Pasa con todo en la vida, y en la política no tiene por qué ser distinto. Un descubrimiento súbito, una experiencia traumática, y el mundo ya no se ve igual. Lo impensable se convierte en una posibilidad y lo que ayer era anatema hoy se considera seriamente. Tal parece que en eso están varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD), que después del susto que les hizo pasar el tribunal federal en las elecciones, han llegado a proponer que ese foro infame, abusador y entrometido cierre operaciones en suelo boricua. Es la clásica historia de desamor: la pasión de antaño es el desprecio de hoy. Los jueces federales que una vez representaron lo más augusto en la unión indisoluble con los Estados Unidos ahora han bajado a la categoría de demonio en bicicleta. Y todo por un solo caso: el que amenazó con despojar a la pava de su única victoria a nivel isla.

Claro que ese despertar de figuras dentro del liderato popular hay que recibirlo con el regocijo que merece el converso que se acerca a la congregación –pero sin olvidar lo que ha sido la historia. Porque cuando ese mismo tribunal federal contemplaba imponer la pena de muerte –prohibida expresamente bajo la Constitución del ELA– los señalamientos del PPD no pasaban de ser tibias advertencias sobre la discrepancia entre jurisdicciones. Tampoco brillaron por su firmeza cuando los jueces que representan aquí el poder norteamericano decidieron (en plena efervescencia del asunto de Vieques) que las agencias administrativas puertorriqueñas no podían intervenir con la Marina, que se estaba robando el agua del Río Blanco de Naguabo, dejando a secas a miles de familias en el este. Para decir más, hubo en ese partido quien llegó a felicitar al juez Laffitte cuando de forma ilegal devolvió a Fernando Martín y a Vance Thomas a la cárcel, al negarse a pagar la multa que se les impuso tras su arresto por dirigir a un grupo de más de cien pipiolos en la entrada a la zona de tiro en Vieques.

Hechas esas aclaraciones, queda esperar que la coyuntura del caso electoral sirva para abrir los ojos al sector dentro del PPD que tiene algún interés genuino en el tema del status. Y es que no se puede buscar una solución real a nuestra condición de subordinación política mientras se insista en esa visión esquizofrénica de lo mejor de dos mundos –porque sólo hay un mundo, y la forma que tome ese mundo depende de la voluntad de los líderes políticos puertorriqueños, no de un abracadabra milagroso proveniente de alguna otra parte.

Hoy la presencia del tribunal federal le parece ofensiva a los que resienten que ese foro les quiso arrebatar su parcela de poder. Hay que ir más allá. El tribunal federal es inherente al Estado Libre Asociado, y el que se plantee su erradicación tiene que plantearse una revisión real de toda la injerencia norteamericana en los asuntos de los puertorriqueños. Ahora nos tocó que fuera el tribunal federal el que resolviera las elecciones. ¿Y qué hay del aspecto económico? En un mundo globalizado en que las naciones pequeñas tienen las mayores posibilidades de crecimiento, Puerto Rico, un país empobrecido tras cien años de presencia norteamericana, no puede decir palabra en acuerdos ni tratados porque nuestra relación con Estados Unidos no lo permite. Por mucho tiempo ha existido un firme consenso en cuanto a la necesidad de eximir a Puerto Rico de la ley federal de cabotaje, como una medida para abaratar el costo de bienes y para hacer competitivo el Puerto de las Américas. Ningún gobierno se ha animado a hacer la petición. ¿Cuántas familias están de luto por la guerra en Irak, y cuántas más viven en angustia por los miles de soldados boricuas que arriesgan su vida? Pero no podemos decir nada si los nuestros son enviados a morir en guerras de los Estados Unidos. La lista es larga: el problema del status incide en mil asuntos fundamentales de nuestra vida como pueblo, no únicamente en el tema que de momento está de moda.

Se ha convertido en costumbre que cada cierto tiempo un grupo de voces dentro del Partido Popular haga algún reclamo sobre el tema del status. Tras la muerte de Rafael “Churumba” Cordero, no es secreto que hay más de un aspirante a ocupar su posición como figura principal dentro de ese sector menos conservador del estadolibrismo, y que la intervención de los federales en las elecciones les ha venido de perlas para dar un paso hacia ese espacio. Que esas palabras se conviertan en algo más que un ritual vano o en una representación vacía hacia las gradas más liberales del PPD, está por probarse.

Sin poner en duda la legitimidad de la preocupación que exhiben algunos de esos líderes, siempre me ha parecido que esos reclamos dispersos en cuanto al status han hecho las veces de una cuota: dejan que dos o tres hablen para que no digan que a ese partido no le interesa el status. Algo así como lo que ocurrió en Vieques, cuando a modo de dispensa, se le permitió al alcalde de Carolina hacer desobediencia civil, por aquello de no quedarse atrás, mientras que la posición institucional fue siempre en contra de la desobediencia civil.

Con el partido de la estadidad en la Comisaría Residente y en mayoría en la Asamblea Legislativa, van desde ya a torpedear a esa parte del PPD que interesa traer el status a discusión con alegaciones de que buscan “la independencia por la cocina”. Con lo mucho que me gustaría que así fuera, sé muy bien hasta dónde pueden llegar aún los populares más comprometidos con el status, y no es muy lejos. Pero por ahí van, aunque sea a pasos cortos y a escasa distancia. Veremos si sobreviven las andanadas de los embajadores del Tío Sam (que es el chantaje al que siempre ha terminado cediendo el PPD), y el otro enemigo mayor de la descolonización, que es la indiferencia y el inmovilismo dentro de sus propias filas.