el asalto a la Procuraduría de la Mujer hasta la aceptación de los treinta mil dólares de Machado por parte del Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, hemos visto que la medida en los casos que involucran figuras de los partidos mayoritarios es una distinta a la que se utiliza cuando se trata de un ciudadano común. Más allá de lo que adjudique cualquier foro, lo que cuenta al final del día es lo que la gente, sin mediar postulados jurídicos ni tecnicismos, percibe al enterarse de las faenas en las que han estado envueltos quienes están llamados a dirigir los destinos del país.

Y lo ocurrido en PRIIF a finales del año dos mil, junto a las variantes que se dieron durante este mismo cuatrienio, son un ejemplo, como dicen por ahí, digno de un libro de texto, para explicar por qué tantas cosas andan mal en este país. Hay que empezar por la razón de ser de PRIIF. Cuando bajó el telón para las 936 y toda su promesa irrealizada de progreso y desarrollo, la administración Rosselló (como siempre, buena para diagnosticar y espantosa para remediar) recurrió a planes de incentivos que hicieran las veces del dedo que tapa el agujero en el dique. Para un gobierno tan empecinadamente inmediatista y tan renuente a aceptar el fracaso de una estrategia económica cimentada en la dependencia que ellos quisieran perpetuar, cualquier cosa parecía buena si servía para mantener la ilusión de que la prosperidad sólo era posible bajo el palio protector de las buenas empresas norteamericanas. No podía ser de otra forma, porque en aquel panorama (o igual, en el panorama de hoy), la única conclusión racional, la de que estamos sin futuro mientras carezcamos de poderes para encaminar en nuestro propios términos un plan de desarrollo económico, era improcesable para un estadista. Como el gusto por la subordinación está tan presente en el DNA de la cúpula estadolibrista como en el de las altas esferas del anexionismo, eso no cambió con la administración que advino al poder en el 2001. Ese es el pecado original en la historia de PRIIF: su concepción y continuación como un mecanismo para disfrazar nuestra impotencia económica.

Lo que mal empieza, mal sigue y mal termina. PRIIF se convirtió entonces en una regadera de dinero. Se concedieron millones de dólares a empresas que no demostraron viabilidad económica, que no crearon un solo empleo, que desaparecieron y que nunca tuvieron que responderle por eso a nadie. Los encargados (azules y rojos) de la repartición del botín y sus allegados, aseguran que el problema no ha sido otro que el de malos juicios en la evaluación de negocios.

Podemos estipular que al mejor cazador se le va la liebre, lo que pasa es que a estos expertos monteros les pasó por el lado una manada entera. Estoy segura, como lo está todo el país, de que ninguno de ellos, que no son ni ingenuas hermanitas de la caridad ni imberbes negociantes, tiene esa tendencia al juicio errado en sus negocios privados.

Por supuesto, el escenario es otro cuando el dinero no es de ellos, sino del pueblo de Puerto Rico. Como estas personas son de la escuela de que lo público no es de nadie, se dieron a la tarea de repartir incentivos a diestra y siniestra, partiendo de consideraciones totalmente ajenas al mérito de las propuestas. Es la visión del presupuesto público como una piñata: la destrozas, agarras lo tuyo y te vas a tu casa porque se acabó la fiesta.

Pero los cuatrocientos mil dólares asignados a la investigación de PRIIF no son para cavilar sobre nuestra impotencia económica o sobre la debilidad de conciencia de tantos funcionarios públicos. Eran para la siempre gratificante tarea de engordar la lista de los desmanes del PNP. Ahora resulta que, con las sombras arrojadas por la actitud encubridora cuando se trata de señalar a figuras importantes del PPD, hasta ese fin peligra. Es como el niño que logra abrir la piñata, pero sale de la fiesta con las manos vacías. Una lástima, una verdadera lástima.