Todo depende. La cobertura que le den los medios a un asunto, la presión que genere sobre los responsables del hecho, el nivel de indignación que pueda producir: todo está ligado al puntaje que el suceso merezca en esa escala de "interés humano" que hace la diferencia entre un escándalo mayor y la virtual invisibilidad. Un tema que se estime conmovedor recibirá todo el despliegue del mundo. Uno que resulte antipático será relegado a la oscuridad.

Me imagino que esa es la explicación para que, en las mismas fechas en que las fatalidades consecuencia de las cirugías bariátricas del Hospital Municipal de San Juan han merecido primeras planas e investigaciones legislativas, las muertes de al menos siete adictos bajo la custodia del Departamento de Corrección hayan pasado casi inadvertidas. La simpatía selectiva que el país aplica a lo que pasa aquí y allá alcanza sin problemas a la tragedia de los pacientes de las bariátricas, pero se queda corta cuando se trata de un puñado de muchachos abatidos por la dependencia a la heroína.

No puede prolongarse ese silencio (que sería total si no fuera por el interés de una reportera del área norte) sobre lo que está ocurriendo en la cárcel de Guerrero en Aguadilla. Durante los últimos dos meses, según la información divulgada hasta el momento, siete detenidos en esa institución, todos ellos adictos a la heroína, todos sometidos a un proceso de desintoxicación y todos tratados en el Hospital del Buen Samaritano, han muerto. Hay alegaciones extraoficiales de que pueden ser más las víctimas. No es imposible que un adicto muera en el proceso de retirada, cuando su organismo resiente la ausencia de la sustancia a la que se ha hecho dependiente. Pero ciertamente no es lo esperable: en Puerto Rico se realizan miles de desintoxicaciones al año sin complicaciones mayores, lo mismo en las sofisticadas instalaciones de hospitales siquiátricos privados que en los modestos programas de organizaciones de base comunitaria.

Ante la alarmante situación en Guerrero, el gobierno apenas ha logrado balbucear par de explicaciones vacías. Primero, el Secretario de Corrección declaró que se trataba de "condiciones de salud previas" de los reclusos, y por lo tanto la responsabilidad de las muertes no era adjudicable a su agencia. Cuando ante el creciente número de muertes se hizo insostenible esa justificación, intervino el Secretario de Salud para sentenciar que el problema era la distribución de droga contaminada con ketamina (un analgésico veterinario a veces usado en el procesamiento de heroína) en el área de Arecibo, de donde procedían las víctimas. Sin embargo, a estas fechas no se ha hecho público el análisis al que en esas circunstancias se tendría que haber sometido a la droga y parafernalia incautada, ya que los fallecidos fueron detenidos precisamente por posesión de sustancias controladas. Además, el uso de ketamina no es ninguna novedad, y los programas de desintoxicación están diseñados para atender la presencia de diferentes sustancias en el organismo del paciente.

Para abonar a lo sospechoso de estas muertes, se ha informado que ocurrieron todas en la misma institución hospitalaria, y que los detenidos enviados a Centro Médico, con la excepción de uno con cierta condición particular, lograron sobrevivir a la desintoxicación. Como elemento adicional está el ocultar lo ocurrido a las familias: en el caso de uno de los fallecidos, no se le notificó la muerte a su madre hasta transcurridas casi dos semanas.

Entre tantas interrogantes, Salud Correccional, que es el ente gubernamental directamente responsable de los programas de desintoxicación en las cárceles, permanece en silencio.

De nuevo, no será el tema más taquillero en la cultura del morbo, pero estamos ante una situación en la que urge atención mayor e inmediata. Hoy por hoy, el envío de un adicto a la cárcel de Guerrero puede significar la imposición de la pena de muerte, y la dejadez de Corrección, Salud, y Salud Correccional cruza la línea de responsabilidad administrativa para entrar en el campo de derechos humanos.

Desde la oficina del senador Fernando Martín hemos enviado un requerimiento de información al Departamento de Salud y también al Instituto de Ciencias Forenses, para que provean datos tanto de la de Guerrero como de los fallecimientos de detenidos por posesión de sustancias en otras instituciones penales.

El portavoz senatorial del PIP ha presentado también una solicitud de investigación para que se atienda el asunto a la brevedad posible.

Las muertes en Guerrero nos recuerdan nuevamente la urgencia de trabajar un nuevo enfoque para el tema de las adicciones.

Mientras se habla de rehabilitación y visión salubrista, la realidad es que ni siquiera existe un protocolo que garantice que tras una intervención policíaca los adictos arrestados van a recibir tratamiento adecuado de forma inmediata: pueden pasar tres días antes de que eso ocurra, obligando a los detenidos a "romper en frío", a sabiendas del riesgo que ello implica. La droga es más accesible en la cárcel que en la calle, y ante su impotencia para detener la entrada de sustancias, Corrección igual se desentiende de la amenaza a la salud pública que representa el uso compartido en las cárceles de jeringuillas contaminadas con VIH y hepatitis.

Todo depende de cómo se vean las cosas –o de cómo cada cual quiera ver las cosas. Está muriendo gente a plena vista, jóvenes que en lugar de ser rescatados de las drogas son enviados a la muerte mientras están bajo custodia del Estado. Abran los ojos Salud y Corrección. La responsabilidad es de ustedes.