No va a hacer más rico a nadie; no representa el otorgamiento de contratos jugosos a los amigos del partido en el gobierno; no es una inversión cuyos beneficios se puedan contabilizar en dólares y centavos, y tampoco producirá resultados amplios que logren manifestarse en el corto plazo de un cuatrienio.

Me imagino que esas son las razones para que tras tantas décadas de lucha, el reconocimiento del derecho de las personas con impedimentos a una vida plena siga siendo un ideal por alcanzar y no una realidad.

Pero como nos recuerda el chileno Fernando Mires: “Probablemente invertir en el bienestar de inválidos, ancianos, necesitados en general, no es inmediatamente rentable. Pero una sociedad que no lo hace, no merece el nombre de tal”.

Recientemente, esa lucha por una mejor vida para las personas con impedimentos –que es una lucha por una mejor sociedad– logró un triunfo importantísimo. El pasado 31 de agosto se convirtió en la Ley Número 238 la Carta de Derechos de la Persona con Impedimentos, de la autoría del portavoz del Partido Independentista en la Cámara, el representante Víctor García San Inocencio.

Esta Carta de Derechos, reconocida como la legislación más importante en las últimas décadas a beneficio de las más de novecientas mil personas (un 26.8% de nuestra población) con algún tipo de impedimento en Puerto Rico, establece un nuevo paradigma para la prestación de servicios a aquellos que enfrentan la vida con una condición que limite sustancialmente su desempeño en alguna actividad esencial.

En términos jurídicos, la Carta de Derechos concebida por el representante García San Inocencio constituye el instrumento para que en nuestro país se pueda ir más allá del pobre estándar (“interpretación estricta”) impuesto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a la aplicación de legislación federal para personas con impedimentos. Como en Puerto Rico la mayor parte de los estatutos en favor de las personas con impedimentos han sido aprobados bajo el palio del “American with Disabilities Act”, esa interpretación restrictiva habría prevalecido, de no haberse dado una iniciativa legislativa local en contrario.

La nueva Carta de Derechos de la Persona con Impedimentos (el texto está disponible a través de independencia.net) impone al gobierno el deber de hacer valer los derechos constitucionales y estatutarios vigentes, con penalidades civiles y criminales. De forma específica, garantiza, entre otros, el derecho a ser escuchado en todos los asuntos que le afectan, a tener acceso a programas recreativos, deportivos y culturales, a no ser objeto de reclusión involuntaria a menos que exista una orden médica o legal, a recibir su correspondencia sin que esta sea abierta por otros, a inspeccionar, libre de costos, todo expediente de servicios médicos u otro tipo, a no ser objeto de medicación excesiva, a tener acceso a tecnología que permita mejorar o aumentar sus capacidades, y a que se respete su autonomía.

Con este nuevo instrumento estatutario, esperamos que se le dé cohesión al ordenamiento relacionado a las personas con impedimentos, y que ante los responsables de implementar política pública, así como ante la opinión general, se entienda como un asunto integral la protección de los derechos de todas las personas que tienen que superar retos particulares para hacer su vida de la forma más independiente y completa posible. Es muy distinta la realidad de una persona que en su adultez desarrolla una limitación en su movimiento, a la de un niño que llegó al mundo con perlesía cerebral. Sin embargo, se necesita la misma sensibilidad, solidaridad y compromiso para que la vida de ambos, cada cual con su particular potencial, se acerque tanto como sea posible a lo que sería sin esa condición.

Se necesita para ello mucho más que buenas intenciones y palabras tiernas. La combinación de apatía e ineficiencia que ha rodeado mucha de la gestión gubernamental se traduce en inmensos obstáculos con los que las personas con impedimentos y sus familias tienen que batallar día tras día. No hay justificación para que una madre de Jayuya tenga que viajar todos los días, mañana y tarde, hasta Ponce, porque es el lugar más cercano con una escuela que pueda recibir a su niño con impedimentos severos. No tiene sentido que el esfuerzo de años de padres y maestros de educación especial se desvanezca cuando un muchacho alcanza la mayoría de edad, y por estar fuera ya de la jurisdicción del Departamento de Educación, no haya una institución que pueda atenderlo, obligándolo a una vida de práctica reclusión en su casa, dejando sola a la familia con esa responsabilidad. Y es insostenible que el deseo de personas en silla de ruedas de llevar una vida de mayor movilidad e independencia tenga que enfrentarse a la insistencia del Departamento de Transportación en hacer cada vez más difícil el trámite para que puedan obtener su licencia de conducir. Son las tragedias cotidianas con las que tiene que lidiar una cuarta parte de nuestra población, y que de la misma forma que tienen causas muy concretas y específicas, necesitan remedios dirigidos claramente a esas causas.

Con la Carta de Derechos como ancla, abrimos camino para trabajar otras medidas que le den concreción al ideal de igualdad, como beneficios contributivos para las familias de las personas con impedimentos, mayor accesibilidad a equipo asistivo, programas de cuido para adultos con impedimentos severos y el cumplimiento con el derecho a una educación de excelencia para niños especiales.

Hacer realidad los postulados de la Carta de Derechos de la Persona con Impedimentos no es un acto de compasión ni un favor. Es la obligación que tenemos hacia esas personas y sus familias, y hacia nosotros mismos. En la medida en la que entendamos esa aspiración de solidaridad, nos hacemos mejores como sociedad. Y tener un país mejor es el derecho por el que debemos luchar todos.