“Un golpe a la democracia puertorriqueña”, ha llamado la señora gobernadora a las determinaciones del tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico en el caso en que se cuestiona la validez de las papeletas de la gobernación con tres marcas. Su probable sucesor, el Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, le añade sentimiento a la denuncia, calificando de “tragedia” la orden emitida por el juez federal Daniel Domínguez. Y hay que estar de acuerdo con ambos, pero sin confundirnos. Después de todo, se trata de la misma gobernadora que cálidamente elogió al juez Héctor Laffite, de ese mismo tribunal federal, cuando de forma ilegal devolvió a la cárcel a Fernando Martín y a Vance Thomas al negarse éstos a pagar la multa impuesta por entrar junto a más de cien militantes del PIP a hacer desobediencia civil en Vieques. En cuanto al Lcdo. Acevedo, que en lo de Vieques no dijo palabra, como buen quintacolumnista encontró el quinto pilar del ELA, pues a la comunidad de defensa, ciudadanía, mercado y moneda, le puede ir añadiendo este claro ejemplo de justicia común.

No puede entender el liderato del Partido Popular que la calentura no está en la sábana. Porque—aquí no se engaña nadie— si en lugar del juez Domínguez el caso hubiera caído en manos del juez popular del tribunal federal, y éste hubiera asumido una posición favorable al PPD, nadie en el liderato rojo estaría rasgándose las vestiduras por ese atropello al bello principio de la democracia.

Esa es la razón por la cual el Partido Independentista no podía participar de la marcha convocada por miembros y personas afines al PPD. Para los que creemos que en Puerto Rico debe hacerse la voluntad de los puertorriqueños, el asalto a la democracia no empieza y termina con la determinación de un juez federal en un caso; el verdadero golpe, la gran tragedia para la democracia, es la existencia misma de ese tribunal extranjero interviniendo a cada momento en asuntos fundamentales para los puertorriqueños.

Las actuaciones del juez Domínguez pueden irritar, ofender o indignar a los partidarios del estadolibrismo, pero tienen que aceptar lo que es una verdad grande como un templo: la injerencia de la justicia federal en asuntos como el de las papeletas impugnadas es hija del status de subordinación política que es el ELA, esa subordinación que tan encarnizadamente defiende el candidato cuyos votos están siendo cuestionados. Si triste es ver ahora este festival de contradicciones que es el del Partido Popular marchando en contra de su tribunal federal, más penoso es el consuelo que encuentran en la posibilidad de que los jueces del circuito de Apelaciones de Boston revoquen a Domínguez. A fin de cuentas, el problema del PPD parece ser que decida las elecciones un puertorriqueño que se cree americano, no que las decidan tres americanos de verdad.

Cónsono con nuestra posición, nuestro Comisionado Electoral, el Lcdo. Juan Dalmau, anunció desde el pasado viernes que los funcionarios de mesa del Partido Independentista que se encuentran trabajando en el escrutinio y recuento en la Comisión Estatal de Elecciones, no acatarán la orden del Tribunal Federal. Los funcionarios del PIP contarán y adjudicarán las papeletas municipales y legislativas, pero no intervendrán con las papeletas de las candidaturas a gobernación y comisionado residente.

Para nosotros, es en las mesas de la Comisión que tiene que darse el enfrentamiento real, no simbólico con el abuso que representa la intervención del tribunal federal—que está a la espera de que el conteo revele si las papeletas impugnadas serán decisivas en el resultado electoral para emitir su decisión. Por eso es que acceder a contar esas papeletas, como harán el PPD y por supuesto, el PNP, es seguir el juego del juez Domínguez. La adjudicación de votos con la que alegadamente procederán los funcionarios populares será a lo sumo un acto administrativo de la oficina de su comisionado, un informe de trabajo sin consecuencial.

El asalto del que ha sido víctima el sistema electoral puertorriqueño por parte del tribunal federal es, como Vieques, la dramatización de lo que significa vivir en la colonia. Y—repito—el problema va más allá de lo que suceda en este caso. Hoy son las elecciones, mañana resurgirá el tema de la pena de muerte, prohibida por nuestra Constitución, pero disponible para convictos por el tribunal norteamericano y luego quién sabe qué? Hasta dónde tiene que llegar la humillación para que el rubor alcance las mejillas de los promotores de la colonia? Cuando ocurren cosas como ésta —un país entero que a casi un mes de las elecciones no sabe quién lo gobernará porque eso lo decidirá un tribunal de otra nación— hay que preguntarse si a los que defienden el dominio de los Estados Unidos sobre nosotros, les cabe, en algún lugar de su conciencia, un poquito de vergüenza al saberse responsables de esta situación bochornosa.

Como era predecible, el juez Aurelio Gracia, presidente de la CEE, anunció el sábado que acatará la orden federal porque entiende que él no debe “estar actuando a base de apasionamientos ideológicos o de gustos o preferencias personales”. Menos mal que Rosa Parks y los luchadores por los derechos civiles en EE.UU. sí actuaron a base de esos “apasionamientos ideológicos” y no de la “realidad jurídica” que ordenaba la segregación racial, porque de lo contrario seguirían los negros en la parte de atrás del autobús, igual que los puertorriqueños estamos humillados por ese “sistema común de tribunales” al que se rinde el juez Gracia, en que lo “común” consiste en darle un tapaboca a los puertorriqueños y sentarse a esperar lo que decidan los americanos.

Tienen razón la Gobernadora y el Comisionado Residente. La democracia puertorriqueña está sufriendo un duro golpe, y el palo con que nos están golpeando lo puso en manos del agresor el Estado Libre Asociado. Con la justicia común del ELA, los americanos deciden quién nos va a gobernar.

Si esto no es una colonia, que venga Dios y lo vea.