Ultimos días de diciembre: el momento de las resoluciones para hacer las cosas un poco mejor el año próximo. Para los que asumiremos la responsabilidad depositada en nosotros por el electorado puertorriqueño, es también la oportunidad de ir concretando la agenda para el nuevo cuatrienio, en un escenario político que pondrá a prueba la tolerancia y la prudencia de todos los envueltos en la tarea gubernamental. Más aún, después de una campaña larga e intensa, de los tropiezos del escrutinio y el recuento, y de una animosidad venenosa entre líderes rojos y azules, Puerto Rico entero espera la llegada de enero del 2005 con ansias de ver que entre adversarios políticos son posibles los entendimientos mínimos que se necesitan para echar a andar el país.
Creo que a nadie se le escapa que en ese ánimo despediremos el 2004; por eso las posiciones asumidas por algunas figuras del Partido Nuevo Progresista parecen, más que nunca, fruto de una desconexión absoluta con la realidad del país. Alguien tiene que decirle al Dr. Rosselló y par de sus allegados que la campaña terminó, que las elecciones están adjudicadas y que la encomienda ahora es gobernar.
La frustración del candidato penepé a la gobernación ha hecho blanco, de forma especial, en los legisladores electos del Partido Independentista Puertorriqueño. En esta nueva rabieta postelectoral, el señor exgobernador insiste en que no se reconozcan las portavocías en Cámara y Senado a las que tenemos derecho el representante Víctor García San Inocencio y quien escribe. Para justificar el atropello, argumentan a veces él y sus asistentes que no le corresponde al PIP contar con portavoces por no haber retenido la franquicia electoral. Convenientemente olvidan esos líderes del PNP que Víctor y yo fuimos electos bajo la insignia del Partido Independentista, recibiendo más votos que cualquier otro legislador en cada cámara; que esa es una situación en nada parecida a la de los candidatos que se postulan de forma independiente; que un partido, aunque optara por no reinscribirse, conserva prerrogativas y facultades por un periodo posterior; y por si fuera poco, que la constitución y la jurisprudencia reconocen los derechos de las minorías legislativas como parte esencial de un sistema democrático. Tampoco considera el Dr. Rosselló que su propuesta significa más que violentar derechos de un partido y sus legisladores. Lo que pretende él es burlar la voluntad de las decenas de miles de electores de todas las ideologías que votaron por los portavoces del PIP, y por lo que representa esa posición en la Asamblea Legislativa.
El argumento de la inscripción no es el único que ha usado el Sr. Rosselló, y en todo caso, aunque jurídicamente no es necesaria, la reinscripción del PIP hace más absurda la negación de las portavocías. Ha admitido públicamente el presidente del PNP que su insistencia en atacar a los legisladores electos del PIP es una forma de penalizar a nuestra institución por la derrota sufrida por él en las elecciones. Ahí es que dos más dos dejaron de sumar cuatro. Porque, si el Dr. Rosselló no se ha dado cuenta, alguien debe recordarle que el problema del PNP no fue el PIP. De los catorce candidatos estadistas a nivel isla (doce a la Asamblea Legislativa por acumulación, uno a la comisaría residente y el de la gobernación), sólo uno no resultó electo. Y no perdió de cualquier forma: perdió frente a un candidato PPD con cero carisma, que llegó a la candidatura porque las primeras dos opciones de su partido no pudieron ser, y que nos deslumbró en la campaña con propuestas “revolucionarias” tales como darle veinticinco pesos a los nenes para que no dejen la escuela. ¿De quién es la responsabilidad? Y ahora resulta que ese candidato que perdió es el que decide lo que tienen que hacer los que ganaron, y ellos, lastimando sus propias posiciones de liderato, se dejan imponer.
Lo que no pueden decir el exgobernador Rosselló y los que le hacen eco, es porque los pone a salivar la idea de despojar al PIP de sus prerrogativas en la Asamblea Legislativa. Sin las portavocías, Víctor y yo sólo tendríamos acceso a las comisiones que dispusieran los presidentes de los puestos, disminuirían los recursos de las oficinas y perderíamos privilegios parlamentarios. Nada le gustaría más al liderato del PNP que silenciar la voz legislativa que a través de García San Inocencio denunció antes que nadie los escándalos de Víctor Fajardo y del Superacueducto. Más que felices estarían amordazando a quienes no les dejaron pasar una cuando la ola privatizadora en la que luego se montó el PPD llegó desde la primera administración Rosselló, entregando el patrimonio del pueblo a cambio de malos servicios y en medio de transacciones nebulosas.
A largo plazo, hay mucho más en el empeño del PNP de minar la participación del PIP en la discusión pública. Estas elecciones demostraron que el ELA es un verdadero semillero de estadistas, sólo hay que ver los resultados para darse cuenta. El liderato estadolibrista asume cada vez con menos decoro posiciones antipuertorriqueñas y proamericanas: Acevedo Vilá hasta se emociona cuando habla de la unión indisoluble con los Estados Unidos. No hay memoria en tiempos recientes de una sola ocasión en que el PPD se haya atrevido siquiera a cuestionar las iniciativas, o la falta de ellas, del gobierno norteamericano respecto a Puerto Rico. En las figuras más jóvenes del PPD no se percibe mayor interés, no digamos pujanza, en cuanto al tema del status. Rosselló sabe perfectamente que la única oposición ideológica a la estadidad es el independentismo organizado. No es lo mismo ir al Congreso con un Partido Independentista fuerte y con gran gravitación en la discusión política que decirle al Congreso que aquí el independentismo no pinta nada. La negativa a reconocer las portavocías del PIP es la muestra de que el estadismo quiere certificarse como alumno aventajado del PPD en la represión política: esta es la nueva Mordaza, igualmente antijurídica e igualmente dirigida a socavar la lucha por un Puerto Rico soberano.
Mal ha comenzado el liderato del PNP su camino hacia el próximo cuatrienio. Algo sí les podemos asegurar: el PIP tiene sus portavoces en Cámara y Senado, y ellos escogerán como reconocen ese hecho. O rectifican ya o reciben otra paliza judicial. Están a tiempo para revisar sus resoluciones para el nuevo año.
